Cambio Mde Mentalidades Por Acciones Sociales

CAMBIO DE MENTALIDADES POR ACCIONES SOCIALES

El salario mínimo vital en el Perú asciende a S/.750 al mes, al tipo de cambio unos US$250. Comparar este salario mínimo con el salario mínimo federal de Estados Unidos, de alrededor de US$1,350, sería tan doloroso como demagógico. Compararlo con el salario mínimo de dos de las economías con las que competimos y compartimos políticas y objetivos: Chile y Colombia, cuyos salarios mínimos ascienden a US$420 y US$350, respectivamente.

Cuando se hace la comparación entre las tres naciones y sus respectivos sueldos mínimos, resulta indignante que la diferencia con Perú sea alarmantemente amplia y muy por demás mejor respecto a los beneficios del mismo.

¿Acaso el Perú no debería plantearse tener un salario mínimo vital, por lo menos, similar al de Chile, una economía a la cual hemos hecho referencia durante los últimos 20 años como modelo de éxito a seguir? ¿Y acaso el empresario y comerciante peruano moderno estarían en contra de esta medida?

Si hiciéramos una encuesta entre comerciantes y empresarios acerca de subir el salario mínimo de US$250 a US$420, la inmensa mayoría de ellos diría que, si pudiera, lo haría inmediatamente, solo que la mayoría, sobre todo, los pequeños comerciantes y empresarios formales, simplemente no pueden.

Es bien cierto lo dicho aquí, ya que la sociedad peruana está siendo flagelada por la menesterosa situación salarial, el cual afecta a trabajadores como a los empleadores de los mismos en diversas maneras, más aun cuando los impuestos recortan los recursos para un ambientes más cómodo.

Un Estado que recauda a través de diferentes impuestos más de un 25% de lo que el empresario produce sin que este reciba a cambio los servicios públicos en seguridad, educación, salud, justicia e infraestructura que requiere para la competitividad de sus emprendimientos.

Dichos beneficios a cambio del IGV no son homólogos en manera alguna si es que no se brinda con calidad óptima, sin embargo la mediocridad de los servicios a cambio del recorte de los recursos monetarios de la empresa obligan a los empresarios a ser más consientes con sus necesidades primarias como educación, seguridad y salud.

Entonces, nos encontramos, por un lado, con miles de peruanos que apoyarían la subida del salario mínimo y, por otro, un Estado que recauda mucho sin ofrecer buenos servicios que les permitan bajar los costos y así poder pagar mucho mejores sueldos a trabajadores a los que hoy, como empresarios modernos que son, ven como colaboradores y aliados de un éxito compartido. Y es allí donde aparece la segunda interrogante. Si el Estado es un mal administrador de los recursos que los ciudadanos producen y si los ciudadanos que hoy producen quieren de corazón mejorar las condiciones de vida de sus colaboradores más humildes, ¿por qué entonces el Estado no se desprende de parte de eso que recauda, de manera que el empresario pueda hacer uso de ese ahorro para mejorar los sueldos en sus empresas?

Una idea muy poco ortodoxa se muestra de parte de Gastón, pero no es de consideración reprobable. Puede tener cabida para los empresarios que busquen el bien futuro de sus empleados y de los suyos, sería mucho más consistente que el insípido intercambio por servicios mediocres.

Porque el empresario formal ya cumple con las normas actuales tan perjudiciales para la competitividad de su empresa. En consecuencia, cumpliría la nueva norma con convicción porque sabe que esto beneficiará directamente a aquellos que colaboran con él, sin que, gracias al ahorro en el IGV, ponga en riesgo la baja rentabilidad que hoy tiene ni la estabilidad de su empresa y de los que trabajan en ella.

El empleador no tiene más camino que acceder

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