CRITICA A LA REFORMA EDUCATIVA

El sistema educativo mexicano ha trascendido. Nuevos actores sociales han surgido y otros se hacen más visibles en el escenario de la educación nacional: gobiernos estatales, burocracias educativas federales y estatales; organizaciones sociales y del sector productivo; padres de familia y sus agrupaciones; organización gremial del magisterio en el ámbito nacional y sus secciones en cada uno de los estados; maestros y directivos escolares.

Además, el actor central de la educación, el alumno, está en una posición nueva en el ámbito conceptual y social a todos los niveles educativos.

Hoy se tiene mayor claridad respecto a las formas de intervención que distintos actores ejercen en la gobernabilidad del sistema educativo. En parte, este hecho parece estar asociado a las características de los diferentes tipos, niveles y modalidades de la educación, así como a la manera en que se relacionan las autoridades educativas entre sí, con las organizaciones sindicales y con otros actores sociales.

Si se atiende la perspectiva de la eficacia educativa, social y política, la capacidad de la administración de la educación para establecer objetivos y metas, evaluar resultados y compensar desigualdades, transita por la gobernabilidad del sistema educativo nacional Éste no es sólo un asunto técnico, ni trivial o meramente instrumental; significa la aptitud para lograr que el sistema realice sus funciones.

La gestión escolar y la labor docente suelen estar subordinadas a marcos curriculares y normativos que se establecen en la sep de manera homogénea para todo el país, con márgenes estrechos de decisión local y escolar. Ante esta situación surgen demandas reiteradas para ampliar las facultades y atribuciones de las autoridades educativas de las entidades, los docentes y directivos escolares.

Sin embargo, no necesariamente a mayores atribuciones de la autoridad y de otros actores locales corresponderá una mayor autonomía profesional de los profesores, entendiendo por ello la posibilidad de tomar decisiones sobre aspectos del ámbito pedagógico y curricular. Tampoco se puede asegurar que este rasgo habrá de corresponder en cada caso a una mayor creatividad en la gestión. La descentralización es indispensable para que en los sistemas estatales de educación se puedan encontrar caminos y crear nuevos puntos de equilibrio, a fin de alentar y promover una innovación favorable a la calidad y la pertinencia con nuevos marcos de actuación y de rendición de cuentas. Al analizar el proceso y los efectos de la federalización se advierte que el fortalecimiento de competencias locales para la conducción y gestión de los servicios educativos ha sido postergado.

Un camino para atenderla es la formación de funcionarios en las entidades, crear grupos profesionales con compromiso social, críticos e innovadores que permitan, por un lado, la atención pertinente a las necesidades locales y, por otro, el avance hacia una relación más simétrica entre el gobierno federal y los estatales respecto al diseño y aplicación de políticas y programas educativos.

La capacidad de los funcionarios de la educación para establecer objetivos y metas, evaluar resultados y compensar desigualdades transita por la gobernabilidad del sistema.

Como fruto de la transición democrática y el avance en la acción autónoma de cada uno de los poderes de la república, el Congreso de la Unión se perfila como un actor relevante para establecer condiciones jurídicas y financieras que sustenten de mejor manera los objetivos de la reforma iniciada hace quince años. Para asegurar los fines de la educación y cuidar la relevancia y coherencia de las políticas educativas, se requiere una nueva relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, tanto en el orden federal como en el estatal.

La intervención de los actores sociales suele expresarse con mayor intensidad a través de presiones

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