D. Administrativo

Para efectos didácticos y bajo la premisa fundamental del objetivo de estos apuntes, bien podemos agrupar las atribuciones del Estado en las categorías siguientes:

a) Atribuciones para reglamentar la actividad privada.

Si el Estado interviene regulando jurídicamente la actividad privada, su actuación se explica y justifica en el hecho de que los intereses individuales necesitan coordinarse a fin de mantener el orden jurídico.

Los autores individualistas sostienen que el Estado no debiera intervenir pero, de tener que hacerlo, debe reducir al mínimo las leyes de carácter imperativo y, en su lugar, usar con absoluta preferencia leyes supletorias; que las disposiciones, deben ser represivas más que preventivas, ya que estas últimas imponen, por su propia naturaleza, serias restricciones a la libertad individual.

Los autores estatistas consideran que la intervención del Estado en la reglamentación de la actividad debe hacerse por medio de leyes imperativas. Abogan asimismo por el desarrollo de la legislación preventiva al lado de la represiva, considerando que ésta es ineficaz para dar protección al derecho, ya que sólo actúa cuando se ha consumado su violación.

b) Atribuciones del Estado de fomentar, limitar y vigilar la actividad

privada.

Tienen el propósito de mantener el orden jurídico. Pero a diferencia de las que forman la primera categoría, cuyo propósito es la coordinación de intereses individuales entre sí, las de ésta tienden a coordinar esos intereses individuales con el interés público.

La doctrina individualista sostiene que, en principio, deben excluirse las que fomentan la actividad privada en forma tal que coloquen al individuo en situación superior en la lucha económica y que alteren de cualquier manera la libre concurrencia de los factores de la producción.

Por lo que toca a la limitación y vigilancia de la actividad privada, también considera que el ejercicio de tales atribuciones crea un estado artificial que obstruye la coordinación de las actividades individuales y sostiene que la intervención del Estado debe reducirse al mínimo y desecharse el sistema de previa autorización para constituir una seria traba a la libertad natural.

La doctrina estatista sostiene que el fomento y ayuda de la actividad privada constituyen medios necesarios para corregir las desigualdades que crea la lucha económica; que la subvención, la tarifa proteccionista y el impuesto que se establece con el propósito de proteger determinadas actividades, son medios a los cuales el Estado debe recurrir si no quiere ver trastornada su economía por las injustas y perjudiciales 'consecuencias de la libre concurrencia.

En el artículo 28 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos dispone que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia, todo acto o procedimiento que evite la libre concurrencia en la producción, industria o comercio, o servicios al público y, en general,

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