Debido Proceso en el Ámbito Penal

El debido proceso se caracteriza por constituir una especie de contrapeso a las arbitrariedades del Estado frente a los ciudadanos. Esta garantía de carácter procesal implica el respeto irrestricto a las normas prestablecidas y a las formalidades que las mismas preceptúan. De igual forma, que lo no previsto en las normas se constituya en una prohibición para los individuos y una permisión para los órganos del Estado.

El debido proceso como tal, reviste dentro de un Estado Constitucional una garantía de primer orden. Esto así, pues permite el establecimiento de los mecanismos y herramientas para acceder a la sede judicial y por otro lado, brinda las pautas que han de observarse una vez iniciado el proceso judicial a los fines de garantizar un proceso justo y apegado a las normas. Se podría afirmar entonces, que sin la protección de ésta garantía el Estado de Derecho no tendría razón de ser, pues su finalidad consiste en la protección efectiva de los derechos y garantías fundamentales establecidas a favor de las personas.

De igual manera, la justicia como valor no sería tal sin observar aquellas reglas y formalidades consagradas a favor de los individuos cuando sus derechos son cuestionados. En la justicia penal es donde ésta observancia reviste de mayor importancia, puesto que en ocasiones el ius puniendi estatal se vuelve desorbitante y se configuran las más graves arbitrariedades y violaciones a derechos fundamentales. Por esto, ha de descansar en el juzgador el deber de velar que ante la jurisdicción de juicio siempre se cumplan las garantías del debido proceso legal.

Partiendo de lo anterior el debido proceso en el ámbito penal podría decirse que ideológicamente implica la tutela de los derechos y garantías de las partes en pugna en un proceso de tipo penal. Del lado del imputado debido proceso significará que la decisión adoptada fue conforme al derecho y en caso de condena que las pruebas fueron obtenidas legalmente, que éste pudo rebatirlas y presentar medios en su defensa. De igual forma, que las vías recursivas se encuentran abiertas para impugnar la decisión en caso de inconformidad con la misma. Por el lado de la víctima debido proceso representará la garantía a ser escuchada a obtener respuesta de sus reclamos y la protección de sus derechos.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en su artículo 8 consagra lo referente a las garantías judiciales, que aunque aplican para todo proceso civil, laboral, administrativo debido a la ola de constitucionalización de todos los procesos judiciales, las referidas garantías en principio fueron establecida para los procesos penales. En resumen las garantías establecidas en el mencionado artículo son las que siguen: 1. Derecho de las personas a ser oídas dentro de un plazo razonable y con las debidas garantías; 2. Principio de juez natural, establecido con anterioridad al hecho punible; 3. Presunción de inocencia; 4. Garantías del derecho de defensa; 5. Defensa técnica gratuita en caso de ser necesario; 6. Derecho de igualdad de armas procesales; 7.  Derecho a la no autoincriminación; 8. Derecho a recurrir; 9. Principio de non bis ídem; 10. Principio de publicidad del proceso. Cabe destacar que la lista establecida en el artículo 8 de la Convención no es un númerus clausus, pues faltan algunos principios que forman parte del debido proceso penal. Dentro de los que se pueden destacar el principio de oralidad; principio de inmediación; principio de concentración, entre otros.

...