Comisión del Presidente sobre el Crimen y la Aplicación de la Ley en 1967

En un informe ante la Comisión del Presidente sobre el Crimen y la Aplicación de la Ley en 1967, Albert Biderman y otros especialistas en ciencias sociales presentaron conclusiones importantes obtenidas a partir de encuestas entre la población: el temor al crimen está poderosamente vinculado con las condiciones desordenadas en los vecindarios y comunidades, el resultado de este estudio fue crucial para integrar políticas y prácticas de policía, pues el temor influye en la conducta de los ciudadanos, en la década de 1960, cuando se identificó por primera vez la relación entre el temor y el desorden, el nivel de delitos graves empezaba a convertirse en un asunto de gran preocupación política Barry Goldwater y Lyndon Johnson se lanzaron uno contrael otro para ver quién sería más duro contra la delincuencia, en su campaña por la presidencia de los Estados Unidos en 1964. Los expertos legales y los abogados practicantes se interesaron casi exclusivamente en los delitos "graves" aquellos que parecen más severos y de mayores consecuencias para la víctima como asesinato, violación, robo, asalto y robo en las casas, si bien la policía y los abogados penalistas ignoraron el desorden, los ciudadanos y los funcionarios locales no lo hicieron. Una historia de activismo político en lugares públicos y un clima hospitalario durante la mayor parte del año contribuyeron a aumentar, más que en la mayoría de otras ciudades, el número de personas que vivían en las calles, sus habitantes empezaron a dejar de transitar por calles y vecindarios por temor a los pordioseros agresivos. En 1991, un estudio sobre las actitudes de la gente y las experiencias con la mendicidad agresiva en San Francisco reveló que al 90 por ciento de los vecinos se le acercó un pordiosero en un lugar público al menos una vez durante el año anterior, y que de aquellos a quienes se les acercaron, el 39 por ciento tuvo temor por su seguridad física durante al menos alguno de los encuentros, mientras que el 33 por ciento dio dinero a los pordioseros, en ocasiones por la presión que percibió.Los ciudadanos decidieron movilizarse más allá de sus temores y abandonar su falta de acción para exigir que la policía, los procuradores de justicia y otros funcionarios restauraran el orden en las calles de la ciudad. La respuesta de la policía y los procuradoresfue dar prioridad al combate a la mendicidad agresiva y los campamentos en la vía pública, junto con la prostitución callejera, que también es una de las principales preocupaciones de los residentes de ciertos vecindarios, sin embargo, las labores de las autoridades de la ciudad para reaccionar de manera positiva a las exigencias de los ciudadanos fueron atacadas en una demanda legal que cuestionaba su apoyo en un decreto del estado de California que prohibía "abordar a alguien con propósitos de mendigar". Si preguntamos a los residentes, comerciantes y asistentes cotidianos acerca de los mayores problemas en sus vecindarios, casi invariablemente hablan de los automóviles abandonados, grafiti, ebrios en la vía pública, prostitución, pandillas de jóvenes en los parques y otras manifestaciones de conducta desordenada. La gente actúa de acuerdo con estos temores: muchos eligen dejar la ciudad. En una encuesta fascinante del Fondo de Bienestar Común, cerca del 17 por ciento de la gente que abandonó la ciudad, dijo que si el Departamento de Policía hubiera tratado con seriedad los delitos menores, eso habría influido de manera determinante en su decisión. El 59 por ciento de los que dejaron la ciudad lo hizo para mejorar su calidad de vida. Tres de cada cinco personas que aún viven en la ciudad de Nueva York dijeron que la basura, los grafiti, el ruido, los pordioseros y la gente sin hogar son los factores que redujeron su calidad de vida y la de sus familias. Este es el tema central para el futuro de la ciudad de Nueva York. Otros residentes, en lugar de abandonar las ciudades, compran armas y perros, algunos abandonan servicios públicos como el transporte y otros se encierran en sus casas y sólo salen cuando es absolutamente necesario. Muchos han hecho causa común con sus vecinos para exigir que la policía, los procuradores de justicia y los tribunales resuelvan sus necesidades. En Seattle, ancianos residentes de una asociación no lucrativa de vivienda, junto con el Indian Center de Seattle, presentaron no hace mucho un oficio ante un tribunal local, a nombre de la ciudad, para apoyar las restrictivas "leyes de conducta en las calles", que incluyen un ordenamiento que hace ilegal sentarse o acostarse en las banquetas en el centro de la ciudad y en las áreas comerciales del vecindario, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Estas personas de bajos ingresos, muchas de las cuales fueron gente sin hogar, se preocuparon de no tener seguridad para ir a la tienda de la esquina y sintieron que aumentaba su vulnerabilidad ante la delincuencia, cuando vieron que los residentes de otras áreas, por temor, evitaban visitar su vecindario. Junto con los representantes del Indian Center, un centro de atención para ebrios consuetudinarios sin hogar, estos ciudadanos afirmaron que el establecimiento de normas de conducta en el área circunvecina no era un ataque a la dignidad de las personas sin hogar, menos aún cuando esas normas ayudaban a que los adictos a sustancias tóxicas superaran sus patrones de conducta autodestructiva, la calidad de vida y el desorden siguen encontrándose entre los temas más urgentes que abordan los políticos locales, independientemente del partido al que pertenezcan. Sin embargo, el debate nacional sobre la criminalidad se enfoca exclusivamente en los delitos graves y temas relativos a ellos: la pena capital, "la tercera es la vencida", la necesidad de más prisiones, el control de armas y la cantidad de policías en la calle. La falta de continuidad entre la concepción de los políticos nacionales y los legisladores sobre el "problema de la criminalidad", y la opinión de los ciudadanos que lo resienten y observan más detenidamente el desorden continuo que los envuelve como un delito grave, resulta problemática en dos aspectos. Primero, es poco probable que las políticas que emanan del nivel nacional, financiadas con dinero federal, produzcan programas que satisfagan a los ciudadanos. Segundo, esas políticas probablemente no tendrán un impacto sustancial sobre la criminalidad, sin importar la forma en que quieran definirla. Es tiempo de cambiar totalmente nuestra manera de pensar acerca de la criminalidad, específicamente, si vamos a entender el problema desde el punto de vista de los residentes de los vecindarios, los comerciantes y demás ciudadanos que lo viven, debemos ir más allá de las estrechas definiciones que caracterizan el criterio político, profesional y normativo. . Es muy importante que si vamos a atender el problema de la

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