Importacion De Autos Usados

Cornelio Martínez López

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Documento de Trabajo núm. 142

Septiembre de 2012

Las opiniones expresadas en este documento no reflejan la postura oficial del Centro de Estudios

Sociales y de Opinión Pública, o de la Cámara de Diputados y sus órganos de gobierno. Este docu-

mento es responsabilidad del autor. Este documento es una versión preliminar, favor de citarlo

como tal.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Los vehículos usados

de procedencia

extranjera en México.

Centro de Estudios Sociales

y de Opinión Pública

Dra. María de los Ángeles Mascott Sánchez

Directora General

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Editor

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Documento de Trabajo, núm. 142, septiembre de 2012. Publicación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión

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LOS VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN

MÉXICO

Cornelio Martínez López1

1 Candidato a Doctor en Ciencia Política por la FCPyS de la UNAM.

2 En el presente documento se utilizan los términos de automóviles ilegales importados y auto

chocolate en referencia a los vehículos usado de procedencia extranjera ilegal que circulan en el

país de forma permanente.

El presente documento pretende sistematizar la

información existente sobre los vehículos de

procedencia extranjera ilegales en México

respecto a su cantidad, distribución en las

entidades, modalidades de uso así como las

diferentes medidas implementadas para su

regularización en las últimas cuatro décadas.

El año 2004 el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública presentó su primer

informe sobre el tema, con la intención de ofrecer una sistematización sobre la

información hasta entonces existente. Al igual que entonces el presente

documento presenta información que por su naturaleza no es de carácter oficial,

pero es la única existente. Esto implica que gran parte de la información son

estimaciones sistematizadas por actores relevantes del sector automotriz con

posturas y un discurso elaborado sobre problemas públicos como la introducción

de autos ilegales2 a nuestro país.

En el presente documento se presenta un seguimiento a las diferentes las

disposiciones emitidas entre 1978 y 2012 para regular este tipo de vehículos, que

han sido emitidas por diferentes autoridades. También pueden encontrarse

cálculos sobre la dimensión del problema frente al crecimiento del parque

vehicular registrado, así como la estimación del número de vehículos ilegales

importados en las entidades federativas; la estructura porcentual de la edad del

parque vehicular calculado por segmentos de diez años. De la misma manera se

presentan estimaciones de la composición de los vehículos legales, regularizados

e ilegales. Un cálculo más reciente sobre la evolución de la importación de autos

ilegales de los últimos seis meses también se incluye en el documento.

Finalmente, se presentan algunos comentarios finales sobre la nueva dinámica en

que se desenvuelve el tema de la importación de autos usados.

LAS MEDIDAS DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE

PROCEDENCIA EXTRANJERA DE 1978 A 2011.

Además de la zona fronteriza, en la década de los años 80 del siglo pasado, fue

muy popular entre los habitantes de los estados del altiplano adquirir vehículos

usados de procedencia extranjera en relativamente buenas condiciones, debido a

que el desembolso requerido era considerablemente inferior a la alternativa de

comprar un vehículo usado hecho en el país.

Uno de los factores que explicaban esta posibilidad era la menor carga

impositiva existente en los Estados Unidos, así como una mayor oferta de los

vehículos de la que se podía encontrar en nuestro país.

En los últimos 34 años ha habido un total de 19 medidas de regularización

de vehículos ilegales de procedencia extranjera. De ellas, destaca que los

primeros acuerdos únicamente permitían la regularización para los propietarios

avecindados en las zonas fronterizas. Con el paso del tiempo se fue ampliando el

beneficio a los campesinos al permitir la regularización de vehículos destinadas a

actividades agropecuarias y forestales como pickups y camiones tipo estacas,

hasta llegar a la Ley expedida en marzo de 2001.

En dicho ordenamiento se definía a los propietarios de vehículos usados de

procedencia extranjera como las personas que acreditaran la titularidad de un

vehículo de procedencia extranjera de los modelos comprendidos entre 1970 y

1993, inclusive, con las características siguientes: vehículos automotores,

camionetas pick-up y vagonetas con capacidad hasta de doce pasajeros; que los

vehículos en referencia hubieran sido internados al país antes del 31 de octubre

de 2000, así como que los automotores hayan sido destinados al servicio público

de transporte y carga, y cuya capacidad no exceda los 3,500 Kg.

Las restricciones a este beneficio apuntaba a los vehículos modelos 1994

en adelante, y a los vehículos 1969 y anteriores; los considerados de lujo y

deportivos, los introducidos al territorio nacional a partir del 31 de octubre del año

2000; asimismo, los embargados a la fecha de expedición de la Ley, los de tipo

vivienda, además de los ubicados en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela

a la línea divisoria internacional del norte del país.

En su artículo 4, la Ley de marzo de 2001 estipulaba que los interesados en

inscribir los vehículos deberían pagar el impuesto sobre tenencia o uso de

vehículos, a partir del ejercicio fiscal de 2001 y los subsecuentes, además que se

eximiría parcialmente del pago de los demás impuestos y derechos a ser pagados

con motivo de la importación, a efecto de pagar una cantidad única especificada

en la propia Ley.

A partir de esta regulación y otra más que se gestó en 2005, se generó un

parte aguas a los años de restricción al mercado mexicano de automóviles. Al

concluir la primera mitad de ésa década, el entonces presidente Vicente Fox

autorizó el proceso de legalización de los vehículos usados de procedencia

extranjera con más de 10 años de antigüedad.

En primera instancia, se argumentó que esa medida representaba un

beneficio para muchas familias mexicanas, que mediante la adquisición de este

tipo de vehículos podría adquirir parte de sus instrumentos de trabajo o bienes

familiares a precios sensiblemente más bajos.

Sin embargo diversas problemáticas se asociaron desde entonces a las

medidas de legalización definitiva de ese tipo de autos, tales como:

. La contaminación ambiental -debido a que no se puede contar con que las

unidades mantengan en funcionamiento los instrumentos de control de

emisiones reglamentados por ley (los convertidores catalíticos tienen una

duración aproximada de 10 años)-,

. A la falta de refacciones en algunos casos (por tratarse de modelos o

versiones que no se comercializaron en el país).

. El consiguiente daño a la industria automotriz nacional al preferir una parte

de la población este tipo de unidades más baratas, que el adquirir un auto

mexicano por los diversos canales de venta existentes.

El asunto de los vehículos de procedencia extranjera ha pasado de ser un asunto

focalizado a ciudades y regiones específicas de las entidades fronterizas a un

asunto presente en la mayoría de las entidades de la República.

Esto ha sido más evidente a partir del decreto publicado en 2005, tal como

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