Tratado De Libre Comercio Colombia

Un quinquenio perdido!

Por: José Félix Lafaurie

La decisión del Gobierno de prorrogar por sexta vez el Decreto 1500 de 2007, asestó otro golpe al sector ganadero en su empeño por alcanzar la admisibilidad sanitaria para el comercio internacional de alimentos. La noticia no pudo ser más desafortunada, pues a un par de días de vigencia del TLC con Estados Unidos, sabemos que en éste –como en otros acuerdos– el veto a los productos cárnicos y lácteos deriva, justamente, de las distancias que nos separan de sus estándares de inocuidad. El lustro de inactividad que pasó es imperdonable, como inexplicables los 14 meses de discusiones técnicas para acordar las reformas a este decreto, en momentos en que apremia la reingeniería de las plantas de sacrificio y la modernización de las cadenas.

Es un escenario de incertidumbres y contradicciones. No tenemos cuándo adoptar un régimen legal de admisibilidad para el sector. De hecho, el Decreto de 917 de 2012 justificó la prórroga de seis meses, con el argumento de “actualizar el precipitado decreto (1500)”. Hablamos de acometer una reforma que exige nuevas consultas, internas y externas, para una norma que demandó una cuidadosa concertación –inclusive con las autoridades americanas– y más de dos años de revisiones y consultas con todos los actores públicos y privados. Pero entendemos que una comisión viajó a Washington el pasado miércoles, para consensuar las modificaciones.

Por lo pronto, seguimos en el limbo, bajo un régimen de transición con normas sanitarias concebidas hace más de 30 años. En otras palabras, estamos varados, pero más lejos. Menos de un millón de animales, de los cuatro millones que se sacrifican anualmente, se procesan en plantas autorizadas. Seguimos con un mercado cárnico de $12 billones, de los cuales 75% se queda en manos de los informales, que están politizando las decisiones sectoriales en materia sanitaria.

Empresarios y productores que “confiaron legítimamente” en la seriedad y coherencia de las autoridades y en el marco legal que, supuestamente, garantizaba estabilidad y predictibilidad, hoy se sienten asaltados en su buena fe. La expectativa de que finalmente el gobierno impondría la formalización de los cruderos –Decreto 616/2006– y del sistema de sacrificio –Decreto 1500/2007–, sumada a la inminencia de los TLC, los llevaron a librar una carrera para presentar sus planes graduales de cumplimiento y a endeudarse para ejecutarlos. Hoy nadie responde. Quedaron “colgados de la brocha”, mientras cientos de mataderos, que no garantizan inocuidad, se benefician de los aplazamientos. Es evidente la responsabilidad del Estado como legislador.

Pero además de alejarnos, peligrosamente, de los estándares internacionales, el gobierno dejó sin piso disposiciones que conferían dientes al ICA y al Invima, para proteger

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