CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS MÉXICO

CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS MÉXICO

Ciudad Juárez está ubicada en el norte del estado de Chihuahua, exactamente en la frontera con El Paso, Texas. Se caracteriza por ser una ciudad industrial -en donde se ha desarrollado particularmente la industria maquiladora- y de tránsito de migrantes, mexicanos y extranjeros. El Estado, así como diversos informes nacionales e internacionales, hacen mención a una serie de factores que convergen en Ciudad Juárez, como las desigualdades sociales y la proximidad de la frontera internacional que han contribuido al desarrollo de diversas formas de delincuencia organizada, como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de dinero incrementando así los niveles de inseguridad y violencia.

El 4 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó, una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la cual se inició el presente caso. La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001.

Se responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación del daño.

La Comisión y los representantes alegaron que desde 1993 existe un aumento significativo en el número de desapariciones y homicidios de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. Según la Comisión, “Ciudad Juárez se ha convertido en el foco de atención de la comunidad nacional como internacional debido a la situación particularmente crítica de la violencia contra las mujeres imperante desde 1993 y la deficiente respuesta del Estado ante estos crímenes”.

El Estado, reconoció “la problemática que enfrenta por la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, particularmente, los homicidios que se han registrado desde principios de los 90s del siglo pasado”.

Analizando los alegatos y las pruebas, la Corte observó que existieron diversas irregularidades en cuanto al hallazgo de los cuerpos, la custodia de la escena del crimen, la recolección y manejo de evidencias, la práctica de autopsias, la práctica de pruebas de ADN, la identificación y entrega de los restos. Así mismo hubo irregularidades en la elaboración de

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