Camacho Ladron

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

En estos tiempos de cambios, en el ámbito nacional e internacional se observan interesantes transformaciones con especial atención en las sociedades cuyas comunidades participan de manera protagónica en sus destinos desenvuelta en un ambiente interactuante de valores y creencias en procura del bienestar colectivo y donde la información y la comunicación alternativas han sido determinantes para el impulso de estos procesos muy a pesar de las manipulaciones mediáticas indiferentes a las circunstancias históricas, fundamentalmente al fenómeno de la participación popular en su actuación en las políticas públicas.

En este orden de ideas, una cuestión de interés principal en la conducción de las instituciones modernas públicas o privadas a nivel global es el que corresponde a la gerencia estratégica. Según Matsushita (2000), “la gerencia siempre debe desenvolverse con una política de dirección abierta, a la que describe como: confianza en los empleados, dialogo fácil dentro de la empresa, alta moral de los trabajadores y, sobre todo, solidaridad empresarial (p.156).

Así mismo, el autor explica que la gerencia pública es un cargo de conducción que ocupa el director o jefe de una institución u organismo, lo cual sus múltiples funciones representan a la comunidad, personal administrativo, obreros, entre otros, coordinando todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos.

Dentro de este contexto, los nuevos modelos de policía constituye entre otros uno de los ejes del debate político latinoamericano donde estos deben desarrollar políticas que impliquen compromiso con las comunidades en función del control de la seguridad a cargo de los gobiernos nacionales y estadales mediante las fuerzas policiales atendiendo los nuevos paradigmas que impulsan la relación policía y la comunidad cuya función policial implica el compromiso con la comunidad.

Ahora bien, el delito es una consecuencia de la convivencia social donde se infringen normas legales. Se estudia desde el punto de vista de su práctica y su ubicación dentro de la legislación que los prevé; con referencia a las circunstancias que inciden en su existencia y comisión, los factores que fomentan el delito son la recompensa que se obtiene, la ocasión u oportunidad y la desocupación, aun cuando la Policía tiene como misión garantizar la tranquilidad, protección de los ciudadanos y sus propiedades, aplicando medidas de prevención, información y apoyo para mantener las relaciones establecidas con la comunidad, siendo necesario involucrarla en actividades de prevención del delito.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), establece en su artículo 322 lo siguiente:

La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional.

En cuanto a la prevención del delito, ha estado asociado a criterios de peligrosidad y eficientismo, en su mayoría, concentrado en estrategias postdelictum a través de leyes, penas, policía, cárcel, estrategias propias de una prevención reactiva, es evidente que cuando se intenta actuar antes de que ocurra el hecho delictivo, se desarrollan mayoritariamente tácticas de prevención/control situacional a través del despliegue policial y militar, que a pesar de lograr disminuir la sensación de inseguridad en algunas oportunidades, no logran más que actuar sobre los síntomas, sin enfrentar el fondo del asunto que se pretende resolver.

En este sentido, la seguridad ciudadana, es una función del Estado que se ejerce en los ámbitos Nacional y la República Bolivariana de Venezuela, responsabiliza al Ejecutivo Nacional de la organización de un Cuerpo Uniformado de Policía Nacional, quienes regulan las competencias estadales y municipales, en lo concerniente a la actividad policial. De allí, que el estado se convierte en garante de la seguridad de los miembros de la comunidad crea la policía, con la misión de prevenir actos delictivos, de desorden, controlando los actos que acontezcan y colaborando en catástrofes y emergencias públicas.

En Venezuela, actualmente existe la apertura de las nueva Ley y Plan de Policía Nacional, generando esto grandes inquietudes en todos los organismos policiales del país, en cuanto a cómo va a funcionar el mismo, a tal caso se hace necesario ingeniar estrategias con la finalidad de preparar a los funcionarios tanto personal como profesionalmente, esto con el propósito de optimizar el servicio a la comunidad y el buen orden social.

Dentro de este contexto, es importante analizar por qué el funcionario debe participar en la seguridad y bienestar de la ciudadanía. Entendiendo que el servicio de policía es el conjunto de acciones ejercidas en forma exclusiva por el Estado a través de los cuerpos de policía en todos sus niveles, conforme a los lineamientos y directrices contenidos en la legislación nacional y los que sean dictados por el Órgano Rector, con el propósito de proteger y garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para su integridad física, sus propiedades, el ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley.

En efecto la preocupación demostrada por el Estado por erradicar diversas causas y condiciones generadoras de delitos y de otras manifestaciones de conducta delictuales, se expresan de forma clara y palpable en la implementación de un conjunto de políticas y misiones sociales aplicadas en estos últimos tiempos. De allí, que la Carta Magna, protege los derechos humanos, civiles, las acciones militares y sobre todo, como debe ser la participación de lo ciudadanos en la vida política del país.

Tomando en cuenta lo anterior, se puede analizar cuáles son las políticas públicas que en estas materias, están intrínsecas dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comenzando por el preámbulo de la misma, el cual estipula que es el pueblo de Venezuela, quien refundará la República, a fin de establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica.

Ahora

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