El Caracazo, Sacudón

Introducción

La presente investigación, tiene como finalidad desarrollar conocimientos fundamentales en forma breve y precisa, de una de las fases que consideramos importantes dentro de nuestra futura carrera como lo es la Materia de Historia de Venezuela en especial el tema a desarrollar como lo es la Democracia, específicamente el Caracazo.

Se dice que todo organismo, para alcanzar sus objetivos de la manera más eficaz, se concentra con mayor énfasis en el estudio de la Historia, ya a través de el conocemos los sucesos que han ocurrido a lo largo y ancho de nuestro País.

Estallido del 27 y 28 de febrero de 1989

(El caracazo)

El Caracazo, Sacudón o también conocido como el día que bajaron los cerros, tuvo lugar el 27 y 28 de Febrero del año 1989, lo que seguramente forma parte de la historia que muchas personas no quieren recordar debido a que fueron días en lo que muchos perdieron la vida por alzar su voz a través de un estallido social causado principalmente por el estrangulamiento económico que se vivía para entonces.

Poco tiempo después de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo período presidencial, tuvo lugar entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 un estallido masivo y sorpresivo de violencia popular. La magnitud del hecho estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional, debido al alto grado de popularidad que tenía para entonces la figura de Pérez y que se vio expresado en la gran cantidad de votos con los cuales resultó electo y que le daban un supuesto amplio margen de acción para su gestión gubernamental. En este sentido, el 16 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado popularmente "paquete económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional.

De acuerdo a un análisis realizado por el Circulo Bolivariano 17 de Marzo, el cual expresa de manera detallada lo sucedido el 27 y 28 de febrero de 1989 y en lo que estoy completamente de acuerdo, el paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Entre las principales medidas anunciadas figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública.

Esperando la liberación de los precios, los industriales y comerciantes mantenían acaparados algunos productos de primera necesidad. Los principales titulares de la prensa nacional de los dos primeros meses de 1989 destacaban la ausencia de leche, café, sal, arroz, azúcar, papel higiénico, detergente y aceite de los anaqueles de los abastos y supermercados de todo el país. “Cinco horas para comprar dos potes de leche popular”, era uno de los titulares de esos días del diario El Nacional. Aunada a esta situación de acaparamiento, el asesinato del estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Dennis de Jesús Villasana Montaño, por parte de dos funcionarios de la PM, generó protestas en esta casa de estudios. En la primera manifestación por la muerte de Dennis, falleció el empleado de la Facultad de Medicina de UCV, Carlos Yépez, a consecuencia de una bala en la cabeza disparada por otro efectivo de la PM. La Universidad de Carabobo y la Universidad de los Andes se sumaron a las protestas en solidaridad por la muerte del estudiante y del empleado de la UCV, y en rechazo al denominado “paquetazo” de CAP. El ministro de Educación de Pérez, Gustavo Roosen, había anunciado que dentro de las medidas económicas de ese gobierno estaba contemplada la privatización de la educación superior, y que los maestros no serían beneficiados con el decreto de aumento salarial del 30%, lo que generó también disgustos en el gremio y un paro de 48 horas.

Todas las medidas mencionadas anteriormente, anunciadas por Carlos Andrés Pérez, excepto la última eran de aplicación inmediata. En tal sentido, el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del 26 de febrero de 1989 y las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. No obstante, los transportistas no estuvieron de acuerdo con el aumento inicial del 30% al considerar que el mismo debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un paro para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo Nacional. Ese día los choferes de las rutas interurbanas (sobre todo las que cubrían el trayecto entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus recorridos habituales tratando de imponer sus tarifas y desconociendo el pasaje estudiantil. Ante tales circunstancias los usuarios reaccionaron con un alto grado de violencia contra las unidades de transporte, muchas de las cuales fueron destruidas y quemadas. Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al comenzar el saqueo y destrucción de locales comerciales, desde pequeños abastos hasta supermercados; también fueron atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres y pequeñas fábricas; y tuvieron lugar intentos de penetrar por la fuerza en áreas residenciales de sectores de clase media y alta.

Los actos de violencia del 27 de febrero de 1989 se iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda) y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y La Guaira. Posteriormente, la onda de violencia de extendió a otras zonas del área metropolitana de Caracas y las principales ciudades del interior del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. El estallido tuvo un carácter espontáneo; es decir, las acciones no fueron dirigidas por organizaciones partidistas o de otro tipo, y en ellas se combinaron actos violentos de protesta popular, junto con hechos de evidente orientación delictiva.

Aunque el alza de los precios de los pasajes del transporte colectivo fue el detonante de los hechos del 27 de febrero, para comienzos de 1989 se vivía en el país un gran desasosiego ante las expectativas y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica llevado a cabo por Carlos Andrés Pérez y su gabinete. Por otra parte, esta situación de vio agravada a lo largo de enero y febrero de 1989, cuando se desató el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Es por ello que luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la acción popular se extendió en contra de los locales comerciales de expendio de bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los productos que habían desaparecido en los meses que precedieron al estallido.

Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber como actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud. En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 Carlos Andrés Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, Carlos Andrés Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda.

Como consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos. El balance de pérdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue según

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