Delincuencia

La experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la participación de la ciudadanía, es por ello que con un nuevo esquema, la formulación de programas y la realización de acciones del quehacer público, deben establecerse con la participación de la sociedad.

En tal virtud, las políticas públicas del actual Gobierno se enfocan hacia la corresponsabilidad que debe darse tanto en la organización social como en la autoridad que la dirige, pues es evidente que el país perdió los espacios públicos, debido a que la delincuencia y el crimen organizado encontraron en ellos los lugares ideales para perpetrar sus ilícitos.

El incremento de la delincuencia y la sensación de inseguridad en la población, unido a una desconfianza generalizada en la capacidad de dar solución a dicha problemática por parte de las instituciones policiales han generado una participación de los militares en el control de la misma en diversas ciudades del país. Si bien los defensores de los derechos humanos y las libertades civiles son partidarios de una separación clara entre ambas fuerzas –y ponen énfasis en la importancia de la supervisión civil y el respeto a la legalidad– en la actualidad esta distancia se está acortando.

Las transiciones a la democracia parecían anunciar una reducción del papel del ejército en la aplicación de la ley a nivel local, y un avance hacia la profesionalización de la policía. Con el regreso de la democracia los militares y las policías redefinieron su rol en la sociedad. A los primeros se les intentó poner límites en su accionar interno, se los vinculó especialmente con las tareas estratégicas de defensa nacional y, en algunos casos, se modernizaron sus procedimientos. Las policías, por su parte, se convirtieron en los ejes de la seguridad pública, a cargo de la prevención y control del delito. Sin embargo, este proceso de cambio no se condijo con una reforma de sus estructuras semi-militares, disminución de los problemas de ineficiencia y corrupción generalizada, o la consolidación de estructuras civiles de regulación y monitoreo de sus acciones. Es así como luego de una década -y con un incremento de la delincuencia en el país, reaparece la alternativa de involucrar a los militares en tareas de orden interno. El presente artículo tiene como objetivo describir el contexto de esta nueva problemática interna, especialmente vinculada a los temas de criminalidad, así como los cambios acontecidos en las instituciones policiales. Un elemento de especial importancia para el análisis es que la participación de los militares en tareas de orden interno tiene el apoyo de la actual política exterior de Estados Unidos, cuestión que se explicita en su política anti-terrorista y en el manifiesto interés por enfrentar el narcotráfico y las pandillas juveniles a nivel regional, considerándolas “amenazas emergentes en la región”. En este marco se presenta a los cuerpos militares profesionales como alternativa real en el combate a la delincuencia.

La problemática de seguridad que padecen muchas ciudades del país denota, entre otros aspectos el abandono de espacios públicos, la desintegración comunitaria, la desconfianza ciudadana hacia las autoridades, el incremento del consumo de drogas ilícitas y la ausencia de los valores cívicos.

El Gobierno Federal, a través de la SSP concibe nuevas alternativas de solución que van enfocadas a un nuevo concepto para abatir los factores que originan la delincuencia, basándose en involucrar activamente a la ciudadanía en los programas de prevención.

Por ello, con la finalidad de responder a la demanda de la sociedad para contar con nuevas alternativas de seguridad pública y ante la urgencia por recuperar los espacios públicos perdidos y frente a la necesidad de fomentar una auténtica cultura de la legalidad, se creó la Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos (SPVDH).

Esta acción forma parte de una estrategia definida claramente en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y expresada en la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia para afrontar el fenómeno delictivo y los problemas de seguridad pública desde la perspectiva de la prevención del delito y la participación ciudadana.

Lo anterior tiene el propósito de construir entornos seguros y devolver a la ciudadanía la confianza en sus instituciones públicas, para hacer un frente común y atacar los factores que originan la criminalidad.

A partir de esta premisas, se ejecutan renovadas acciones y estrategias, se trazan acuerdos con organizaciones sociales y civiles especializadas tanto en la prevención del delito, como en la vinculación y participación ciudadana, tal es el caso de la organización “México Unido Contra la Delincuencia” que ahora participa en la definición y seguimiento de indicadores de impacto y desempeño en materia de seguridad pública. En este nuevo proyecto, el compromiso es con la sociedad, los avances se darán en plena conjunción con los gobiernos locales y bajo un sistema de absoluta transparencia.

Mención especial merece el aumento de la violencia juvenil, la que se caracteriza por la participación de jóvenes en actos delictuales con alta utilización de violencia. En este sentido se observa la aparición de las pandillas juveniles, vinculadas con el delito callejero en un primer momento y luego al tráfico de drogas. Estos grupos juveniles juegan en la actualidad un rol central en las agendas de seguridad pública del país y adicionalmente en las agendas de seguridad regional. Esto último debido a que empiezan a ser consideradas como “amenazas emergentes” posiblemente vinculadas con el crimen organizado.

Las policías debieran ser las instituciones que detentan el monopolio del uso de la fuerza legítima interna del Estado. Es así como en el marco del Estado de Derecho se puede utilizar la fuerza para restablecer el orden social. Lamentablemente, en muchos casos la fuerza se utiliza de forma ilegítima conduciendo al aumento de los ciudadanos muertos por las policías o a la violación de otros derechos humanos. Esta utilización de la fuerza se evidencia especialmente en los procesos de detenciones así como en el tratamiento de la población carcelaria.

La institución policial responde a las necesidades de la sociedad en su totalidad, lo cual la obliga a responder de forma equiparable ante las diversas presiones de la ciudadanía, sin embargo, esta característica se ha erosionado en la última década en prácticamente todos los países de la región por dos procesos paralelos. En primer lugar, el aumento del financiamiento privado y la carencia de regulación del mismo tienen un impacto negativo evidente en la

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