Directrices Contra La Corrupcion

10 LINEAS DE ACCION CONCRETAS PARA ERRADICAR LA CORRUPCION EN HONDURAS.

1. Crear sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios que aseguren la transparencia, equidad y eficiencia de tales sistemas.

Con el propósito de lograr la contratación de funcionarios públicos a través de procesos que garanticen la selección de los candidatos más idóneos para el desempeño de un cargo, basados en criterios de mérito y bajo procedimientos transparentes, se continúan desarrollando procesos de selección abiertos basados exclusivamente en el del mérito y la capacidad del aspirante para desempeñarse como funcionario público. Convocar por carreras específicamente al puesto a desempeñar, Portal Único de Contratación Estatal.

Crear un Portal Único de Contratación, instrumento por medio del cual se promueve la transparencia y eficiencia del Estado con un acceso ágil y oportuno a la información de las adquisiciones públicas, utilización de un sitio Web centralizado, donde se pueda ver plazas y candidatos propuestos y personas interesadas en los cargas para garantizar la transparencia al momento de la selección mecanismos como estos generan motores de confianza y una reacción en cadena que modifica la manera de ver la contratación de personal en el estado.

2. Crear mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

Mantener una comunicación interactiva con la población y ofrecer un mejor servicio, posibilitando así el acceso ágil y oportuno a los servicios de Gobierno desde lo Local a lo Nacional; La participación ciudadana es una base para la lucha contra la corrupción.

Mediante este mecanismo, la sociedad podrá vigilar el comportamiento de las entidades estatales en el cumplimiento de la misión para la cual fueron creadas, incluido el manejo de los recursos públicos destinados al desarrollo social. Las exigencias de la ciudadanía, en uso de sus legítimos derechos, de un mejor cumplimiento por parte de las entidades públicas que generan bienes y servicios y que inciden en el mejoramiento de su calidad de vida, su interés por la efectiva rendición de cuentas de parte de los gobernantes y de acciones eficaces que disminuyan o eviten la corrupción y el fraude, representan grandes desafíos, especialmente para las entidades fiscalizadoras superiores. La participación ciudadana, se considera un proceso mediante el cual se integra al ciudadano en la toma de decisiones, la fiscalización, el control y la ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en la cual se desenvuelve. La participación del ciudadano es el ejercicio por éste de su derecho a participar en los asuntos del Estado e interactuar con éste. Se concibe como un derecho que tienen las personas, individual o colectivamente, de participar en los procesos de toma de decisiones en cualquier ámbito de la vida social. Por este motivo, las entidades fiscalizadoras superiores han promovido la divulgación de su gestión a través de sus páginas Web, y el establecimiento de un sistema de participación ciudadana, sustentado por normas que regulan los canales, formas y modalidades de participación y cooperación de la sociedad con estas entidades, así como con otros organismos competentes en la lucha contra la corrupción. Establecimiento de la educación ciudadana y de mecanismos de difusión para su propagación con el propósito de garantizar la transparencia administrativa. De esta forma, las entidades fiscalizadoras superiores han desarrollado los medios de mantener informados a los ciudadanos con respecto a la función que cumplen y el alcance de sus decisiones.

3. Auditorías Visibles.

Consiste en hacer seguimiento visible a proyectos cofinanciados con recursos del Gobierno Nacional y de regalías, con los ciudadanos usuarios y beneficiarios de los proyectos, articulados e integrados con los supervisores, auditores e interventores que hacen parte de los esquemas de control y vigilancia de las entidades del nivel central, los interventores del nivel territorial y las administraciones. Convocando a los actores institucionales en la ejecución de los proyectos y los usuarios y beneficiarios de los proyectos, generamos espacios de interacción para dar vía a la resolución de conflictos y la generación de alertas tempranas de hechos de corrupción y de forma preventiva, en la ejecución de los proyectos.

