Bloqueadores de celulares en penales.

Incumplimiento de funciones por empresa encargada de bloqueadores de celulares en los penales

El sábado 28 de enero del 2012, uno de los diarios más importantes y leídos del Perú, El Comercio, publicó un informe que titulaba así: el 95% de las llamadas de extorsión sale de las cárceles de Lima. La información, según el diario, fue entregada por la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI).

El 17 de octubre del 2014, la empresa PRISONTEC firmó un contrato con el Estado mediante el cual se comprometía a la instalación de bloqueadores de señal de celular en 33 penales del Perú, los mismos que reunían, como hoy, a un aproximado del 90% de la población penitenciaria del país. Unas 76 mil 180 personas se encuentran privados de libertad según los resultados del Censo Nacional de Población Penitenciaria en el 2016.

El contrato, una licitación realizada a través de PROINVERSIÓN, estipulaba que a dos años de la fecha de cierre, es decir el 17 de octubre del 2016, los bloqueadores ya deberían de haber sido instalados en todos los recintos establecidos; no obstante, a la fecha los bloqueadores sólo están operativos en 10 penales de las 33 acordados.

El proyecto “Prestación de servicios de seguridad tecnológica en las prisiones (bloqueo de celulares y wi-fi)” supondría una inversión de 4 millones de dólares por una recuperación anual de 14 millones de dólares, según PRISONTEC, e involucra directamente a los encargados del Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y PROINVERSIÓN, tres partes que firmaron el trato por 25 años.

La pregunta es: ¿por qué la empresa que se presentó como la solución a las licencias comunicativas de los criminales dentro de la prisión, y que recibió el aval de PROINVERSIÓN, acusa hoy al INPE de ponerle trabas a su trabajo por un tema de corrupción?

¿Tenía PRISONTEC la experiencia necesaria para ganar la buena pro? ¿Cuáles son sus méritos? ¿Qué se sabe de ese consorcio y quiénes lo representan? Y, tan importante como las interrogantes anteriores, ¿por qué se le ha adjudicado otro proyecto con el Estado a esta empresa que ya ha incumplido un contrato?

Llamadas dentro de penales

La Policía Nacional del Perú (PNP) detectó que tres mil chips eran usados por los internos de Lurigancho para coordinar sus delitos. En la misma nota, el entonces jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, declaró que “como medida inmediata, mientras no se apruebe el presupuesto para comprar bloqueadores, se decomisarían celulares en los penales de todo el país”, y anunció que estaba en marcha un proyecto para dar en concesión la seguridad de los penales a una empresa peruano-colombiana a cambio de darle permiso para instalar y manejar teléfonos públicos en las cárceles.

Ahora, a partir del 28 de enero del 2012 salen en los medios estadísticas alarmantes sobre las llamadas que realizan los reos en las cárceles, muchas de ellas llamadas de extorsión. Efectivamente, sólo dos meses antes, el 26 de noviembre del 2011, la empresa Global Circuit, parte del Consorcio PRISONTEC (ver recuadro ), inició sus operaciones de acuerdo a la SUNAT. A sólo 5 días de su creación, el 2 de diciembre del 2011, Global Circuit comienza un proyecto piloto de bloqueo de señal en el penal San Jorge .

El domingo 12 de febrero del 2012, el programa televisivo Cuarto Poder del canal 4 transmite un informe sobre la propuesta del empresario Augusto Fernández Márquez, gerente general de la empresa Global Circuit, quien acababa de ofrecerle al Estado la prestación de sus servicios de bloqueo de señal celular en los penales a cambio de la administración de sus teléfonos públicos.

En el vídeo de Cuarto Poder, la propuesta es bien apreciada por José Luis Pérez Guadalupe, entonces jefe del INPE; Leonardo Caparrós, ex jefe del INPE; Juan Jiménez, entonces ministro de Justicia; y Renzo Reggiardo, entonces congresista y presidente de la Comisión de seguridad Ciudadana. Personajes fuertemente influyentes para aceptar que la propuesta era la solución.

Lo que no se menciona en el reportaje es que el presentado bajo el nombre de Tito Fernández, y no como Augusto Fernández Márquez, su nombre completo, era la pareja de la exministra de Economía y exjefa de PROINVERSIÓN, hoy vicepresidenta, Mercedes Aráoz Fernández .

En cambio, sí se dice que el referido proyecto no le costará nada al Estado. Según Pérez Guadalupe, “se estaría aprovechando un filón que nunca se había aprovechado como tal, que son las llamadas telefónicas. Aprovechar positivamente el hecho de que los internos sí tienen derecho a la comunicación”. Esa sería la ganancia de la empresa: el monopolio de las comunicaciones en los penales. Exactamente, dice el entonces jefe del INPE.

¿Cuánto suma esos ingresos de las llamadas? 14 millones de dólares sólo en el 2013, según un las documento presentado por PRISONTEC

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