SISTEMA BANCARIO MEXICANO Y EL BANCO CENTRAL

EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO Y EL BANCO CENTRAL *

Aunque desde el siglo pasado existían bancos de diversos tipos, el actual sistema bancario mexicano tiene sus orígenes en 1925, cuando se creó el Banco de México con la intención de que funcionara como eje central del nuevo sistema. Recordemos que la Revolución de 1910, en su etapa violenta, había destruido la estructura bancaria heredada del Porfiriato, sistema que, por cierto, había tropezado con serias dificultades ya antes de la Revolución.

Las nuevas leyes monetarias y bancarias de 1932 y el funcionamiento eficaz del Banco de México fueron el punto de partida para el desarrollo y fortalecimiento del sistema bancario mexicano, al grado que en nuestros días, se reconoce por propios y extraños como uno de los más eficaces y elaborados del grupo de países que se encuentra en una etapa de desarrollo económico similar a la de México.

Son dos los sectores principales del sistema bancario mexicano: el de la banca oficial o del Estado, integrada por las instituciones nacionales de crédito, y el sector privado compuesto de siete tipos de instituciones de crédito y de cuatro clases de organizaciones auxiliares. La importancia de ambos sectores es análoga, ya que cada uno de ellos posee la mitad de los recursos bancarios totales del país.

El establecimiento de instituciones nacionales de crédito que contribuyan al desarrollo económico del país satisfaciendo un orden lógico de necesidades, ha sido una labor especialmente importante de los gobiernos de México. Las áreas de operación original de las instituciones públicas coinciden precisamente con las que la Revolución Mexicana señaló como de mayor urgencia en el conjunto de las necesidades nacionales. No se puede decir que las instituciones oficiales de crédito compitan con la banca privada, porque ellas encauzan su financiamiento hacia aquellos sectores de la economía nacional de importancia básica, cuyas necesidades de crédito no hayan sido o no puedan ser atendidas por los bancos privados.

El sector crediticio público se ha desarrollado en un orden lógico, porque comenzó por el establecimiento de las instituciones que pudieran reorganizar el sistema financiero privado, tan gravemente dañado por la etapa violenta de a Revolución. A tal efecto, en 1924 se fundó la Comisión Nacional Bancaria, y, al año siguiente, el Banco de México. Comenzaron después a atenderse los aspectos básicos del desarrollo económico: el sector agrícola en primer término, como es natural de un país fundamentalmente agropecuario; después, la inversión para obras públicas necesarias para fortalecer la infraestructura económica y, por último, la industrialización integral del país. Una vez cubiertos esos tres sectores fundamentales, se han venido creando nuevas instituciones nacionales de crédito que sirven para complementar a las anteriores actuando en sectores especiales de la actividad económica nacional. Es conveniente destacar que la banca nacional, en su conjunto, no es sólo un agente financiero para beneficio del sector público, sino que, por el contrario, ha servido para canalizar recursos provenientes del Gobierno federal del exterior, hacia diversas actividades productivas, fundamentalmente de particulares, que no han sido atendidas en proporción suficiente por la banca privada. Más aún, los nuevos Fondos Especiales que operan como fideicomisos del Gobierno federal en el Banco de México o en Nacional Financiera en materia de agricultura y ganadería, de industria mediana y pequeña y de turismo, y, próximamente, en el campo de la vivienda y en el del financiamiento a las exportaciones de productos manufacturados nacionales, no sólo destinan sus recursos a los particulares, sino que también los canalizan a través de las instituciones de crédito privadas, operando como bancos de segundo piso con respecto de ellas.

La banca oficial está integrada por un buen número de instituciones entre las que destacan por su importancia el Banco de México, Nacional Financiera, S.A., el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A. y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.

Nacional Financiera, S. A. es el banco oficial de fomento. Tiene como tarea principal el financiamiento a largo plazo de industrias básicas para el desarrollo económico, actividad mediante la que ha hecho una aportación fundamental a nuestro proceso de industrialización. Esta institución se halla también encargada de intervenir en la regulación del mercado de valores, así como de ejercer funciones de agente financiero internacional del Gobierno federal. Con este último carácter ha canalizado una buena parte de los recursos que las instituciones bancarias del exterior han puesto a disposición de nuestro país, para financiar su desarrollo, generalmente a través de préstamos a largo plazo.

