Inflacion En Venezuela

1.3. Dos décadas y media de estabilidad inflacionaria Desde 1950 y hasta los primeros años de la década de los 70, el aumento de los precios a nivel de consumidor y de mayorista fue muy moderado, ubicándose en ambos casos por debajo del 2% interanual promedio, lo cual implicaba que la inflación en Venezuela era muy inferior a la padecida por otros países de la región, e incluso menor que la que se materializaba en las principales economías industrializadas del mundo. La disciplina monetaria y fiscal que caracterizó a esos años, combinada con la elevada capacidad de compra externa, generada por unas exportaciones petroleras relativamente elevadas y estables que permitieron implantar una política cambiaria de libre convertibilidad con un tipo de cambio fijo, fueron factores clave para el logro de aquella estabilidad de precios. Incluso, en los difíciles años que siguieron al derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez la inflación se mantuvo en niveles muy moderados, a pesar de que la masiva salida de capitales que se materializó debido a la incertidumbre política que imperaba llevó a la imposición de un control de cambios y a una devaluación del bolívar, la inflación se mantuvo en niveles muy moderados.

1.4. Administraciones de Pérez y Herrera Campíns: Repunte inflacionario

La situación comenzó a cambiar con la llamada crisis petrolera de mediados de los años 70. El abrupto aumento de los precios internacionales de los hidrocarburos que se produjo desde fines de 1973, y que se consolidó el año siguiente debido a las secuelas de la guerra del Yom Kippur y del ulterior embargo petrolero liderado por Arabia Saudí, generó un incremento notable de los ingresos gubernamentales. Ello llevó a que la administración entrante de Carlos Andrés Pérez pusiera en marcha una política fiscal francamente expansiva, a través de la cual se inyectaban a la economía los mayores ingresos petroleros. Esto, combinado con una política monetaria muy laxa, produjo crecimientos muy acentuados de la cantidad de dinero en poder del público que estimularon el consumo privado, variable de demanda que creció a tasas muy elevadas durante el período 1974-1977. Aun cuando el sector productivo experimentó durante esos años crecimientos interanuales cercanos al 10%, éste no podía generar los bienes y los servicios suficientes para satisfacer plenamente el consumo interno, el cual crecía más intensamente. Ese desbalance entre oferta y demanda era aún más acentuado en el caso de la inversión, ya que el limitado grado de desarrollo y diversificación del aparato productivo impedía que se pudieran producir localmente los bienes de capital requeridos por las cuantiosas inversiones, tanto públicas como privadas, o las materias primas y bienes intermedios que demandaban los centros de producción. No obstante, el alto poder adquisitivo externo generado por los abundantes dólares que ingresaban, primero provenientes de las mayores exportaciones petroleras y ulteriormente del alto endeudamiento externo, permitió complementar la limitada oferta interna con masivas y crecientes importaciones, generando esto un práctico equilibrio entre la oferta y la demanda de transables. Ello, combinado con la implantación de severos controles de precios, y con la sostenida apreciación real del bolívar debido a la mayor inflación local que externa y a la preservación de un tipo de cambio nominal fijo, contribuyó a evitar la materialización de elevadas presiones inflacionarias durante los años de la administración de Pérez. La situación fue diferente en los sectores de no-transables, donde la persistencia del desbalance entre oferta y demanda generó una considerable presión alcista de los precios, particularmente de los bienes inmuebles, a pesar del alto y excepcional crecimiento del PIB del sector construcción, particularmente en el área de desarrollo de viviendas. Como resultado de lo anterior, durante el período 1974-1978 la inflación anual a nivel de consumidor se ubicó en torno a 8,7%, pudiéndose decir que la misma se debió principalmente al crecimiento desmedido de la demanda y a las limitaciones estructurales del aparato productivo local. Los prolongados y rígidos controles de precios aplicados durante los últimos años de la administración de Pérez afectaron a múltiples unidades de producción, muchas de las cuales estuvieron a punto de cerrar operaciones debido a la severa contracción de sus márgenes de ganancia, o incluso a la materialización de pérdidas de consideración. Ello contribuyó a que poco tiempo después de tomar posesión el presidente Herrera Campíns en febrero de 1979 se decidiera liberar los precios, iniciándose así una escalada inflacionaria que no cedió sino hasta 1981. Esta inflación, a diferencia de la que se produjo en los años precedentes, tuvo su origen en el aumento de los costos de producción. La búsqueda de recuperación de los márgenes de beneficio, la baja productividad y el ausentismo laboral existente, el sobreajuste de precios ante el convencimiento de la pronta reimposición de controles, la elevación compulsiva de salarios a comienzos de 1980, los mayores costos financieros debido al abrupto aumento de las tasas de interés, y el encarecimiento de las importaciones debido a la mayor inflación en los países industrializados, contribuyeron a la materialización del repunte inflacionario durante la segunda mitad de 1979 y en 1980, el más alto hasta entonces sufrido por esta economía. Debido a que el ajuste de los precios se centraba en los productos más afectados por los controles de los años previos, fueron los alimentos los que más se encarecieron, haciendo que el estrato poblacional de más bajos ingresos fuera el que sufriera la mayor presión inflacionaria de esos años, ya que es éste el que tiene que destinar un mayor porcentaje de su presupuesto de gastos a la adquisición ese tipo de bienes. A pesar del aumento compulsivo de salarios a comienzos de 1980, los ingresos nominales de la población crecieron mucho menos que los precios, iniciándose así un proceso contractivo del poder de compra de los venezolanos, que revirtió el sostenido crecimiento del ingreso real promedio de la población que se materializó por varias décadas y hasta 1978. Es así como durante los primeros años de la administración de Herrera Campíns se deterioró la calidad de vida de los venezolanos, particularmente la de los más desposeídos. Durante 1981 se operó una desaceleración inflacionaria, tendencia que se afianzó en 1982. Uno de los principales factores que contribuyó a ello fue la importante apreciación real del bolívar, moneda que seguía atada al dólar a través de un tipo de cambio fijo. El considerable fortalecimiento de la divisa norteamericana que se venía operando desde hacía un tiempo debido a la notable escalada de tasas de interés en los Estados Unidos,[2]

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