DERECHOS HUMANOS EN EL USO DE LA FUERZA Y ARMAS DE FUEGO POR LA PNP

DERECHOS HUMANOS EN EL USO DE LA FUERZA Y ARMAS DE FUEGO POR LA PNP: PRINCIPIOS PARA EL USO DE LA FUERZA Y ARMAS DE FUEGO. USO PROGRESIVO DE LA FUERZA. TÉCNICAS Y MÉTODOS EN EL CORRECTO USO DE LA FUERZA POR LA PNP. ELABORACIÓN DE UN MANUAL PRÁCTICO CON EJERCICIOS PARA CAMPO ABIERTO Y PARA AULA

CAPÍTULO I:

EXPOSICIÓN DE PROBLEMAS

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La función policial se desempeña a partir de los procedimientos y técnicas de intervención policial, los cuales deben respetar los derechos humanos. La Policía Nacional del Perú exige necesariamente brindar un servicio de alta calidad y eficiencia a la comunidad. Esto genera, entre otras acciones, la necesidad de sistematizar sus procedimientos operativos dentro de las normas de los derechos humanos y la ética.

La naturaleza de la función policial es compleja, variada y crítica; no sólo se produce después de un hecho anómalo, de manera reactiva, sino aun con mayor énfasis antes de éste, obligando a la adopción de medidas preventivas. Por lo tanto, esta tarea demanda permanente capacitación y entrenamiento del efectivo policial para garantizar así su conducta ética en el marco de la ley, constituyéndose en un referente para la sociedad; lo que le permitirá enfrentar con éxito las nuevas formas de asistencia y defensa de ella, ya que el fin último de la Policía es servirla y protegerla.

La función policial es la actividad del Estado que regula y mantiene el equilibrio entre la existencia individual y el bien común; estableciendo restricciones y limitaciones a los derechos y libertades, y recurriendo a la coacción de ser necesaria, para garantizar la convivencia social en ejercicio de la ley.

La característica principal de las vulneraciones de los derechos humanos es que éstas se realizan por agentes del Estado o por quienes actúan por orden o con conocimiento de éste. En el cumplimiento de las funciones asignadas, la Policía Nacional ejerce el poder coercitivo del Estado, respetando, promoviendo y garantizando los derechos humanos.

El artículo 8 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, recogido por la Ley de la Policía Nacional, establece que el funcionario tiene la obligación de hacer cuanto esté a su alcance para impedir toda violación de la ley y oponerse rigurosamente a tal violación; asimismo, los que tengan motivos para creer que se ha producido o se producirá una violación informarán a sus superiores y, si fuera necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas. Por otro lado, no se impondrá ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, en cumplimiento del Código de Conducta y de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, se nieguen a ejecutar una orden para emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros funcionarios.

En las Comisarías PNP de la Región Policial Lima las intervenciones policiales afrontan la siguiente problemática desde el punto de vista del respeto por los Derechos Humanos:

1. Se producen casos manifiestos de abuso de autoridad, ya sea durante los operativos de patrullaje efectuando arrestos irregulares o ejecutando intervenciones fuera de la ley, con la finalidad de conseguir una prebenda o un pago determinado. También se denuncian casos de abuso de autoridad en la misma Dependencia o Delegación Policial, como es el caso de la Comisaría PNP Miraflores donde dos personas con fecha 11 de setiembre del 2014 denunciaron haber sido maltratados en su integridad.

En la fecha señalada dos ciudadanos que fueron a presentar su denuncia ante esta dependencia denunciaron que fueron agredidos por personal de dicha dependencia.

Otro caso similar de abuso de autoridad y agresión se dio el 08 de setiembre del 2013 en la Comisaría PNP José Carlos Mariátegui en la zona de San Gabriel en el distrito de Villa María El Triunfo. En esa oportunidad un empresario acusó a un Mayor PNP por abuso de autoridad y agresión.

Sumamente indignado el empresario Juan Antonio Herbias Robles (46) acusó a un mayor de la policía y sus efectivos de haber retenido su vehículo, tratar de arrestarlo y provocar que unos perros le muerdan por negarse a pagar una coima, en Villa María del Triunfo. El denunciante, dueño de una flota de mototaxis, aseguró que el hecho ocurrió la noche del pasado 3 de setiembre, cuando una de sus motos, de placa NG-27998, fue intervenida por personal de la comisaría de José Carlos Mariátegui, en la zona de San Gabriel. “Fue durante un operativo de rutina. Como el brevete del chofer había sido tramitado en Oyón, un teniente le dijo que no tenía validez en Lima y le pidió 50 soles a cambio de dejarlo ir. El chofer no accedió y el teniente le rompió su brevete”, afirmó mortificado.

Asustado por tal situación, el chofer Marco Edison Tirado Cueva pidió el apoyo de Herbias, quien llegó al lugar de la intervención con la tarjeta de propiedad del vehículo. “El teniente trató de arreglar conmigo, me dijo que podíamos llegar a un acuerdo y yo me negué, le dije que mejor fuésemos a la comisaría”, agregó Herbias. En la dependencia policial, el empresario aseguró haber sido víctima de abuso de autoridad por parte del mayor PNP Comisario, quien prácticamente avaló la actitud del teniente. “Yo solo pedí que me entreguen la moto, que me pongan la papeleta correspondiente y actúen de acuerdo a ley. Pero se negaron aduciendo que el encargado de tránsito ya no estaba”, acusó.

Molesto por el maltrato de que era víctima, Herbias decidió llamar a su abogada, quien le aconsejó apuntar el nombre del Comisario, signado en el cuadro de honor del recinto policial. Esto fue lo que más les molestó y por eso trataron de enmarrocarme, a lo que yo me opuse. En el forcejeo con los agentes, unos perros de la Comisaría se fueron contra mí y me mordieron”, contó mostrando el diagnóstico del médico legista. La denuncia formal del empresario agraviado fue puesta en la Fiscalía Provincial Penal de Villa María del Triunfo, así como en la sede del cono sur de la Defensoría del Pueblo.

2. Uso excesivo de la fuerza en las intervenciones como consecuencia de flagrancia delictiva menor

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