Constitucion Política

SE CUMPLE CON EL ARTICULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

ART. 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la C.P; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Con la Constitución Nacional, el país avanzó en el proceso de descentralización administrativa, política y fiscal, que buscaba fortalecer la democracia local y la autonomía territorial. Se propuso un modelo de desarrollo económico y social equitativo e incluyente; se consolidó una apertura del mapa electoral a distintas y distantes fuerzas sociales y políticas, y se le otorgó mayoría de edad a los antiguos territorios nacionales. Igualmente, se proclamó la participación ciudadana como principio constitucional y se garantizaron los derechos económicos, sociales, ambientales, políticos, culturales y étnicos de todos los ciudadanos, incorporando mecanismos reales para su aplicación y restablecimiento.

Permitió también el reconocimiento de los derechos irrenunciables de poblaciones y sectores tradicionalmente marginados de la vida política como los indígenas, afrocolombianos, raizales, mujeres, niños y niñas, jóvenes y movimientos religiosos.

Se ha visto afectada la aplicación, el alcance y la vigencia de la Constitución, especialmente por la corrupción, el narcotráfico, la violación de los derechos humanos y la vulneración del derecho internacional humanitario por parte de organismos estatales y no estatales, así como la penetración de los grupos armados ilegales en la institucionalidad del país y su incidencia en las decisiones públicas, tanto en el nivel nacional como territorial.

Los continuos escándalos relacionados con la corrupción administrativa, la injerencia de los grupos al margen de la ley en las corporaciones públicas y en las elecciones de los mandatarios, el resurgimiento de grupos emergentes en las regiones, los falsos positivos, la persecución a los defensores de derechos humanos, las interceptaciones telefónicas a personajes públicos y el desconocimiento a la autonomía de la Rama Judicial, entre otros, afectan la confianza ciudadana y la institucionalidad establecida por la Constitución de 1991.

Para cerrar puedo concluir que la C.P.C tiene sus falencias

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