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• 22/04/14 - 17:10

Plan Fines: precarización laboral y retroceso del Estado

Los autores –investigadores especializados en educación popular– señalan que el Plan Fines 2 supone una continuidad con las políticas educativas neoliberales de los años noventa, marcadas por el deterioro de las condiciones de aprendizaje y la precarización de los docentes.

Originalmente, el Plan Fines permitía que terminaran la escuela aquellos que debían materias de la secundaria. A partir de 2010, Fines 2 amplió la propuesta: el único requisito para anotarse es ser mayor de 18 años.

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Desde 2010 se multiplican en todo el país las sedes del Fines 2, un plan de finalización de estudios secundarios destinado a la amplia población de jóvenes y adultos que, en sintonía con la precarización laboral y el deterioro del sistema educativo durante los años noventa, no completó la escuela media.

En respuesta a las políticas neoliberales que debilitaron la educación pública en general y especialmente la oferta para jóvenes y adultos, los gobiernos kirchneristas volvieron a impulsar esta modalidadhabilitando el acceso a la terminalidad educativa de sectores sociales excluidos del sistema durante décadas.

Sin embargo, hay que preguntarse en qué medida esta propuesta contribuye a revertir el vaciamiento de la educación pública que dejó el menemismo o, por el contrario, avanza en el deterioro de las condiciones de aprendizaje y la precarización laboral de sus docentes.

A la sombra de un árbol

Por empezar, el Plan Fines 2 no abre nuevas escuelas donde no las hay: funciona en comedores, clubes barriales, locales partidarios y otros espacios no estatales, y delega en la comunidad los gastos de infraestructura y administración escolar. En ocasiones la precariedad de las condiciones de cursada ha llevado a que las clases se dicten en casas de familia, patios al aire libre y establecimientos sin pizarrones ni calefacción.

Estas situaciones, que en definitiva son producto de la desatención, se justifican desde la retórica oficial con declaraciones como la de la coordinadora nacional del programa, Mary Sánchez, que en 2012 planteó: “La escuela está donde haya un profesor y un alumno, en donde sea, debajo de un árbol”. Si se acepta este argumento, ¿qué responsabilidad le cabe entonces al Estado como garante del derecho educativo?

El despliegue de la presencia estatal en los barrios populares a partir de la implementación del Fines 2 se contradice con la ausencia de ese mismo Estado a la hora de garantizar condiciones materiales dignas. Esto resulta aún más preocupante si recordamos que la educación de adultos se caracteriza no tanto por la edad sino por el nivel socio-económico al que pertenecen los estudiantes, mayormente de clases populares.

A espaldas del estatuto docente

Otro punto crítico es la precariedad de la contratación de los docentes. La convocatoria exige la presentación de proyectos pedagógicos y la selección se realiza en base a listados según puntaje, en actos públicos (que han sido denunciados muchas veces por irregularidades en los mismos). Sin embargo, el contrato que deben firmar los docentes es cuatrimestral, por lo que no cuentan con garantía de continuidad laboral ni cobertura en recesos escolares.

A espaldas de lo que estipula el estatuto docente, no se efectiviza el pago por zona desfavorable ni se reconoce el derecho de solicitar licencias: incluso por causas justificadas como enfermedad y embarazo. A su vez, los años de trabajo en el plan no cuentan como antigüedad en el resto del sistema educativo.

Por otra parte, el Fines no contempla ninguna instancia de interacción docente, lo que dificulta el trabajo pedagógico entre pares y la organización gremial por mejores condiciones laborales. A pesar de eso, en forma fragmentada los trabajadores han expresado reclamos en varios distritos, y la respuesta que recibieron fue común: la imposibilidad de expresar públicamente críticas al Fines. Así se estigmatiza a quienes exigen el cumplimiento de los derechos establecidos en el estatuto.

Realidades diversas, propuesta única

Históricamente ha habido múltiples opciones educativas para adultos. Si bien la modalidad más conocida son los CENS, fundados en 1974 por la Dirección Nacional de Educación de Adultos (DINEA), en la última década han surgido en organizaciones sociales y fábricas recuperadas los Bachilleratos Populares, escuelas secundarias autogestionadasdonde estudiantes y docentes construyen educación desde una práctica participativa, basada en los principios de la educación popular.

