BREVES CONSIDERACIONES EN TORNO AL DERECHO PROCESAL CIVIL.

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BREVES CONSIDERACIONES EN TORNO AL DERECHO PROCESAL CIVIL.^[1]

En realidad son distintos los planos en que pude examinarse el texto que titula estos párrafos; en principio, llama la atención cómo Chiovenda define la jurisdicción a partir de la definición de soberanía. El autor aborda el tema de la soberanía como el poder inherente al Estado, o sea a la organización de todos los ciudadanos para fines de interés general. Es sabido que, con el correr de las décadas, esta expresión ha llegado a albergar significados diversos y, en ocasiones, inclusive opuestos; de estos, existen por lo menos dos concepciones que chocan de frente: La europea^[2] y la norteamericana: “En Europa, por un lado, los ingleses continuaban haciendo del principio de la soberanía parlamentaria una especie de dogma de fe y, por otro, en el continente, el auge del principio monárquico hacía que el rey fuese el titular del poder constituyente, a veces compartido con el Parlamento, no siendo la Constitución más que una declaración de principios, un programa político. Es decir, mientras en Europa se pensó, casi hasta el período de entreguerras, que esos principios o técnicas eran suficientes para asegurar la libertad del ciudadano frente al poder político, en Estados Unidos, sin renunciar a esa utopía liberal burguesa, se va a añadir un nuevo elemento. La Constitución, desde sus inicios, es una norma jurídica que ocupa la posición de suprema del ordenamiento jurídico”.^[3]

Pues bien, es a partir de esa definición tan elusiva en nuestros días, pero que el autor entiende como poder único del Estado, que el mismo emprende su análisis de la jurisdicción, pues dice que esta potestad engloba las tres grandes funciones del Estado: legislativa, gubernativa (o administrativa) y jurisdiccional. Lo que hace a fin de poder diferenciar la diferencia entre la función administrativa y la jurisdiccional, ambas de contenido particular, y por ende claramente distintas de la función legislativa de contenido general.^[4]

Cabe señalar que en nuestros días, y desde hace ya varios años,^[5] este concepto está en crisis; por eso resulta interesante ver cómo el autor en estudio parte de esta noción; máxime que en nuestro medio, como queda dicho, pueden reconocerse por lo menos tres corrientes de pensamiento en lo tocante a qué debemos entender por soberanía, el sistema europeo, el inglés propiamente dicho y el norteamericano; en los dos primeros, ya sea que se deposite en el monarca o en el Parlamento, la soberanía radica en los órganos del Estado; en la tercera vertiente, a la que se adhiriera el Constituyente mexicano, al igual que el modelo norteamericano, la soberanía no es un poder de mando que sitúa a los gobernantes en una posición de absoluta superioridad frente al gobernado ni tampoco una facultad omnímoda que el pueblo pueda transmitir al Estado o a su órganos, sino que se trata de un poder pleno que reside y pertenece al pueblo, el cual deposita en una asamblea convocada ex profeso, el Poder Constituyente, para que redacte un documento jurídico denominado: “Constitución”.

Otra de las cuestiones que se pueden destacar del libro es que, si bien estas dos funciones (la administrativa y la jurisdiccional) se refieren al Estado, en particular es exclusivamente del Estado la jurisdicción. Ello porque la función administrativa se desenvuelve también en un ámbito no jurídico al reconocer o integrarse de actos materiales.^[6] Mas generalmente suele decirse que el acto jurisdiccional presupone siempre relaciones jurídicas ya existentes y se propone la reintegración de derechos subjetivos lesionados, mientras que el acto administrativo, debiendo proveer a la consecución de una de las variadísimas utilidades económicas y morales de orden colectivo, tiende ordinariamente a regular las relaciones de hecho conforme a esta utilidad general.

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