El Derecho penal, entendimiento lógico de sus costes

El Derecho penal, entendimiento lógico de sus costes

Al escuchar la expresión “Derecho penal” ésta, dada su ineludible carga emotiva, nos remite con celeridad al concepto de pena, tema de discusión tanto de ingenuos como de estudiosos en cada uno de los periodos de la historia donde las prohibiciones y los correctivos frente al incumplimiento de estas han coartado la libertad de los sujetos, sin saber que lo que oculta el mismo, en compañía de otros como el delito y el proceso penal, comprende quizá uno de los objetos mayormente abordados por el pensamiento jurídico-filosófico incluso desde la aparición del mismo.

El Derecho penal, hay que aclarar, “es una técnica de definición, comprobación y represión de la desviación que se manifiesta por medio de restricciones y constricciones sobre las personas de los potenciales desviados y de todos aquellos de los que se sospecha o son condenados como tales”, a estos tres momentos corresponde respectivamente un periodo de la técnica punitiva, es decir, el delito, el proceso y la pena. La primera constricción consiste en la prohibición de los comportamientos clasificados por la ley como desviados, lo que comporta una limitación a la libertad de acción de todas las personas. La segunda consiste en el sometimiento coactivo a un juicio penal de todo aquel que resulte sospechoso de una violación de las prohibiciones penales. Y la tercera consta de la represión de todos aquellos a quienes se juzgue culpable de dichas violaciones.

Si bien todos están sometidos a las limitaciones de la libertad de acción prescritas por las prohibiciones penales, dada el “implícito” pero consciente reconocimiento que hacemos del estado en conjunto este con sus plenas facultades, no todos ni solo aquellos que son culpables de sus violaciones se ven sometidos al proceso o a la pena, es así que este conjunto de constricciones anteriormente mencionadas tiene un coste que recae no solo sobre los culpables, sino también sobre los inocentes. Al coste de la justicia, que depende de las opciones penales del legislador que se encuentra en medio de un vasto océano de posibilidades del que tendrá que escoger una para dar forma al ordenamiento jurídico en materia penal, se añade un altísimo costo de las injusticias, que depende a su vez del concreto funcionamiento de cualquier sistema penal,  traducido en lo que los sociólogos denominan como “cifra de la ineficacia” o “la cifra negra” de la criminalidad (número de culpables que, sometidos o no a juicio, quedan impunes y/o ignorados), a la que debe añadirse además la “cifra de la injusticia ” (número de inocentes procesados y a veces condenados, numero de inocentes reconocidos como tales en sentencias absolutorias, numero de inocentes condenados por sentencia firme y absueltos a resueltas de un procedimiento de revisión y número de víctimas de los errores judiciales no reparados), producto de las carencias normativas o de la inefectividad practica de las garantías penales y procesales dispuestas como presa contra la arbitrariedad y el error.

Es por todo lo anterior que el Derecho penal ocupa un lugar central en el análisis de los costes de un ordenamiento jurídico y del sistema político del que este mismo es expresión.

Pero nada de lo anteriormente dicho contaría con sentido alguno si esta técnica de la que tanto se ha hablado no contara a su vez con una justificación o legitimación que le sirviera de sustento; ahora bien, al hablar de la justificación del Derecho penal debemos dirigir la mirada a la cuestión misma de la legitimidad del estado de la que depende en sí misma la soberanía y con ella el poder de castigar, legitimidad de la que solo gozará, primero, cumpliendo con lo prescrito por el filón teórico del que se parta, y segundo, analizando a la luz de este ultimo todas y cada una de las tres partes que componen hasta ahora todo sistema penal acusatorio: la pena, los hechos calificados como delitos y el proceso penal en amplio sentido.

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