LOS ACUERDOS DE BASILEA

En 1988, el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, EE. UU., Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza publicó el primero de los Acuerdos de Basilea, un conjunto de recomendaciones alrededor de una idea principal: Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba.El acuerdo establecía una definición de "capital regulatorio" compuesto por elementos que se agrupan en 2 categorías (o "Thiers") si cumplen ciertos requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. Cada uno de estos riesgos se medía con unos criterios aproximados y sencillos.

Este acuerdo era una recomendación: cada uno de los países signatarios, así como cualquier otro país, quedaba libre de incorporarlo en su ordenamiento regulatorio con las modificaciones que considerase oportunas. Entró en vigor en más de cien países. La principal limitación del acuerdo de Basilea I es que es insensible a las variaciones de riesgo y que ignora una dimensión esencial: la de la calidad crediticia y, por lo tanto, la diversa probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios. Es decir, consideraba que todos los créditos tenían la misma probabilidad de incumplir

El Banco de Liquidaciones Internacionales (BIS) emitió en 1988 un Acuerdo llamado Basilea I con el propósito de regular los requerimientos mínimos de capital de los bancos para cubrir su exposición al riesgo, principalmente al crediticio.

El propósito fue dar seguridad y solidez a la industria bancaria a través de directrices que permitieran mejorar los niveles de capital y administración de riesgo y la competitividad. El Acuerdo fue suscrito originalmente por 11 bancos centrales extendiéndose en la actualidad a más de 100 países en todo el mundo.

A pesar de los beneficios que trajo consigo Basilea I como aumentar de 6% a 8% los requerimientos de capital y unificar las regulaciones para una mejor competencia, el Acuerdo no contempló la cobertura del riesgo de operación ni la flexibilidad para incorporar las innovaciones en la medición del riesgo. Para tratar de solventar estos problemas, el BIS amplió en 1996 los acuerdos para incluir el riesgo de mercado, además publicó entre 1999 y 2003, tres documentos consultivos (1999, 2001 y 2003), un estudio de impacto (2002) y varias publicaciones (2001) con el fin de adecuar el tratado a las condiciones cambiantes de mercado.

El resultado de la nueva visión dada por los documentos consultivos y las nuevas técnicas de calificación y medición de riesgo y la asignación de capital basada en la rentabilidad ajustada por riesgo, dieron como resultado Basilea II.LA principal limitación del acuerdo de Basilea I está relacionada con la definición de exposiciones de crédito, que ignoraba una dimensión esencial: la de la calidad crediticia y, por lo tanto, la diversa probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios. Para superarla, el Comité de Basilea propuso en 2004 un nuevo conjunto de recomendaciones. Éstas se apoyan en los siguientes tres pilares.

Pilar I: los requisitos mínimos de capital

Constituye el núcleo del acuerdo e incluye una serie de novedades con respecto al anterior: tiene en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios y toma además en cuenta los riesgos de mercado y operacional. La norma de Basilea I, que exige fondos propios > 8% suma de la exposición crediticia se reemplaza por fondos propios > 8% de (riesgo de crédito (85%) + riesgo de mercado (5%) + riesgo operacional (10%))

El riesgo de crédito se calcula a través de tres componentes fundamentales:

•PD, o probabilidad de incumplimiento

•LGD, o pérdida en el momento de incumplimiento

•EAD, o exposición en el momento del incumplimiento

Habida cuenta de la existencia de bancos con distintos niveles de sofisticación, el acuerdo propone distintos métodos para el cálculo del riesgo crediticio.

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