Seguridad Y Ciudaddania Kessler

Introducción Seguridad y Ciudadanía - Gabriel Kessler

De acuerdo a lo planteado en el texto existe la necesidad de llevar a cabo un cambio en el paradigma para analizar la criminalidad, las instituciones policiales y políticas de seguridad que resulten innovadoras y congruentes la realidad económica, política y social.

Tomando en cuenta que tal vez uno de los temas más importantes de nuestra actualidad es la seguridad tanto para la sociedad argentina como la mexicana valdría la pena hacer mención que realmente el problema a atender es la inseguridad.

Es evidente que dada la estrecha relación que tiene la opinión pública y la política y a lo que se interpreta como sus demandas, derivan en políticas más punitivas y discriminatorias.

Durante la primera parte de este texto se plantea el cambio de paradigma para analizar la criminalidad. Alberto Binder parte de una concepción de la sociedad y del delito que conlleva un cuestionamiento a las formas actuales de hacer política.

En este sentido la política de seguridad no debe proponerse restablecer un orden ideal perdido, tan ilusorio como imposible, sino regular de la mejor manera posible al delito, considerado las manifestaciones de la conflictividad inherente a toda sociedad democrática, es decir el conflicto es parte de la sociedad misma.

Y es así que se conforma el argumento para cuestionar la eficacia de las formas policiales actuales e insistir sobre la necesidad de políticas de desarticulación de mercados que actúen directamente sobre los organizadores de cada campo de acción de la cadena delincuencial, en lugar de centrarse en los eslabones más finos.

La institución policial.

¿Para qué sirve realmente la policía en relación a los distintos delitos?

¿Qué acciones y en relación a qué delitos la policía es eficaz y en cuáles no?

De acuerdo a lo planteado en este libro la presencia de más policía aparece en muchos discursos actuales como la solución para reducir el delito, pero sin precisar qué tipo de institución policial, qué acciones y respecto de cuáles delitos, por tal motivo este tipo de políticas carecen de posibilidades de ser exitosas.

Por lo que respecta a la rehabilitación o reintegración social de personas privadas de libertad hace varias décadas que existe un consenso acerca de que la cárcel ha fracasado en su función rehabilitadora.

La prevención del delito es una tendencia y como si se tratara de una moda los gobiernos deciden apostar por ella homologando el trato como si de una cuestión epidemiológica se tratara, sin embargo en el delito la prevención tiene un significado distinto que en el campo de la salud.

La articulación de políticas sociales con las de prevención del delito, se dirigen a lo que se denomina “población en riesgo”.

La prevención eficaz tiene carácter local, y la mayoría de los municipios carece de recursos y competencias para llevar a cabo estas tareas.

El control de la criminalidad en una sociedad democrática.

Ideas para una discusión conceptual - Alberto M. Binder

La experiencia fallida que hemos tenido en México por parte de políticas de seguridad o políticas criminales que se han constituido como meras promesas de acabar con los criminales, ya sea a cualquier precio o mediante la aplicación irrestricta de ley, como ejemplo tenemos la Guerra contra el narcotráfico.

La conjunción de un problema grave, que es percibido socialmente como grave, la falta de ideas y de profundidad, sumado a la ausencia de políticas verdaderamente eficaces han generado un círculo vicioso que poco a poco va generando la idea de que la inseguridad es un fenómeno natural que no podemos revertir y que debemos resignarnos a vivir bajo esas condiciones como el costo insoslayable de la vida moderna.

Lo que denominamos el “fenómeno criminal” o criminalidad no es una realidad natural sino que es el entrecruzamiento de fenómenos culturales (conflictividad) y políticas estatales (procesos de criminalización).

Toda conflictividad es un “desorden” y como tal un desequilibrio de la armonía social que debe ser restablecida.

Según este paradigma, el fenómeno criminal es un caso especialmente grave de desorden social o de desviación del equilibrio social.

La ilusión del orden ha fundado una visión esquemática, lineal y simplista del conjunto de fenómenos atrapados por las políticas de seguridad.

Una visión democrática del control de la criminalidad no se debe fundar en la idea de orden, por tal motivo la idea de orden debe ser remplazada por la idea de gestión de conflictividad.

Las políticas de gestión de los conflictos construyen el sistema institucional de gestión de la conflictividad.

