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Marco Juridico y Politico Referencial sobre el Negocio de Licores

falaxisInforme4 de Octubre de 2015

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MARCO JURIDICO Y POLITICO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS EN VENEZUELA

1. INTRODUCCION        

2. IMPACTO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE        

ANÁLISIS DEL MARCO CONSTITUCIONAL        

Competencia del Poder Público Nacional en la actividad de licores        

Postulados de los Fines Económicos del Estado        

Postulados de la libertad de empresa e Iniciativa Privada        

Postulados de la Libre Competencia y Prohibicion de Monopolios        

Postulados Sobre Delitos Económicos        

Postulados Sobre el Derecho de Propiedad        

Postulados sobre la Confiscación de Bienes         

Postulados de Protección de los Consumidores        

Postulados de Participación Ciudadana        

Postulados de Protección del Ambiente        

Postulados sobre Proteccion de la Salud         

Conclusión del Análisis del Contexto Constitucional        

ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS

Decreto N° 1.418, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de La Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas y su Reglamento        

Ley Organica de Aduanas         

Código Orgánico Tributario        

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) y su Reglamento Parcial sobre Aportes e Inversión        

Ley de Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento         

Ley de Zonas Francas y normativa asociada        

Ley sobre el Delito de Contrabando         

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio         

Ley Orgánica de Precios Justos         

Reglamento General de Alimentos y Normas Complementarias         

Ley Orgánica del Poder Público Municipal         

Ley Orgánica del Ambiente        

Ley Penal del Ambiente        

Norma venezolana Covenin 3340: 1997. Sobre Bebidas Alcohólicas         

Norma venezolana Covenin 3040-93, sobre el Ron         

MARCO JURIDICO Y POLITICO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS EN VENEZUELA

1. INTRODUCCIÓN

A partir del análisis del marco jurídico vigente en Venezuela, se procede a mostrar su impacto sobre el sector licorero y a exponer el conjunto de instrumentos o normativas de índole jurídica que deben acatarse en el desarrollo o incursión en el negocio de los licores y especies alcohólicas.

La actividad económica privada del negocio, industria y comercio de especies y bebidas alcohólicas en Venezuela cuenta con Leyes, Reglamentos, Normas, Resoluciones, Providencias y Ordenanzas que regulan su funcionamiento y restringen extremadamente su publicidad más que el consumo, y es supervisada por diferentes entes y organismos públicos así como por diferentes movimientos sociales (Consejos Comunales, Comunas y Colectivos). Esta actividad, como cualquier otra iniciativa de los inversionistas nacionales y extranjeros, no sólo debe observar el marco jurídico nacional de su interés, a través del cual el Estado interviene en las empresas, tanto para imponer normas, conceder beneficios a las mismas, como para penalizarlas; sino también tener en cuenta los lineamientos políticos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, así como la articulación con las distintas instancias de poder e instituciones públicas nacionales y regionales y las instancias del Poder Popular, con los cuales se deba relacionar en el desarrollo del negocio licorero.

En este orden tenemos los tres escenarios del marco referencial en los que se debe desenvolver toda iniciativa de inversión privada, a saber:

  1. SEGUNDO PLAN SOCIALISTA PARA EL PERÍODO 2013-2019 (PROGRAMA DE LA PATRIA): Sus 5 Grandes Objetivos Históricos: La Independencia Nacional; El Socialismo;Venezuela: País Potencia; Mundo Pluripolar, Seguir Contribuyendo en la conformación de un mundo multicéntrico; y Salvar al planeta: Lo Ecológico.
  2. MARCO JURIDICO VENEZOLANO, DE INTERES: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Tratados y Convenios Internacionales en materia Ambiental, Leyes Sobre Ambiente, Recursos Naturales, Ordenación Territorial; Leyes sobre Salud y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo;Leyes de Carácter Laboral y de Seguridad Social Integral; Leyes del Poder Público y del Poder Popular; Leyes de Desarrollo Económico; Leyes de Administración y Servicios o Comercio; Reglamentos y Ordenanzas.
  3. ENTORNO REFERENCIAL (Actores del Entorno -Entes, instrucciones Publica, Privada y Populares).

2. IMPACTO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE

El marco jurídico vigente y político deferencial regulador de la actividad licorera en Venezuela puede ser visualizado desde dos perspectivas distintas: la supratoria y la específica, es decir, aquellos instrumentos que tienen carácter de obligatoriedad máxima (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Plan de la Patria) y aquellos que inciden en aspectos particulares de la industria, producción, operación, importación y comercialización (Leyes, Decretos, Reglamentos, Resoluciones, Providencia y Ordenanzas) que regulan el sector, así como el control de gestión del negocio de la producción, importación y comercialización de bebidas alcohólicas en Venezuela y que se deben tener en cuenta por su incidencia en los procesos de negocios que se pretendan emprender en el sector licorero.

