Globalizacion Y El Marco De Las Legislaciones Nacionales
patito.1212 de Marzo de 2014
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Globalizacion y el marco de las legislaciones nacionales
La Globalización es un fenómeno “complejo, multidimensional y policéntrico”, no exento de contradicciones, que “tiene vertientes económicas, políticas y culturales” (Dale, 2007; Torres, 2008) y genera consecuencias de distinta índole, tanto de orden material como simbólico. Hardt y Negri (2002) sostienen que; “En la posmodernización de la economía global, la creación de riqueza tiende cada vez más hacia lo que denominamos producción biopolítica, la producción de la misma vida social, en la cual lo económico, lo político y lo cultural se superponen e infiltran crecientemente entre sí.”
En términos políticos y económicos, la globalización redefine las relaciones de poder en “una gobernanza sin Gobierno” (Rosenau, citado por Dale, 2007) operando a través de un conjunto de organizaciones supranacionales que en gran medida determinan y condicionan con sus directrices (El Consenso de Washington) a los Estados-nación. Entre esas directrices la presión por “mejorar su competitividad” ha llevado a los países a priorizar “las dimensiones económicas de sus actividades por encima de las otras” (Dale, 2007; Ramonet, 2007; Bonal, 2002). La pérdida del componente “keynesiano” de los Estados de Bienestar debilitó su capacidad para organizar y regular la vida social y económica y generar políticas distribucioncitas y reactivadoras para atender las demandas y necesidades al interior de los países (de Sousa Santos, 2007).
Los países pobres o emergentes del planeta, particularmente de América Latina, tuvieron una inserción “periférica a la globalización” con efectos devastadores no solamente para sus economías: “Si los beneficios de la globalización han sido en demasiadas ocasiones inferiores a los que sus defensores reivindican, el precio pagado ha sido superior, porque el medio ambiente fue destruido, los procesos políticos corrompidos y el ritmo veloz de los cambios no dejó a los países un tiempo suficiente para la adaptación cultural” (Stiglitz, 2002).
En Argentina, la matriz sociopolítica “Estadocéntrica”, caracterizada por una fuerte intervención del Estado de Bienestar en lo económico y de redistribución del ingreso a través de las políticas sociales, entró en crisis a mediados de los setenta. En los noventa las políticas neoliberales de reforma de Estado apuntaron a “eficientizar el gasto público, privatizar las empresas estatales, mantener el tipo de cambio, reducir el déficit fiscal, flexibilizar los marcos regulatorios del trabajo y continuar con la transferencia de políticas sociales universales (como educación) a las provincias”. Estas medidas, entre otras, se justificaron en la necesidad de generar condiciones para garantizar la apertura de la economía al mercado mundial, radicar capitales trasnacionales y mejorar la competitividad del país frente a los desafíos que imponía la globalización económica. Se trató de un “shock liberal” en el que, paradójicamente, el Estado tuvo un papel primordial para adecuar las relaciones económico-políticas a los dictámenes de los organismos y del capital internacional y para instaurar una sociedad de mercado (García Delgado, 1998). A diferencia de la “estrategia de modernización” utilizada por el desarrollismo en los sesenta, que hizo del Estado el motor del proceso, la “estrategia de modernización neoliberal, que toma al mercado por el principio constitutivo de la reorganización social. El resultado ha sido no sólo una vigorosa expansión de la economía capitalista de mercado sino también y por sobre todo una sociedad de mercado, donde los criterios propios de la racionalidad: competitividad, productividad, rentabilidad, flexibilidad, eficiencia, atravesaron todas las esferas sociales. El mercado deviene en la gran fuerza integradora, pero con limitaciones evidentes” (Lechner, 1999;
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