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Un estudio de la Universidad Nacional, contratado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)


Enviado por   •  22 de Agosto de 2011  •  Trabajos  •  2.996 Palabras (12 Páginas)  •  514 Visitas

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Por primera vez en 2004. En una segunda oportunidad, la Corte se abstuvo de analizar los resultados de su aplicación en 2008. Una Comisión Legislativa de Seguimiento y Verificación, creada por la propia Ley 789, también se ha abstenido de hacerlo.

Más aún, el Gobierno hizo hundir en el Congreso el año pasado un proyecto de ley que cínicamente calificó de “contrarreforma”. La contrarreforma fue la Ley 789, que luego de la Ley 50 de 1990 terminó de arrasar con una concertación histórica entre sindicatos, empresarios y Gobierno (la “Comisión de Alto Nivel”), pacto social que fue la respuesta a una aguda crisis política en 1965. Uno de sus frutos fue el decreto 2351, que abolió la “cláusula de reserva” y prohibió el despido sin justa causa para trabajadores con antigüedad superior a diez años.

El Gobierno además se ha opuesto al desarrollo del artículo 53 de la Constitución sobre derecho al trabajo y libertades sindicales. Hay quienes pretenden eliminar el salario mínimo y seguir recortando derechos sociales, como los aportes parafiscales. Lo aterrador entonces es que se persista en esa actitud regresiva, en vez de ajustarse, si no a los pactos sociales, por lo menos a los tratados interestatales. Es mejor que ese ajuste se haga internamente y pronto, como lo dispuso la propia Ley 789 (art. 46, parágrafo), antes de que un tribunal internacional ordene hacerlo, para que no nos sigamos aterrando.

Un estudio de la Universidad Nacional, contratado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dice que mientras los empleados perdieron ingresos, los empresarios los aumentaron en los últimos cinco años y la generación de empleos “es nula”. Procurador Edgardo Maya agita el debate al proponer el regreso del pago de horas extras.

Fecha: 10/18/2007 -

Con la Ley 789, que se aprobó en diciembre de 2002, se buscaba reducirles los gastos a las empresas para que pudieran generar más empleos.

Hoy, casi cinco años después de que entró en vigencia, el procurador, Edgardo Maya, dice que hay que revisarla porque sí se redujo el costo de los empleados, pero no se aumentó el trabajo formal.

La estrategia estaba clara. El artículo 25 de esa norma amplió la jornada laboral diurna.

Antes estaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entonces quien se quedara más tiempo haciendo su trabajo, recibía un pago por horas extras. Con aquella ley, se amplió la jornada desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así, quien trabaje, por decir algo, hasta las 8 de la noche, no recibe ningún dinero adicional.

El artículo 26 redujo el pago adicional de los domingos y festivos trabajados.

El 28 rebajó las indemnizaciones por despidos sin justa causa.

Y el 51, les permitió a los empresarios y empleadores acordar entre ambos el horario de trabajo durante la semana según las conveniencias de cada uno.

De acuerdo con esto, las empresas tendrían más dinero para contratar a más empleados y flexibilidad en los horarios, para poder acomodar más turnos. Así, habría más cobertura en el empleo.

Debían ocuparse 640.000 personas más en todo el país, a pesar de que quienes ya poseyeran sus puestos redujeran sus ingresos en cierta medida. Para garantizar eso, desde el momento en que entrara a regir la norma habría de conformarse una comisión de seguimiento que velara por que sí incrementara el empleo. Debía estar conformada por dos senadores, dos representantes, el Ministro de la Protección Social, el director del Departamento Nacional de Planeación, el director del Dane, un representante elegido por las centrales obreras y uno de los empresarios. Y con la idea de no arriesgar mucho, aquella comisión debía presentar un balance dos años después de entrar en vigencia la ley. Si no había resultados contundentes en el empleo, ésta se caería automáticamente. Entró en vigencia la norma. Los contratos de los empleados empezaron a cambiar, con unas condiciones que, para muchos, violaba los derechos consagrados en la Constitución, pero el consuelo era la idea de sacrificar un poco para que otros pudieran trabajar. Fuera de eso, la comisión que ordenaba la ley se disolvió en 2006 y “no cumplió sus funciones de recuperar espacio para la generación de un empleo digno, aliviar la situación de los desempleados y permitir que accedieran a la seguridad social”,

según el Procurador. Ante varios indicios que decían que el empleo no habría incrementado gracias a dicha ley y la ausencia de un pronunciamiento de la comisión, la Central Unitaria de Trabajadores contrató un estudio con la Universidad Nacional. “No hay evidencia de que dicha cifra (la del incremento de los puestos de trabajo) se haya realizado en un porcentaje considerable que justifique la restricción impuesta. Por el contrario, el efecto en materia de creación de empleo que trajo consigo la reforma laboral fue nulo.

La generación de los pocos nuevos empleos en tiempos posteriores a la expedición de la reforma se debió a causas por entero ajenas a las medidas adoptadas”, concluyó la investigación de la universidad. Con base en ella, el pasado 7 de mayo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) interpuso una demanda ante la Corte Constitucional en la que piden que se derogue la Ley 789 de 2002 porque no respeta los derechos consagrados en la Constitución. El procurador Maya revisó aquella demanda y coincidió con que la reforma laboral de 2002 sí va en contra de la Constitución. “Las medidas adoptadas con base en la norma resultan inadecuadas, van en detrimento de los trabajadores y su aplicación atenta contra la dignidad humana, el derecho al trabajo y las garantías mínimas laborales”, explicó. Además, “los resultados previstos por el legislador al aprobar la norma no se han cumplido”, dijo, y le solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma. En el Congreso, el representante River Frankin Legro, de la Comisión Primera de la Cámara, tiene listo un proyecto para que todo lo que cambió aquella ley vuelva a su estado anterior. Él también apoya la idea de que, como están las cosas, se están negando derechos que garantiza la Constitución. Según sus argumentos, con un salario mínimo, un colombiano debe comer, pagar sus servicios básicos, su vestido, su educación y la de sus hijos. Muchos lograban hacerlo con el dinero adicional que recibían de las horas extras de trabajo. “Pero hoy, no les alcanza para nada, porque el costo de la vida crece más que el del sueldo”. Ante la polémica, los empresarios salieron a defender que sí se ha cumplido lo prometido por la ley y que el incremento del empleo está garantizado. “Creo que este tema de la

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