En el contexto del carácter supratorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, encontramos que:

  1. Establece las normas generales que regulan las competencias del Poder Público Nacional así como un conjunto de postulados que inciden sobre libertad a dedicarse a cualquier actividad económica de carácter lícito. Adicional, establece la competencia del Poder Ejecutivo, a través del órgano competente, de regular lo relativo a la constitución y operación de empresas y la obligación de las futuras empresas a adherirse al marco normativo establecido.
  2. Ordena la adopción de los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, para todos los negocios o empresas privadas y públicas, como para los organismos de la administración pública. Así también, el compromiso de las mismas en la promoción del desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país. Ellos deberán revelarse en cada uno de los programas y proyectos a acometer a los fines de cumplir con la responsabilidad social.
  3. Establece cuales son las Leyes y Reglamentos que con carácter nacional, regional o municipal regulan la operación de las entidades económicas y en el marco de los planes de desarrollo económico y social del Estado, los instrumentos por medio de los cuales el Estado crea las condiciones para desarrollar cualquier negocio jurídico.
  4. Establece la obligación de la nueva empresa a contribuir con la innovación tecnológica, la generación de empleo, el crecimiento económico y la creación de riquezas y bienestar de la comunidad en la cual se circunscriba.
  5. Establece la obligación del Estado a incorporar en sus políticas y programas sociales la protección y promoción de las diversas formas de organización participativa.
  6. Establece la obligación de la futura empresa en proveer condiciones favorables para que la sociedad pueda ejercer su derecho de contralor social en la evaluación de la gestión pública.
  7. Establece la corresponsabilidad de los trabajadores en gestión empresarial y el derecho de participar en la gestión de la futura empresa en cualquiera de las modalidades de autogestión y cogestión existente, o bien a través de algún otro mecanismo de participación.
  8. Establece el derecho preferente de empresas pequeñas y medianas a proveer de recursos y servicios a empresas del estado, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.
  9. Establece el compromiso en la promoción y defensa de los derechos humanos tanto de sus trabajadores como de la comunidad en la cual se inserta el desarrollo energético.
  10. Establece como misión empresarial la defensa y protección del medio ambiente. Como objetivos, la definición de estrategias, políticas, programas y proyectos orientados a conservar y restablecer el ambiente a su estado natural, especialmente en industrias donde la generación de desechos tiene un impacto significativo en el ambiente.
  11. Establece la competencia y responsabilidad de proteger los activos empresariales y garantizar la prestación ininterrumpida del servicio.
  12. Ordena la creación de condiciones necesarias para satisfacer progresivamente las necesidades individuales y colectivas de la comunidad, a partir de mecanismos que garanticen la corresponsabilidad entre la sociedad y las empresas.
  13. Protege la integridad cultural, social y económica de los habitantes indígenas de las zonas en las cuales pueda tener interés de construirse una planta u oficinas respectivas.
  14.  Ordena crear leyes que velen por el derecho de las personas a disponer de bienes y servicios de calidad e información adecuada, y a elegir con dignidad y equidad el bien o servicio de su preferencia.

El Marco Legal restante estudiado está conformado por una variedad de Leyes, Decretos, Reglamentos, Resoluciones, Providencias y Ordenanzas que se orientan a:

  • Regular el funcionamiento, control y fiscalización, relacionado con la actividad licorera, así como la importación, elaboración y expendio de bebidas alcohólicas a nivel nacional y en los Municipios.
  • Establecer las bases en materia de impuestos, tasas y tributos, que impactan en forma directa el negocio y todas las relaciones jurídicas derivadas de la ejecución de la actividad comercial de licores, importación de bienes y activos.
  • Establecer lineamientos que imponen obligaciones de carácter administrativo, de procedimientos, sujetas a fiscalización y sanciones, por el Poder Público Nacional, poder Publico Municipal con participación de la comunidad o Poder Popular.
  • La protección y salvaguarda de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a bienes y servicios de calidad declarados o no de primera necesidad.
  • Establecer derechos y mecanismos de participación ciudadana, en los asuntos públicos, como la recaudación de impuestos y fiscalización de cualquier actividad comercial.
  • Imponer obligaciones sociales a las empresas privadas con el objeto de garantizar la protección de la familia y el desarrollo integral de las personas con discapacidad, adolescentes y jóvenes, de acuerdo con sus capacidades.

A continuación se verá en detalle el análisis de los instrumentos jurídicos vigentes relevantes y el impacto de su regulación jurídica sobre la operacionalización de la industria, producción, importación y comercialización de bebidas alcohólicas y otras áreas de negocio del sector de las especies alcohólicas.

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