4. Fortalecimiento de nuestra educación, con elementos mucho más éticos y correctos.

Abordar temas de ética profesional en los programas de formación académica con docentes constituye una oportunidad para reflexionar consciente y responsablemente a la luz de la situación social, en nuestro caso, en Honduras, e inferir en qué medida y de qué manera, como educadores todos, hemos enfrentado los aportes y la influencia de la globalización, en la mayoría de los casas amparados en la ciencia y la tecnología como factores de desarrollo; desde esta perspectiva considerando que la misión de la escuela es la formación de ciudadanos, es necesario determinar qué tipo de escuelas, qué contenidos, qué maestros son los que necesita Honduras, partiendo de las políticas educativas nacionales. Esto implica poner el acento en modalidades eficientes de descentralización del sistema educativo que permitan una efectiva democratización del sector, la implementación de políticas de discriminación positiva que sienten las bases para la equidad en el acceso social a la educación y una formación docente capaz de dar efectivo sustento a las reformas educativas, El docente no puede ser solamente el profesional que “maneja” su disciplina, sino también el sabio, que conoce cómo obrar, en la ciencia y en la vida; y ambos saberes pueden y deben ser comunicados a los estudiantes, pues es la mejor ayuda que puede recib Requerimos de una re-conversión de hombres y mujeres en ciudadanos y ciudadanas conscientes, libres y responsables, plenamente partícipes de los procesos de socialización cultural, política, económica, etc. El desafío de los profesores no es sólo transmitir conocimiento, su profesión conlleva un desafío de enorme trascendencia moral: formar hombres y mujeres libres capaces de autonomía moral, pero también felices y en constante relación constructiva con los demás. Porque aunque la ética es en sí misma primariamente personal, esta primacía no conlleva una indiferencia hacia una ―ética social.

En esta doble perspectiva, estrechamente ligada a la educación en valores, es donde deben situarse los cometidos sociales de la profesión docente.

5. El mejoramiento del Poder Judicial.

La selección de jueces y magistrados no debe hacerse a través de votos o popularmente, en virtud de que el Poder Judicial a diferencia de otros poderes tiene una función técnica y no política.

Otra mejora apunta a facilitar el acceso a la justicia con defensorías en el fuero común, con un plan de abogados privados cuyos honorarios serían pagados con recursos fiscales, lo cual evitaría costosas burocracias.

De igual forma alentar una estrecha vinculación con las universidades públicas y privadas, a efecto de que éstas modifiquen sus planes de estudio para incluir asignaturas que propicien la capacitación inicial de los alumnos en la función jurisdiccional.

Se propone que en las universidades se impartan talleres para la elaboración de resoluciones judiciales con valor curricular en las que participen como docentes, jueces y magistrados, además de que se evite el nepotismo.

Se sugirió para fortalecer la vigencia del código de ética, creación de una comisión de honor integrada por jueces y magistrados, que sea capaz de sancionar las conductas contrarias a dicho código. la carrera judicial debe seguir la búsqueda de reglas para un sistema de servicio civil de carrera, ya que valorar la función jurisdiccional "es muy difícil". Se deben considerar en la evaluación de los juzgadores indicadores que midan cantidad y calidad de las resoluciones, pues a un juzgador no se le puede medir únicamente por estadísticas.

6. Fomentar la participación ciudadana.

No sólo se refiere a la vigilancia de los recursos, sino también a la evaluación de los resultados concretos de la gestión. Se podría ir más allá, es decir que la participación ciudadana –como Contraloría Social- posibilite a la comunidad organizadainiciar y dar seguimiento a denuncias de actos ilícitos por parte de los servidores públicos.

El fortalecimiento de la sociedad civil y de la ciudadanía, se convierte en un elemento fundamental para generar un contrapeso al sistema formal de hacer política y gobierno, tanto con respecto a los tres poderes del Estado y como a los entes contralores. Ante la ausencia de autonomía e independencia del Estado, y la aproximación a una captura del Estado por los grupos políticos y económicos, el rol decisivo en el combate a la corrupción recae en la ciudadanía. Si bien es cierto, las experiencias exitosas y permanentes no son muchas desde el punto de vista de logros, la dirección encontrada es la correcta, y supone un proceso lento, gradual y que puede aún tener retrocesos.

7. Más transparencia en los Procesos de denuncia, investigación y documentación de casos ilícitos.

8. Más cooperación y mayor responsabilidad de las empresas.

La prevención afecta no sólo al ámbito de actuación del corrupto, también el del corruptor. En este sentido, resulta esencial fomentar la cooperación y la responsabilidad de las empresas, promover un papel de cooperador con la justicia

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