Psicologia
ailecana9 de Octubre de 2014
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Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo
PREÁMBULO
TITULO PRELIMINAR
TITULO PRIMERO: DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL
Capítulo primero: DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
Capítulo segundo: DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Capítulo tercero: DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sección primera: De la educación secundaria obligatoria
Sección segunda: Del bachillerato
Capitulo cuarto: DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Capítulo quinto: DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
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TITULO SEGUNDO: DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Capítulo primero: DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Sección primera: De la música y de la danza
Sección segunda: Del arte dramático
Sección tercera: De las enseñanzas de las artes plásticas y de diseño
Capítulo segundo: DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
TITULO TERCERO: DE LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS
ADULTAS
TITULO CUARTO: DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
TITULO QUINTO: DE LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES
EN LA EDUCACIÓN
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES FINALES
Preámbulo
Los
sistemas educativos desempeñan funciones
esencial es para la vida de los individuos
y de las sociedades. Las posibilidades de desarrollo armónico de unos y de otras se asientan en la
educación que aquéllos proporcionan.
El objetivo primero y fundamental
de la educación es el de proporcionar a los niños y a las
niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar su propia
y esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el
conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al
desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad axiológicamente
plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad.
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En la educación
se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en
sociedad, singularmente el respeto a todos los derechos y libertades fundamentales, se adquieren
los hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo, se prepara para la participación
responsable en las distintas actividades e instancias
social es. La madurez de las sociedades se
deriva, en muy buena medida, de su capacidad para integrar, a partir de la educación y con el
concurso de la misma, las dimensiones individual y comunitaria.
De la formación e instrucción que los sistemas educativos son capaces de proporcionar,
de la transmisión de conocimientos y saberes que aseguran, de la cualificación de recursos
humanos que alcanzan, depende la mejor adecuación de la respuesta a las crecientes y
cambiantes necesidades colectivas.
La educación permite, en fin, avanzar en la lucha contra la discriminación y la
desigualdad, sean éstas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, tengan un origen
familiar o social, se arrastren tradicionalmente o aparezcan continuamente con la dinámica de la
sociedad.
Por todo ello, a lo largo de la Historia, las distintas sociedades se han preocupado por su
actividad educativa, sabedoras de que en ella estaban prefigurando su futuro, lo que en no pocas
ocasiones ha desembocado en sistemas de privilegio, cerrados, elitistas y propagadores de
ortodoxias excluyentes. Sin embargo, toda transformación, grande o pequeña, comprometida con
el progreso social ha venido acompañada, cuando no precedida, de una
revitalización e impulso
de la educación, de una esperanza confiada en sus posibilidades transformadoras. Su
configuración como un derecho social básico, su extensión a todos los ciudadanos, es una de las
conquistas de más hondo calado de las sociedades modernas.
La nuestra es una sociedad en acelerado proceso de modernización que camina, cada vez
más nítidamente, hacia un horizonte común para Europa. Cuando se están incorporando a las
escuelas los ciudadanos del próximo siglo, los países con los que tratamos de construir el proyecto
europeo, que ofrecerá una nueva dimensión a nuestra juventud de hoy, conceden una gran
relevancia a la educación y a la formación tratando de adaptarlas a la apertura del espacio
individual, político, cultural y productivo, a la mayor rapidez y complejidad de los cambios de todo
tipo, propiciando su prestación más prolongada a mayor número de ciudadanos, promoviendo las
mejoras necesarias para garantizar su calidad. Poniendo en marcha, por tanto, procesos de
reforma de sus respectivos sistemas.
Esta misma necesidad de adaptación se ha dejado sentir con fuerza en nuestro país, y la
sociedad española en su conjunto, y de manera más perfilada la comunidad educativa, se ha
pronunciado favorablemente por una reforma profunda de nuestro sistema educativo.
El diseño del actualmente vigente procede de 1970. En estas dos décadas, vividas ya en
su mayor parte en democracia, la educación española ha conocido un notable impulso, ha dejado
definitivamente atrás las carencias lacerantes del pasado. Se ha alcanzado la escolarización total
en la educación general básica, creándose para ello un gran número de puestos escolares y
mejorando las condiciones de otros ya existentes, se ha incrementado notablemente la
escolarización en todos los niveles no obligatorios, se han producido importantes avances en la
igualdad de oportunidades, tanto mediante el aumento de becas y ayudas como creando centros y
puestos escolares en zonas anteriormente carentes de ellos, se han producido diversas
adaptaciones de los contenidos y de las materias. Las condiciones profesionales en que ejerce su
función el profesorado difieren, cualitativamente, de los entonces imperantes.
La aplicación de los mecanismos políticos y jurídicos propios de la transición perm
itió
superar los residuos autoritarios subsistentes en la norma aprobada en 1970 y abrir el sistema
educativo a la nueva dinámica generada en diversos campos, muy singularmente a l a derivada
de la nueva estructura autonómica del Estado, que recoge en su diversidad la existencia de
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Comunidades Autónomas con características específicas y, en algunos casos, con lenguas propias
que constituyen un patrimonio cultural común.
En el plano normativo, se procedió con la Ley de Reforma Universitaria a la reforma de
la
enseñanza universitaria. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que derogó la Ley Orgánica
del Estatuto de Centros Escolares, reguló el ejercicio simultáneo de los diversos derechos y
libertades relacionados con la educación, desarrollando el mandato constitucional del derecho a l a
misma a través de la programación de la enseñanza.
No se había abordado, sin embargo, la reforma global que ordenase el conjunto del
sistema, que lo adaptase en su estructura y funcionamiento a las grandes transformaciones
producidas en estos últimos veinte años. En este período de nuestra historia reciente se han
acelerado los cambios en nuestro entorno cultural, tecnológico y productivo, y la sociedad
española, organizada democráticamente en la Constitución de 1978, ha alcanzado su plena
integración en las Comunidades Europeas.
La Constitución ha atribuido a todos los españoles el derecho a la educación. Ha
garantizado las libertades de enseñanza, de cátedra y de creación de centros, así como el derecho
a recibir formación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones. Ha reconocido la
participación de padres, profesores y alumnos en el control y gestión de los centros sostenidos con
fondos públicos. La Constitución ha encomendado a los poderes públicos que promuevan las
condiciones y remuevan los obstáculos para que el derecho a la educación sea disfrutado en
condiciones de libertad e igualdad, ha establecido el carácter obligatorio y gratuito de la educación
básica y ha redistribuido territorialmente el ejercicio de las competencias en esta materia. Todos
estos ejes, así como la capacidad de responder a las aspiraciones educativas de la sociedad, han
de conformar el nuevo sistema educativo.
La extensión de la educación a la totalidad de la población en
su nivel básico, las mayores
posibilidades de acceso a los demás tramos de aquélla, unidas al crecimiento de las exigencias
formativas del entorno social y productivo, han avivado la legítima aspiración de los españoles a
obtener una más prolongada y una mejor educación.
La progresiva integración de nuestra sociedad en el marco comunitario nos sitúa ante un
horizonte de competitividad, movilidad y libre circulación, en una dimensión formativa, que
requiere que nuestros estudios y titulaciones se atengan a referencias compartidas y sean
homologables en el ámbito de la Comunidad Europea, a fin de no comprometer las posibilidades
de nuestros ciudadanos actuales y futuros.
El dominio, en fin, del acelerado cambio de los conocimientos y de los procesos cultur
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