Es conveniente aclarar que estos préstamos del extranjero son otorgados cada vez a plazos más largos y, con frecuencia, a tipos menores de interés, de tal manera que no resultan un gravamen excesivo respecto de la capacidad de pago del país y sirven para financiar proyectos autoamortizables capaces de producir, en el periodo de vigencia del crédito, lo suficiente para pagarlo oportuna y completamente. El departamento fiduciario de Nacional Financiera tiene a su cargo el manejo de dos importantes Fondos de Fomento: el de la mediana y pequeña Industrial y el de Turismo, que redescuentan papel de los bancos privados.

El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A. tiene por misión fundamental promover y dirigir la inversión de capital en obras y servicios públicos y en viviendas populares; quizá su más reciente y espectacular logro en este último campo es el enorme conjunto de alojamientos Nonolco-Tlatelolco.

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., promueve el financiamiento de la producción de bienes agrícolas y manufacturados, fundamentalmente con propósito de exportación y de sustitución de importaciones. Entre las recientes adiciones a sus tareas originales figuran la presidencial del Comité para el Control de las Importaciones del Sector Público, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México y la participación en el Comité Coordinador de las actividades de los agregados comerciales a nuestras embajadas.

Además de los Bancos Nacionales de Crédito Agrícola y Ejidal, la importancia de cuyas funciones es evidente en un país en el que todavía el 50% de la población vive de las labores agropecuaria, cabe mencionar otras instituciones nacionales de crédito cuya denominación indica ya el giro de las mismas: los Bancos Nacionales del Ejército y la Armada, Cinematográfico, de Fomento Cooperativo, de Transportes, del Pequeño Comercio, Unión Nacional de Productores de Azúcar, Financiera Nacional Azucarera y Almacenes Nacionales de Depósito. Para que el panorama de las instituciones oficiales de crédito sea más completo deben agregarse algunos fideicomisos que el Gobierno federal ha constituido. En el departamento fiduciario del Banco de México, S.A., operan dos importantes Fondos de Fomento, que redescuentan créditos a la banca privada: el de Agricultura, Ganadería y Avicultura y el de Exportaciones de Productos Manufacturados, éste último en proceso y para iniciar próximamente sus operaciones. También las comenzará muy en breve el Fondo de Operación y Descuento Bancario de la Vivienda.

Las instituciones bancarias del Estado llenan una función de particular utilidad y han coadyuvado, con diverso grado de eficacia, a solucionar urgentes problemas de la economía mexicana. Además, han atendido necesidades crediticias que la banca privada no ha cubierto y han contribuido a resolver problemas políticos cuya atención ha sido de especial urgencia.

Desde hace tiempo se deja sentir la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre estas instituciones nacionales de crédito, las cuales, y sólo de manera indirecta, caen dentro de la regencia monetaria del Banco Central. Constituye una muestra de esta preocupación el Reglamento de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, expedido el 29 de junio de 1959, que creó un Comité Coordinador de dichas entidades, presidido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público -la más alta autoridad en materia monetaria y financiera dentro del cuerpo auxiliar del Presidente de la República- y cuyo vicepresidente es el director del Banco de México. El Comité tiene facultades de consultor del Poder Ejecutivo, función que realiza mediante estudio y dictamen de asuntos tales como delimitación de competencias, planes conjuntos de financiamiento, colaboración permanente entre los bancos privados y las instituciones nacionales, y de éstas entre sí, promoción de actividades fundamentales, etc.

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La red bancaria privada se rige por la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, mientras que las instituciones nacionales tienen, por lo general, su propia Ley Orgánica o se rigen por sus estatutos particulares.

La Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares -a la que frecuentemente se le llama tan sólo Ley Bancaria- es de carácter federal, lo que significa que se aplica en toda la República y que los Estados de la Federación no tienen facultades para legislar en esta materia. Esa ley señala como instituciones de crédito las siguientes: bancos de depósito, bancos de ahorro, sociedades financieras, sociedad de crédito hipotecario, sociedades de capitalización,

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