El Aborto En Mexico

EL ABORTO EN MEXICO,UN PROBLEMA SOCIAL QUE DEBE SER ENCARADO

Aunque en México es difícil conocer la cifra real y actualizada del número de interrupciones de embarazos que ocurren al año, diversas organizaciones sociales, consideran que el aborto es un hecho que debe ser encarado como un problema de justicia social que afecta principalmente a las mujeres que viven en pobreza.

En México, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) cada año se realizan 220 mil abortos en condiciones inseguras, otra fuente como el Instituto Nacional de Perinatología indica que el número de interrupciones de embarazos alcanzan los 850 mil casos al año y para el Instituto Alan Guttmacher ocurren 565 mil en el mismo periodo.

En vísperas del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el 28 de Septiembre, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las agrupaciones que particularmente desde 1992, ha trabajado la problemática del aborto, considera que falta información objetiva y actualizada que permita a cada quien formarse un juicio propio al respecto.

Un análisis, con motivo de la Campaña 28 de Septiembre, dado a conocer por esa organización, refiere que violaciones, abandono de la pareja, malformaciones graves en el producto, que el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, pobreza y miseria son, entre otros, los motivos por los que las mujeres deciden abortar.

Para GIRE, las mujeres abortan a pesar de que la ley lo prohíbe, por lo que “calificar al aborto como un delito no ha sido motivo suficiente ni lo será para impedir que miles de mujeres sigan interrumpiendo voluntariamente sus embarazos”.

Además, la práctica del aborto en México muestra una clara separación entre lo que dice la ley y lo que las personas consideran correcto frente a determinadas circunstancias de sus vidas. Es decir, en las leyes, el aborto está parcialmente despenalizado y nadie persigue o denuncia a las mujeres que optan por él.

Recientemente en Londres, Inglaterra, la organización internacional IPAS, dio a conocer que en México, pese a que el gobierno asumió una firme postura en defensa de los derechos sexuales y reproductivos durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD, 1994), el gobierno de Vicente Fox, no ha hecho nada para cumplir con los compromisos asumidos para garantizar abortos seguros.

En este foro IPAS denunció que el partido gobernante en México, Acción Nacional es de ideología conservadora lo que ha incidido de manera negativa, sumada la influencia de la Iglesia Católica, en los derechos sexuales y reproductivos de la población mexicana.

También en 2003, organismos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, hicieron al gobierno mexicano importantes señalamientos, entre ellos, revisar la legislación que penaliza el aborto y garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva y sexual.

Todos estos señalamientos, fueron hechos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

NO SE CUMPLE LA LEY

En el ámbito nacional, el aborto esta penalizado. Sin embargo, los códigos penales de los estados contemplan circunstancias bajo las cuales la interrupción del embarazo no es punible y todos lo autorizan en casos de violación.

En 29 estados se prevé el aborto imprudencial; 27 entidades por el riesgo de muerte para la mujer; por malformaciones genéticas graves del producto, 13; cuando corre peligro la vida de mujer, nueve estados; por inseminación artificial no consentida, ocho entidades y por razones socieconómicas sólo Yucatán.

En el caso de aborto por violación, la prensa nacional ha dado cuenta de casos que no se aplica la ley, uno de ellos, es el de Paulina Ramírez, a quien funcionarios de Mexicali, Baja California, le negaron hace cinco años su derecho a abortar por violación.

Otro caso, el más reciente, es el que personal del hospital general “Dr. Aurelio Valdivieso”, así como una agente del Ministerio Público y un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron denunciados por negligencia y tortura, luego de que dilataron el proceso de aborto autorizado para una joven sordomuda quien fue abusada sexualmente por su tío.

En tanto, el visitador general de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Tomás Flores, dijo que aunque en la ciudad capital ocurren 3.6 violaciones al día, no todas las mujeres víctimas de este delito solicitan la autorización al Ministerio Público para hacer uso de su derecho al aborto legal en caso de quedar embarazas.

La interrupción de un embarazo por violación es un derecho de la mujer mexicana de acuerdo con el Artículo 148 del Código Penal de esta capital. La víctima debe someterse a exámenes que acrediten la agresión sexual, y tiene derecho a recibir asistencia médica en centros médicos determinados para ello, así como a un apoyo psicológico.

Sin embargo y sobre todo en los últimos años, grupos ultraconservadores han intentado revertir esta situación, presionando una reforma al Código Penal, que penalice cualquier tipo de interrupción de embarazo. Hasta ahora, no han tenido éxito.

Quizá el primer paso necesario para despenalizar el aborto en México sea que todos, ciudadanía y gobierno, “nos quitemos la mascara”, para avanzar en la construcción de un país con leyes acordes con la realidad social y que respeten los derechos fundamentales de las personas, aseguró GIRE.

AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Desde hace 20 años mujeres latinoamericanas y caribeñas se reúnen en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Los encuentros feministas de la región han sido un lugar importante para lograr consensos y definir estrategias y prioridades.

En el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe (Argentina, 1990) se acordó el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, un tema de prioritaria preocupación.

Con ello, el 28 de Septiembre fue elegido como fecha de referencia para una campaña que, desde 1993, viene impulsando acciones en los diferentes países de la región. Cientos de organizaciones de mujeres y redes regionales en 16 países de América Latina y el Caribe están congregadas en torno a esta Campaña.

La Campaña 28 de Septiembre lucha por impulsar el cumplimiento de las leyes que permiten el aborto y para generar avances en la legislación de los países de la región, a través de la formación de consensos políticos en torno a la revisión y liberalización de las leyes punitivas.

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