ENSAYO FEDERALISMO

FEDERALISMO COMO FORMA DE GOBIERNO

Introducción.

El estado federal mexicano es creado en la Constitución, la cual forma dos órdenes subordinados a ella: la Federación y las entidades federativas, a las que a su vez les señala su competencia y sus límites. No existe jerarquía entre estos órdenes, sino coordinación; pero los dos están subordinados a la Constitución que los creó.

El sistema federal en México fue tomado por primera vez en la Constitución de 1824, que señalaba en su artículo 4: “La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal”, y en el artículo siguiente mencionaba a las partes integrantes de la Federación. Durante el siglo XIX el federalismo mexicano sufrió varias crisis de anarquía. Tanto en el desorden fiscal que producía la duplicidad de impuestos y las trabas arancelarias entre las entidades federativas, como la presencia de cacicazgos locales, dieron lugar a importantes exigencias para revertir el modelo federal y convertir a México al centralismo.

El tema fue incluso una cuestión central de la disputa entre los partidos políticos de ese tiempo. Los liberales luchaban por la implantación y el mantenimiento del federalismo, mientras que los conservadores tenían por bandera el centralismo y lograron que éste se llegara a reconocer en algunos documentos constitucionales de ese siglo.

A pesar de todo, desde la Constitución de 1857 el federalismo se ha mantenido como una de las postulaciones fundamentales del constitucionalismo mexicano.

Es obvio y sabido que el modelo federal de la Constitución Mexicana fue copiado de la Constitución norteamericana, pero aun así, en el caso de México, el federalismo no sirvió para complementar y conjuntar realidades anteriores y dispersas, sino para crear unidades descentralizadas dentro de un país con tradiciones fuertemente centralistas heredadas del periodo colonial, al revés de como sucedió en la institución de la constitución Norteamericana, lo anterior permitió implantar en esta nación el llamado federalismo “segregativo” o “descentralizador”.

El federalismo supone el reconocimiento de la existencia de fuerzas distintas del poder central que tienen su propia sustantividad, y que en ese sentido reclaman un campo propio de acción jurídico-política traducido entre otras cosas en la posibilidad de crear por sí mismos normas jurídicas.

La articulación de la República mexicana como un Estado federal impone una ordenación de las fuentes del Derecho en tanto otorga a las entidades federativas un espacio constitucionalmente garantizado, con mayor o menor amplitud, según se verá, de “autonomía normativa”, diferenciado del perteneciente a la Federación.

Aun así, el federalismo no es reducible a una noción puramente jurídica, sino que se basa en una forma especial de entender la asociación política dentro del Estado, la cual “desborda el marco del derecho constitucional”.

A lo largo de su historia, el federalismo en México ha sido una idea, un debate público, un proyecto político, un motivo de guerras internas y, finalmente, en la actualidad, una forma de organización del Estado que aún tiene fases pendientes para consolidar. La historia del federalismo ha sido tan compleja y tensa como la propia evolución de la sociedad nacional y sus instituciones, desde el origen mismo de México como nación independiente, en 1821. Al iniciar el nuevo milenio, la idea de ver al Federalismo como forma de organizar al Estado es todavía un proceso en construcción, si bien ahora en condiciones mucho más favorables que las existentes hasta hace pocos años.

Lo contradictorio y curioso del federalismo en México es, precisamente, sus casi dos siglos de trayectoria y, del otro lado, el tiempo reducido de su vigencia efectiva. La historia del país durante los siglos XIX y XX, que produjo con gran esfuerzo y costo social las constituciones federales de 1824, 1857 y 1917, no impidió que estos valiosos documentos fueran marginados por eventos de tipo político, nacional e internacionales, que hicieron imposible el ejercicio práctico de sus principios.

Durante el siglo XIX, la permanente situación de guerra entre ejércitos centralistas y federalistas, y entre la nación y las invasiones militares extranjeras, fueron determinantes de que las instituciones del Estado tuvieran una existencia frágil. La existencia misma del Estado nacional estaba en duda; mucho más el contenido federal que se pretendía. Por su parte, el siglo XX consolidó al Estado nacional, pero lo hizo bajo una forma que seguía los pasos a un sistema político de perfil autoritario. La centralización y el autoritarismo, reflejados en un sistema de partido único que dominó en el país desde 1929, se convirtieron en factores contrarios para el federalismo previsto por el derecho constitucional. El resultado fue una forma de Estado con estructura y funcionamiento casi unitario, pero respaldado por un marco legal federal.

Esa etapa del siglo XX, derivada de la Revolución social iniciada en 1910, permitió a México consolidarse como nación; le dio sus primeras instituciones estables y constituyó un factor de desarrollo durante varias décadas. Aunque también, en ese periodo el ejercicio del poder en esencia fue diferente a la idea del modelo federal. Se generó un modelo de gobierno que concentró la dinámica política y los recursos gubernamentales en el Poder Ejecutivo Federal, configurando un sólido régimen presidencialista que se convirtió en eje dominante de las políticas nacionales, grandes y pequeñas, en todas las regiones y áreas de interés público. Por este motivo, permanecieron muy reducidas las capacidades institucionales de las entidades federadas y de los municipios, quedando en algo más que simbólicas.

La centralización del poder político y de los recursos gubernamentales alcanzó un nivel excepcional de concentración en el Ejecutivo Federal. Al principiar la década de los ochenta del siglo XX, el sistema presidencialista había arribado su forma más aguda, considerando la amplitud de las funciones y servicios públicos directamente ofrecidos por la administración federal, en prácticamente todo el territorio nacional. Considerando además su intervención en el desarrollo económico, mediante las políticas más diversas, como las regulatorias de la economía, la inversión en infraestructura e incluso su intervención como actor económico directo mediante empresas estatales. Y adicionalmente, considerando la subordinación política que el sistema presidencialista ejercía contra los otros poderes federales, legislativo y judicial, y sobre los gobiernos de los estados y municipios.

Los años ochenta, por otro lado, marcaron

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