El juicio de nulidad en línea ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Sonora.

El juicio de nulidad en línea ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Sonora. Por Feliciano Zepeda Barrios

Introducción

        Cuando transitamos por las calles, particularmente en las de ciudades con población mayor a los cuatrocientos mil habitantes, ya sea como peatones, ya como conductores de vehículos o en calidad de pasajeros, percibimos con claridad el enorme beneficio que generan los reglamentos de tránsito. En ellos se establecen los mecanismos para que el tránsito de personas y vehículos resulte seguro y fluido. En cruceros con mucha afluencia vehicular, por ejemplo, la simple colocación de señalamientos de los denominados “altos de cortesía” hace una gran diferencia, puesto que obligados los conductores de vehículos automotores a detenerse totalmente antes de cruzar la calle, permitiendo que quién haya llegado primero al límite del cruce de calles y detenido la circulación del vehículo que conduce, sea también el primero en cruzar, favorece la fluidez del tránsito vehicular y, genera a la vez, un sentimiento de solidaridad en el cumplimiento de la regla por la eficiente coordinación que, espontáneamente, se produce entre sujetos desconocidos entre sí pero con la misma necesidad de transitar con seguridad, rapidez y eficazmente.

        Sin embargo, la propia experiencia de transitar por las calles nos puede llevar también a vivir el enorme caos que se produce cuando no existen reglamentos de tránsito o, existiendo, no se cumplen. Así como la existencia y cumplimiento del reglamento de tránsito vehicular nos produce un gran bienestar, su inexistencia o incumplimiento nos genera un enorme malestar, por los riesgos que implica que cada quién pretenda circular según sus muy particulares necesidades, sin lineamientos que regulen su conducta, con la consecuencia de accidentes que pueden ocasionar graves daños a la integridad física de las personas así como graves daños y perjuicios a sus patrimonios.

        Esta simple reflexión nos permite valorar la importancia de que las leyes se conozcan por parte de toda la población, pero además, de la importancia de que exista un sistema jurídico que permita su fácil cumplimiento.

        Ahora, si el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos comunes deviene importante para una armónica convivencia social, cuánto más importante resulta que las autoridades, depositarias del poder público, también y principalmente, cumplan con las leyes, en plena construcción y respeto del Estado de derecho a que toda civilización anhela.

        En nuestro país ha costado el esfuerzo de muchas generaciones construir un Estado de derecho, particularmente respecto de las autoridades en sus tres niveles de gobierno. Los frutos de esa determinación han cristalizado en la elaboración de leyes que regulan las actuaciones de las autoridades federales, estatales y municipales. Afortunadamente para nuestra Nación la evolución en los mecanismos de control de las actuaciones de las autoridades en la esfera federal ha sido notoria. Desde la Ley de Justicia Fiscal, publicada el 27 de agosto de 1936 y de la cual derivó el hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hasta nuestros días, múltiples actos de autoridades administrativas son sometidos al escrutinio de su legalidad. Por su parte, la dispersión de múltiples recursos administrativos, con distintas denominaciones, contemplados en muy diversas leyes administrativas federales, encontraron en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo una homologación que ha facilitado el análisis de legalidad de actos administrativos a excepción de aquellos relativos a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales, y de ciertos aspectos en materia de competencia económica.

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