Antinomia

La investigación citada, logró determinar la forma anormal de cómo los administrados en Venezuela perciben sus deberes y obligaciones tributarias; y, sobre esa base contrarrestar esa errada percepción.

Esta investigación servirá de guía para la elaboración del presente trabajo, toda vez que el objeto de estudio implícito en aquel es la de inculcar cultura tributaria en los administrados, siendo entendido que el desarrollo de dicha cultura comprende el conocimiento, al menos somero, de las disposiciones sancionatorias del ordenamiento jurídico positivo pertinente a la materia en Venezuela, que en la presente investigación es el objeto de estudio sustancial.

Villalobos (2010),en su trabajo titulado “Las Antinomias y Lagunas Jurídicas en Venezuela”, realizado en la Universidad Central de Venezuela para optar al título de Especialista en Derecho Constitucional, estableció como objetivo estudiar la presencia de las Antinomias y Lagunas en el ordenamiento jurídico venezolano y las formas o técnicas para resolverlas.

La investigación fue documental, la población estuvo conformada por libros y textos referentes a la materia. Con este estudio se logró establecer mediante la técnica utilizada, que son los principios rectores los que intervienen en el proceso para la solución de las Antinomias, como resultado de choques normativos en Venezuela.

De igual modo, resulta relevante para esta investigación, ya que de manera implícita, evalúa la razón por la cual se presentan los choques normativos y la forma de resolver dichos problemas, constituyendo sus resultados, los aportes de conceptos fundamentales para la presente investigación.

Con este estudio se logró establecer mediante la técnica utilizada, que son los principios rectores los que intervienen en el proceso para la solución de las Antinomias, como resultado de choques normativos en Venezuela. De igual modo, resulta relevante para esta investigación, ya que de manera implícita, evalúa la razón por la cual se presentan los choques normativos y la forma de resolver dichos problemas, constituyendo sus resultados, los aportes de conceptos fundamentales para la presente investigación.

Hernández, Gómez (2011), en su trabajo sobre los “Mecanismos de Acceso a la Defensa del Administrado Aduanero”, realizado en la Universidad Monte Ávila para optar al título de Especialista en Derecho Marítimo, se fundamentó en el choque normativo existente con respecto a los procedimientos de naturaleza contenciosa en los que el administrado aduanero tenga un interés.

Asimismo, determinan el grado de utilidad que reporta a los efectos de su investigación, las disposiciones legales contenidas en el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley Orgánica de Aduanas. Para recabar la información que sirviera al objetivo de su estudio, realizaron una investigación documental por cuanto la información recabada fue extraída de textos, leyes, entre otros; siendo por tanto, la población de estudio; donde observaron directamente el material documental, cuyos resultados fueron valorados, mediante los cuales determinaron el grado de utilidad de los diferentes instrumentos legales que regulan la materia.

Vistos los resultados obtenidos en la citada investigación, se observa que aportarán al presente trabajo, la fuente (legislación tributaria) de donde los contribuyentes pueden fundamentar sus defensas.

2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL – DOCTRINAL – JURISPRUDENCIAL

A continuación se procederá a sustentar teóricamente el estudio, a través del análisis y desarrollo de diferentes teorías, fundamentos legales y jurisprudenciales, que son pertinentes para el desarrollo de esta investigación, estableciendo una sencilla y clara exposición de la temática y sustentando las bases para los juicios y conclusiones correspondientes.

2.1. ANTINOMIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN Y MULTA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA POR LOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

Existen diversas teorías que tratan de explicar el “principio de plenitud del derecho”, a saber de Vásquez (2006, p. 125) citando a Kelsen (1974), no existen lagunas en el derecho, toda vez que el derecho positivo todo lo resuelve. Al efecto, la citada autora realiza un esbozo sobre las características resaltantes entre el derecho legislado, inspirado en el derecho romano – germánico, y el derecho consuetudinario.

Posteriormente, Vásquez (2006, p. 137 ss.) se pronuncia sobre la coherencia del orden jurídico sobre la base del principio de “no contradicción”, donde manifiesta la presencia de fallo o defectos, denominados contradicciones, antinomias, incoherencias e inconsistencias.

Al efecto, citando a García – Máynez (1974) identifica a la contradicción normativa cuando, dos normas del mismo ámbito de validez (material espacial y temporal) se oponen; con Ross (1977) determina a la inconsistencia como la imputación de sanciones opuestas por el mismo hecho; y, con Engisch (1967) describe a la contradicción cuando una conducta es regulada simultáneamente como ordenada y prohibida.

De lo anterior, aprecian los investigadores que el ordenamiento jurídico vigente venezolano, conforme al principio de plenitud del derecho, las antinomias producto de contradicciones, inconsistencias y/o incoherencias, deben ser resueltas por el derecho positivo, a través de los mecanismos legales establecidos para corregir los defectos de técnica legislativa.

Dentro de los principios que se hacen extensivos a las actuaciones administrativas conforme a lo dispuesto en el artículo 49, en su numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV,1999), se encuentra el derecho a la defensa, consagrado en forma amplia y de estricta exigibilidad en todo procedimiento administrativo, especialmente cuando se trate de la posible aplicación de sanciones.

Según la (CRBV 1999), la presunción de inocencia implica una evaluación de los elementos subjetivos, como lo es el derecho a la defensa, si se presume la inocencia, hay que probar la responsabilidad; esto implica que hay que determinar el título del vínculo psicológico del sujeto con el hecho; así como que la carga de la prueba, por la falta de inocencia sobre los hechos controvertidos, corresponde a la administración.

De la misma norma citada se infiere, que profundamente ligado al principio de legalidad se encuentra el derecho a ser oído y, este a su vez, es contrario al establecimiento de presunciones. También, se consagran las exigencias que debe cumplir la autoridad judicial para poder lograr subordinación: preexistencia, competencia, independencia e imparcialidad. El principio de la legalidad implica

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