Fácilmente podemos señalar que las formas organizativas de las pandillas juveniles (maras), su participación en actividades violentas o “criminales” y los efectos sobre comunidades, barrios, etc. constituyen un fenómeno criminal que debe ser “combatido” con crudeza. Buena parte de las políticas actuales de “limpieza social”, tal como son denominadas en otros países, par ten de esa mirada.

Desde la perspectiva de la gestión de la conflictividad no se reduce el problema al entorno como una forma de evadir la gravedad y consecuencias de ese fenómeno lo que se interpretaría es que sin entender la clase, intensidad y características de la conflictividad que está en la base de ese fenómeno, sus funciones negativas y positivas y sus vínculos con otros tipos de conflictividad cercanas, poco es lo que se puede hacer en términos de una política eficiente.

En sentido técnico, asignar el valor de criminalidad a un determinado tipo de conflictos implica la decisión de dirigir hacia él determinadas formas de gestión, en particular las violentas, propias, precisamente de la política criminal que es la que define lo que es o deja de ser delito.

Pero en un sentido primario al conjunto de conflictos se le responde con diversas formas de gestión instaladas en distintos niveles y que se caracterizan por su mayor capacidad reactiva, disuasiva o preventiva.

Estado usa su poder violento, como reacción o como amenaza, está utilizando de todas las herramientas que posee aquélla que se acerca más peligrosamente a lo que quiere evitar, es decir, la violencia y la que históricamente ha demostrado ser una causante permanente de abuso de poder del propio Estado.

De aquí surgen un conjunto de principios adyacentes:

1. Debe existir una primacía de los instrumentos no violentos o con historia menos abusiva (principio de última ratio);

2. No se deben utilizar instrumentos violentos si el conflicto no tiene ya algún componente violento que deba ser neutralizado o acotado (principio de mínima intervención);

3. No existe ningún conflicto que por sí solo tenga una naturaleza que implique la intervención violenta del Estado, ya que la “gravedad” no sólo se mide por los atributos de ese conflicto sino por la eficacia de los métodos de respuesta (principio de respuesta integral);

4. La selección de un conflicto como uno de aquellos que “reclaman” una intervención violenta no debe ser rígida, ya que siempre se debe dejar la puerta abierta, en el caso concreto, para que otra forma de intervención de los conflictos produzca el mismo efecto social con menor costo en términos de violencia (principio de economía de la violencia estatal).

En tal virtud la percepción de la sociedad mexicana es ver el fenómeno de la criminalidad como una condición de ineficacia de las políticas criminal o de seguridad.

Casos, personas, estructuras

Por una parte la larga tradición moralista del derecho penal nos hace pensar que el problema es el de una conducta que merece un reproche y por lo tanto debe ser castigada.

Por otra parte, aparece la visión sobre las personas.

La disciplina que más consistentemente se ha pensado a sí misma como productora de tecnología de control de la criminalidad. Gran parte de la información que hoy producimos se centra en contar casos y definir personas. Sea desde la vieja estadística policial o judicial a las nuevas fuentes de información o encuestas sobre victimización, la mirada predominante ha sido ésa. Sólo muy recientemente el análisis espacial del delito ha roto ese predominio (los llamados mapas del delito) pero todavía su uso es insuficiente y precario.

Sin duda, el análisis por casos y personas tiene diversas utilidades, pero es insuficiente para orientar el diseño de políticas públicas generales y, además, nos da una visión equivocada del fenómeno criminal. En efecto, por la misma índole de la política criminal y de seguridad, es decir, por la magnitud de los instrumentos que utiliza (cárcel, amenaza de pena, hombres armados, etc.) ella se preocupa de casos y personas sólo cuando están vinculados a una regularidad social.

En la actualidad una buena parte de la criminalidad urbana común, gira alrededor de regularidades sociales que responden a la estructura de mercado.

Milenarismo y peste. Retórica y negocio del miedo

La utilización de la idea de peste, según este mecanismo, la violencia y la inseguridad son un mal indeterminado, en su extensión, en sus formas y en sus causas, pero tangible y mortal. La peste genera mecanismos de defensa que la historia ha estudiado con detalle, permite dividir a la sociedad en cuatro categorías: los enfermos, las potenciales víctimas, los transmisores y los incontaminables.

Las razones del miedo en la sociedad son muchas y comprensibles:

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