ENSAYO SOBRE LA CORTE DE CUENTAS

ENSAYO

A partir de la firma de los Acuerdos de Paz, el nuevo diseño institucional de El Salvador ejerció un rol importante en el desarrollo de la democracia y la libre competencia, aunque los límites del sistema han sido evidentes (no obstante también se ha tenido aciertos), se rescata el hecho de que a partir de las necesidades existentes, se busque transformar esas limitaciones con el objetivo de responder a las exigencias cada vez más grandes que demanda la sociedad.

Así se establece uno de los elementos preponderantes que conforman el sistema político salvadoreño, La Corte de Cuentas de la República, forma parte de toda esa estructura política del nuevo régimen. Para contextualizar es importante mencionar que esta organización tiene como referente y sustituye al Tribunal Superior de Cuentas que data del año 1939^[1]. La significación que denota la Corte de Cuentas es su rango constitucional y el hecho de que sea poseedora de atribuciones importantes (entre muchos otros) como la vigilancia de la recaudación, compromiso y erogación de los fondos públicos; la aprobación de fondos del tesoro público; la inspección de las cuentas de los funcionarios y empleados; la fiscalización de la gestión económica de las instituciones y empresas; informar al Estado las irregularidades de funcionarios o empleados públicos, etc.

En este sentido se pone de manifiesto el hecho de que la Corte de Cuentas y conforme a su Ley establecida y aprobada, es el principal instrumento de control con el que cuenta el Estado salvadoreño, en tanto que norma la conducta de los funcionarios públicos. Con base en su carácter constitucional, la Corte de Cuentas también goza del derecho de intervenir también en la gestión de las finanzas municipales^[2].

La institución en el planteamiento de sus leyes busca fortalecer el recurso humano, para actuar de una manera clara y precisa, ya que su compromiso es cumplir con la misión constitucional e institucional que posee. Desde su visión política, la Corte de Cuentas de la República busca aplicar sistemáticamente sus propios criterios para sobrellevar la apertura al cambio dentro de los procesos institucionales, cuyo fin son las mejoras de la cobertura de las acciones de control. Es por eso que las actividades de fiscalización se desarrollan bajo parámetros de eficiencia y economía.

Es importante mencionar que la Corte de Cuentas de la República goza de prerrogativas significativas, es una institución autónoma del Órgano Ejecutivo, de derecho público, patrimonio propio y personalidad jurídica, su independencia radica en lo técnico, administrativo y presupuestario.

De acuerdo al Art. 1 de la Ley de la Corte de Cuentas, ésta es un organismo que está encargado de fiscalizar en su doble aspecto administrativo y jurisdiccional^[3] la Hacienda Pública en general y del Presupuesto en particular, vela por el cumplimiento de la Ley en el manejo de fondos y recursos públicos; por otro lado, el aspecto de organización interna es dirigida por el presidente, sin embargo a nivel general éste es un funcionario de segundo grado ya que su elección depende del Órgano Legislativo, así pues, en el ámbito interno, es en la presidencia donde recae la conducción y la toma de decisiones del aspecto presupuestario y dirección interna, se dispone de una manera verticalista que va desde el presidente hasta los empleados de menor jerarquía.  

En cuanto al aspecto jurisdiccional, la Corte goza de control en las entidades y organismos del sector público y sus servidores sin excepciones. Su competencia alcanza también a las actividades de las entidades y organismos, así como de personas que aunque no sean entidades u organismos del sector público, reciben asignaciones o privilegios de los recursos públicos.

En el sentido administrativo, la Corte de Cuentas se hace de su respectivo Reglamento Orgánico Funcional que se encarga de hacer cumplir las funciones administrativas respectivas, esto según el Art. 6 de la Ley, para lo cual se fragmenta en diferentes unidades facultadas que ejercen dicha acción. Dicho Reglamento queda constituido a partir de los procesos de modernización con miras a un mejoramiento en la calidad de los servicios, a partir de las necesidades institucionales existentes.  

La Corte de Cuentas de la República como sistema de control es parte fundamental de la estructura de la reforma política establecida en El Salvador, cuyos objetivos más próximos son el de instaurar e implementar proyectos y políticas, así como estrategias concretas que propicien un incremento significativo del accionar gerencial y operacional, lo que conlleva a un desarrollo institucional del Estado, es allí donde se ve la necesidad de promover mejoras y el fortalecimiento de  la fiscalización de las entidades homólogas de la región.

ANALISIS GRUPAL

Con base en la lectura y análisis realizados a la Ley de la Corte de Cuentas de la República como al Reglamento Orgánico de la misma, se evidencia el interés del sistema político del país en un crecimiento del mismo en favor del desarrollo de las políticas de control que están dentro de la gran estructura para beneficio de la sociedad en general. Sin embargo y aunque el interés existe así como las respectivas leyes y normativas, es prudente reconocer las deficiencias que ha tenido la organización en el proceso de implementación de sus leyes.

El contexto actual evidencia de manera muy significativa los desaciertos que ha tenido no solamente esta institución, ya que la problemática que sufre la sociedad salvadoreña va más allá de la buena, regular o mala gestión de la Corte, el hecho es que no han trabajado de una manera eficaz tampoco otros órganos que son parte conjunta del gran sistema estructural político del país.

Es indiscutible que los métodos de corrupción han sido un factor que siempre han estado presente en el sistema político salvadoreño, parece que este fenómeno es mucho mas persistente que el interés por hacer cumplir las leyes a cabalidad en favor de una sociedad que cada vez se enfrasca más en ciclos de impunidad que afectan su crecimiento del bienestar social.

Las leyes y reglamentos que establece la Corte de Cuentas son, en teoría, buenas o beneficiosas ya que proponen rigor y justicia en el cumplimiento de las mismas, sin embargo, hacerlas cumplir sin que se pierda un gramo de su esencia es la dura tarea que tiene el sistema político, ya que nuestra sociedad no se caracteriza precisamente por ser justa e imparcial, y esto la misma memoria histórica del país lo ha dejado bien asentado.

Los cambios de administración que ha habido y sus respectivas administraciones, no han sido capaz de solventar las necesidades del país que cada vez son más grandes. El cambio tiene que venir primero desde el lado interno del sistema para que pueda ser significativo (el cambio) dentro de la sociedad, el beneficio de los ciudadanos debería de ser la prioridad de nuestras instituciones, éstas pueden establecer en papel las leyes, las normas y los dictámenes que quieran y que uno como ciudadano cuando las lea piense que son pertinentes porque “se lee bien bonito”; sin embargo la realidad es que si no hay voluntad ni criterio para cumplir leyes que no pasan del papel, jamás habrá un verdadero cambio en el país.

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