REFORMA DE TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO

Problemática

En la iniciativa de leyes secundarias al sector de telecomunicaciones que propuso el Poder Ejecutivo, y que ahora se discute en el Senado de la República, particularmente en los apartados VII y VIII del Artículo 197, donde ordena a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones a “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.

Un claro ejemplo de lo que quieren lograr con las leyes secundarias:

<<Un día vas caminando sobre la calle y ves que un policía está golpeando a un joven durante una protesta pública. Le tomas una foto con tu smartphone y la subes a las redes sociales para denunciar el hecho. No eres el único, varios más lo han hecho.

Al poco rato te quedas sin Internet y sin teléfono porque el Gobierno decidió que las imágenes sobre los policías golpeando a un manifestante representa una amenaza para la seguridad nacional y ordenó el interrumpir las comunicaciones en esa área. No hay forma de llamar a una ambulancia en caso de urgencia, los periodistas no tienen forma de comunicar la noticia y los ciudadanos están imposibilitados de mandar algún mensaje a sus familiares>>

La preocupación es general, desde la sociedad civil representada en colectivos como Libre Internet para Todos, representantes de la industria de Internet y legisladores en la Cámara de Diputados quienes recibirán la iniciativa una vez que ésta sea aprobada por el Senado.

Luis Fernando García, representante de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, hizo notar a los senadores durante su participación en el Foro sobre las Leyes Secundarias de la reforma a telecomunicaciones, el viernes pasado, que estas medidas son características de países como Venezuela, Turquía y Ucrania, donde existen bloqueos a la labor periodística y el ejercicio de derechos humanos.

“Abre la posibilidad de este tipo de escenarios que coartan derechos de libertad de expresión, de información, la privacidad de los usuarios y los principios de neutralidad de la red”, dijo.

A este escenario se suman otra serie de artículos propuestos por el Poder Ejecutivo, como el 189 donde señala una obligación establecida a los concesionarios de telecomunicaciones a “proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad”.

En los artículos 190 y 191 se agrega la obligación de permitir la intervención, por parte del gobierno, de las comunicaciones privadas, mientras que en el 192 obliga a los concesionarios a conservar un registro y control de los usuarios y las comunicaciones efectuadas durante dos años.

Aunque en la Estrategia Digital Nacional (EDN) de la Presidencia se plantea el impulso de las tecnologías de la Información basado en el acceso a Internet bajo principios como el derecho a la libertad de expresión y libre acceso a la información, la neutralidad de la red; la iniciativa del mismo Ejecutivo en las leyes secundarias al sector de telecomunicaciones dictan lo contrario.

El artículo 145, fracción III, la iniciativa señala que los concesionarios “podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.

Otras iniciativas han intentado regular los contenidos de Internet como ACTA, la “Ley Sopita” de México o “Ley Amprofon” y los lineamientos del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) al que México busca adherirse y que criminaliza a usuarios y proveedores de Internet que compartan contenido “protegido por la ley”.

Antecedentes

El escenario mexicano en materia de telecomunicaciones se distingue por un oligopolio, conformado por las compañías Telmex, Televisa y Grupo Azteca, por una histórica condescendencia de las autoridades ante estos poderes, y por la existencia de un marco legal perturbadoramente anacrónico (la actual ley de radio y televisión fue dictada hace más de cincuenta años).

Desde hace un mes he publicado una serie de artículos para entender la naturaleza de esta próxima reforma en telecomunicaciones, su trascendencia y sus particularidades. En sintonía con este ánimo, opté por compartirles una especie de cronología que nos permita entender los antecedentes fundamentales al actual escenario. Es decir, un breve recuento de la historia de las telecomunicaciones en México:

1851: Se instala la primera Red de telégrafos en la Ciudad de México

1878 Se introduce la telefonía

1882: Nace la Compañía Telefónica Mexicana

1902: Se introduce la radiotelegrafía; primera transmisión de datos por medio de ondas electromagnéticas prescindiendo de cables.

1923: Autorizan las primeras emisiones radiofónicas como las del CYL de Raúl Azcárraga, y las de CYB de El Buen Tono

1935: Había en México 71 estaciones de radio, en 1946 eran ya 240.

1940: Se establece la Ley de Vías Generales de Comunicación que disponía que toda vía de comunicación fuera de utilidad pública, por lo que su construcción, establecimiento y operación, así como los servicios conexos, requerían de concesión o permiso del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

1947: Nace “Teléfonos de México S.A.”

1951: Se otorga la segunda concesión a Emilio Azcárraga Vidaurreta, operando así la XEW-TV- Canal 2

1952: Empezó a operar la XHGC-TV- Canal 5 de Guillermo González Camarena

1960: Se expide la Ley Federal de Radio y Televisión.

1981: Inicia la comercialización de telefonía móvil, Telcel es el primer operador.

1985: Son lanzados los primeros satélites mexicanos, el Morelos I y el Morelos II.

1989: En México operaban 567 estaciones de televisión cuya cobertura abarcaba el 70% de la población.

1990: Se inicia la comercialización de la telefonía celular en el Distrito Federal.

1990: Telmex se privatiza durante el gobierno de Carlos

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