EL NUEVO INNFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD ECUADOR

INTRODUCCION A LOS DERECHOS HUMANOS

ANÁLISIS CRÍTICO DEL INFORME DE LA COMISIÓN

 DE LA VERDAD

 JIMENEZ ARMIJO DARWIN MARCELO

TNTE. ALEX FRANCISCO MESTANZA ZAVALA

JULIO, 12 del 2016

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD ECUADOR

El informe de la comisión de la verdad abarca los hechos suscitados desde el año 1984 al 2008 donde clara y explícitamente se demuestra la violación de los derechos humanos de la que fueron víctimas miembros de la sociedad civil y fuerzas armadas, por parte de grupos de elite policiales y militares creados para supuestamente eliminar a grupos subversivos que atentaban la seguridad interna del país; la oposición política al gobierno fue criminalizada y se consideró  como enemigos a todos aquellos que representaran cualquier tipo de oposición.

Los más arbitrarios y execrables atentados a los derechos humanos fueron perpetrados durante los años 1984 y 1988 en el periodo presidencial de León Febres Cordero quien ordeno el cometimiento de innumerables  violaciones  de los derechos humanos de quienes considero pretendían generar una guerra interna; infringiendo de esta manera la normativa legal nacional e internacional que protegía los derechos de los y las ciudadanas;  convirtiendo a la policía en una fuerza auxiliar represiva de las fuerzas armadas. El atropello de los derechos humanos a ciertos grupos como Alfaro Vive, Montoneros Pueblo Libre, conllevo a la desaparición forzada, tortura, denigración humana  y ejecución  extrajudicial de sus integrantes, todo esto al margen de la ley y bajo la presunción de oposición al gobierno que pretendía una dictadura.

La metodología instaurada en el periodo presidencial de León Febres Cordero para desarticular los grupos insurgentes en el país, eliminar a su dirigencia y reprimir a la oposición política, se basó en la creación de grupos especiales tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas. Mediante estas estructuras, este gobierno manipuló información privilegiada respecto de las organizaciones políticas opositoras, tácticas de guerra psicológica y usó la información del Estado en beneficio de sus intereses. La utilización de apelativos, centros de detención y tortura clandestinos al interior de dependencias policiales o militares, casas de seguridad, entre otros medios revela su intención de no dejar vestigios acerca de la autoría material o intelectual de las violaciones de derechos humanos, eximir de responsabilidad a los agentes del Estado e implantar la impunidad de los actos perpetrados.

Como uno de los resultados de la investigación realizada por la comisión de la verdad  se evidencio que durante los años 1984 y 1995 se capacitaba a los agentes de la fuerza pública en modalidades de tortura; se implantaba como un principio negar y mentir; así se encontraron réplicas de instructivos de la CIA para la adecuación de celdas y lugares de tortura, manuales de aprovechamiento de recursos humanos todo esto para conseguir supuestas confesiones forzadas y coaccionadas que sirvieran de respaldo para las diferentes aprehensiones indebidas, ejecutamientos extrajudiciales que pretendieron ser justificados como enfrentamientos y demás denigraciones de las que fueron víctimas integrantes de grupos sociales opositores al gobierno,  ciudadanos comunes y miembros de las fuerzas armadas; este autoritarismo por parte del presidente León Febres Cordero dio apertura a acciones policiales y militares más cercanas al terrorismo de estado que a la aplicación de la ley.  Claros ejemplos de abuso son los tan sonados casos como el de los hermanos Restrepo,  caso de los comandos de la Base de Taura, caso Fonseca, el desalojo de la cooperativa de minero de el Oro entre otras fueron caso de extrema vulneración de los Derechos Humanos por parte de miembros de las instituciones del estado. Quienes han sufrido las violaciones a sus derechos o a los derechos de sus familiares quedan con trastornos físicos y psicológicos que marcaran el resto de sus vidas; la Comisión de la Verdad elaboro y remitió al gobierno una ley para dignificar y reparar a víctimas de violación de Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad para garantizar a toda la sociedad el derecho a la verdad y la justicia, la reparación y a la no repetición de los hechos.

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