LA FRAGMENTACION

LA FRAGMENTAIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO

En la marginalidad geográfica, la escasa infraestructura vial y social, la debilidad del poder judicial, las dificultades del control policivo, la

incapacidad reformista de los partidos tradicionales, son condiciones favorables para el desarrollo de la para institucionalidad, para que el vacío dejado por el Estado sea llenado por el clientelismo, los narcotraficantes, los grupos guerrilleros, y los grupos de defensa y justicia privada. Estos últimos constituyen una interesante simbiosis de relaciones sociales de poder. Se trata de poderes privados de carácter regional y local que en busca de la seguridad que no proporciona el Estado, y en respuesta a los excesos de la guerrilla, se alían con algunos sectores de la fuerzas militares y con los narcotraficantes ¡cantes, a fin de combatir un enemigo común que va desde la guerrilla misma, pasando por la delincuencia común, hasta quienes defienden los derechos humanos y las causas populares. A partir de esta trilogía de intereses, se ha generado una espiral de violencia que explica las masacres de los últimos años, la campaña de exterminio contra los líderes de la Unión Patriótica, contra maestros, líderes sindicales, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos, intelectuales de actitud independiente y progresista, etc. Esta actitud política es propia de una cultura de la intolerancia, de exclusión del disidente y del terror que actúa como mecanismo de solución de conflictos en una sociedad fragmentada y un Estado débil.

Todos estos factores de crisis se articularon para producir, desde finales de la década de los ochenta, una situación de anomia, es decir, de violencia y de inoperancia o de violación sistemática de todos los cánones de convivencia social. Con el fin de encontrar una solución negociada a dicha crisis, los diferentes actores del proceso político colombiano convocaron la Asamblea Constitucional de 1991, cuyo resultado fue un nuevo marco normativo que permitiera, entre otras cosas: a) ampliar la representatividad del régimen político mediante la inclusión de nuevas fuerzas sociales; b) fortalecer el Estado mediante el mejoramiento de su eficacia en la prestación de servicios públicos y de las instituciones de administración de justicia; c) depurar y fortalecer el Congreso y la actividad política a fin de reducir el clientelismo y la corrupción; y d) ampliar el gasto público social con el fin de reducir los niveles de pobreza absoluta y expandir la cobertura de los servicios de educación, salud y seguridad social.

Sin embargo, la crisis política no sólo no se solucionó sino que se agudizó en los años siguientes a la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Algunas explicaciones de dicho fenómeno ponen el énfasis en el tiempo y consideran que siete años es un lapso muy corto para que las nuevas instituciones políticas maduren y se consoliden. No obstante, existen otros elementos de más peso que proporcionan una explicación alternativa, tales como el hecho de que las fuerzas reformadoras no hubiera logrado consolidar su predominio sobre las fuerzas tradicionales en la Asamblea Constituyente y la pregunta fundamental que plantea Fernán González a cerca de los alcances de una reforma constitucional: "¿hasta qué punto son capaces [las reformas institucionales] de modificar inveteradas costumbres políticas, que son la expresión de una cultura política decantada durante casi dos siglos de existencia? En buena parte las dificultades recientes entre el Congreso y el ejecutivo demuestran ese desfase entre la nueva normatividad más modernizante y el funcionamiento concreto de la instituciones que se mueven en un mundo más tradiciona.l A ello hay que añadir los intentos contra reformistas de parte de los políticos tradicionales, los cuales buscaron desmantelar las cortapisas que al clientelismo

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