Planeación Estratégica

La autoridad municipal debe realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de protección civil al conjunto de la comunidad.

Dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a la seguridad pública como un servicio a cargo del municipio el cual deberá ejercerse con el concurso del Estado porque así lo determina el artículo 21 Constitucional que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, Los Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias. En este sentido, el Ayuntamiento deberá regular el orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes en la materia dentro del municipio. Asimismo con base en el último párrafo de la fracción III del artículo 115 Constitucional, los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de dicho servicio, situación que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional.

El tema de la inseguridad es un reclamo generalizado, en un contexto en el que se enfrentan a un sinnúmero de actos en los cuales las leyes y normas establecidas son violentadas reiteradamente por individuos y grupos. La violencia afecta a la sociedad en su conjunto, puesto que impide la construcción de un orden social justo e igualitario, en el que se respeten los derechos de todos sin exclusión.

La violencia afecta la salud de las personas a lo largo de su vida; en la niñez el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, el acoso sexual y violaciones, en la vida adulta; homicidios y suicidios así como el abuso con la población adulto mayor. De este modo las consecuencias de la violencia se sufren en todos los niveles, en lo individual y social, en la salud mental, la discapacidad, el abuso de alcohol y drogas, las infecciones de transmisión sexual, y en la salud reproductiva.

Los costos directos de la violencia representan un incremento en los gastos de la atención médica; los servicios de urgencias, la atención a la salud mental, los servicios de tránsito, policía, seguridad y los judiciales. Entre los costos indirectos están la pérdida de productividad, muertes prematuras, el ausentismo laboral, el efecto negativo en el desarrollo económico y social y la pérdida de calidad de vida de las personas y la comunidad.

La tarea de reintegrar a la sociedad en torno al respeto de la Ley, a los derechos humanos y a la convivencia social, requiere de acciones concretas, integrales, intensas y permanentes con la participación activa, responsable y organizada de las autoridades y de la sociedad civil.

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