Existen más de cien bachilleratos populares en Ciudad y provincia de Buenos Aires, que desde 2004 han resuelto la situación educativa de jóvenes y adultos allí donde el Estado no llegaba. Sin embargo, llevan años sin ser reconocidos. Tras impulsar distintos planes de lucha por el reconocimiento, que los habilitaría a entregar titulaciones oficiales a sus estudiantes y cobrar salarios docentes, sólo algunas pocas escuelas lo han conseguido.

Hasta hoy estas escuelas populares siguen motorizando sus reclamos, pero desde la aparición del Plan Fines 2 en la provincia, el Ministerio de Educación sólo se ofrece a oficializarlas bajo esa nómina. Esto implica el no reconocimiento de su especificidad y la pretensión de debilitar estas experiencias que son previas a la elaboración e implementación del plan.

Entendemos que la homogeneización de la modalidad de adultos va en detrimento del impulso que podría darse a estrategias educativas críticas y contextualizadas, que ofrezcan opciones diversas para la incorporación participativa de jóvenes y adultos en su proceso de formación.

Continuidad de las políticas neoliberales

Ante este escenario, la continuidad con las políticas neoliberales de los noventa se hace más visible que las rupturas. Se ha logrado la masificación del programa y con ella el mayor acceso a la terminalidad educativa, pero la lógica de la cantidad no alcanza para considerarlo un avance en la política educativa de adultos. Lejos de eso, se reitera la ausencia del Estado como garante del real derecho a la educación, en condiciones dignas de aprendizaje y de trabajo, a la vez que se desconoce la multiplicidad de opciones y recorridos en este campo. El resultado es un precario mono-formato educativo que asume que para conseguir la educación del pueblo bastan ejércitos de trabajadores con buena voluntad y árboles con mucha sombra.

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• 22/05/14

Crece la polémica por las nuevas cifras de la inversión en educación

EDUCACIÓNEl Gobierno cambió la forma en que el INDEC mide el PBI, y ahora el financiamiento no llega al 6% establecido por ley. Dicen que lo que no se invirtió hubiera resuelto gran parte del déficit educativo.

La cuestión es abstracta, pero se puede explicar con una metáfora de la vida cotidiana. Supongamos que a un alumno le preguntan en un examen cuántos planetas tiene el sistema solar, justo antes de que se anunciara la exclusión de Plutón. Contesta nueve (hasta ese momento, la respuesta correcta), pero lo evalúan después.

Algo similar está pasando, en estos días, con las metas de inversión en educación en nuestro país, aunque las consecuencias son bastante más graves. La Ley de Financiamiento Educativo, de 2006 –votada por legisladores de todos los partidos–, había establecido una serie de metas a cumplir desde ese año en adelante. Las metas estaban expresadas como un porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). La Argentina venía cumpliendo, y hasta superando esos indicadores. Y el cumplimiento era tomado, incluso, como un “caballito de batalla”por parte de la propaganda oficial.

Pero el 9 de mayo, el mismo Gobierno cambió la forma en que el INDEC mide el PBI de 2004 en adelante. Para muchos, con la intención de “sincerar” la real situación de la economía y parte de la inflación (ver Un cambio...). Esto hizo que el PBI nominal se elevara todos los años, en hasta un 30 por ciento. Como el gasto en educación no se modificó (obviamente, sigue siendo el mismo), de buenas a primeras el Estado quedó en situación de no estar cumpliendo con las metas establecidas por la Ley de Financiamiento Educativo.

Y entonces se desató la polémica. Mientras que algunos especialistas aseguran que el país ahora tiene una deuda con la educación (y la cuantifican), otros afirman que no hubo incumplimiento, porque el Estado actuó de acuerdo a la información con la que contaba.

Mariano Narodowski, de la Universidad Di Tella, y Mauro Moschetti, de San Andrés, fueron unos de los primeros en denunciar la situación.

Clarín lo anticipó el domingo. Ellos aseguran que la deuda global que el Gobierno tiene con el sistema educativo, del 2006 en adelante, asciende a 124.010 millones de pesos, a valores de hoy. Con apenas el 17,5% de ese monto, dicen, se podrían haber construido más de 6.600 escuelas, que hubieran permitido avanzar en el cumplimiento de las principales metas de la Ley de Financiamiento: la

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