HAY CRISIS EN DEMOCRACIA

LEGALIDAD Y SOCIEDAD

Los elementos humanos del Estado, que son la población y el gobierno, tienen en todo tiempo la corresponsabilidad de construir, de conocer y de respetar el sistema normativo que regula la convivencia y las relaciones de los ciudadanos entre sí y con las entidades públicas

En el Código de Defensa Social del estado de Puebla, o el Código Penal Federal, encontramos un catálogo de conductas hipotéticas o tipos penales que en la generalidad de los casos son acciones u omisiones que realizan las personas que tienen el carácter de sujetos privados dentro de la sociedad, y por otro lado los afectados resultan también, en la generalidad de los casos, ser sujetos privados. Las relaciones sociales, por numerosos factores, se encuentran presionadas ante la falta de equidad y el déficit de legalidad que el ciudadano común tiene con respecto al orden normativo, sin observar que la violación de la ley altera la armonía social y perjudica sin duda al agraviado, pero al mismo tiempo a la sociedad entera. Hay delitos como el homicidio, las lesiones, el fraude, el abuso de confianza y otros, que se cometen por personas comunes en contra de ciudadanos comunes y por razón natural el gobierno es ajeno. Los artículos 25, 26 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hablan de la obligación que tienen las autoridades de dejar que participe la ciudadanía y, a su vez, de la obligación que tiene la ciudadanía en la cosa pública. El gobierno tiene la obligación de vigilar que no se cometan delitos, pero esto también obliga a la población, ya que hay muchos delitos que, como lo señalamos, no pueden imputarse al gobierno sino a la estructura social. La prevención es obligación de las entidades públicas y de las privadas, en consecuencia, no puede haber ausencia del sector privado en las tareas preventivas que al efecto realiza el gobierno.

LA POLÍTICA

Las prácticas y modalidades en el ejercicio del poder contribuyen decisivamente a construir y consolidar una cultura. La existencia de redes de poder verticales, de patronazgos, la proliferación de intermediarios políticos y la utilización de estructuras propias del ámbito privado en la vida pública contribuyen a desalentar la participación de los ciudadanos en la vida política y al mismo tiempo propician el crecimiento de actitudes y prácticas que tienden a una separación y, en ocasiones, a una plena contradicción entre esas prácticas y las normas jurídicas; Las reglas no escritas establecidas por la costumbre son parte sustancial del sistema y de la cultura política de esa sociedad.

El Presidencialismo desvirtuó la actuación del orden jurídico mexicano, ya que algunos ámbitos, el derecho y la legalidad estuvieron sujetos a restricciones impuestas por intereses de grupos en el poder. Las instituciones jurídicas no asumieron con plenitud

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