HAY CRISIS EN DEMOCRACIA

LEGALIDAD Y SOCIEDAD

Los elementos humanos del Estado, que son la población y el gobierno, tienen en todo tiempo la corresponsabilidad de construir, de conocer y de respetar el sistema normativo que regula la convivencia y las relaciones de los ciudadanos entre sí y con las entidades públicas

En el Código de Defensa Social del estado de Puebla, o el Código Penal Federal, encontramos un catálogo de conductas hipotéticas o tipos penales que en la generalidad de los casos son acciones u omisiones que realizan las personas que tienen el carácter de sujetos privados dentro de la sociedad, y por otro lado los afectados resultan también, en la generalidad de los casos, ser sujetos privados. Las relaciones sociales, por numerosos factores, se encuentran presionadas ante la falta de equidad y el déficit de legalidad que el ciudadano común tiene con respecto al orden normativo, sin observar que la violación de la ley altera la armonía social y perjudica sin duda al agraviado, pero al mismo tiempo a la sociedad entera. Hay delitos como el homicidio, las lesiones, el fraude, el abuso de confianza y otros, que se cometen por personas comunes en contra de ciudadanos comunes y por razón natural el gobierno es ajeno. Los artículos 25, 26 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hablan de la obligación que tienen las autoridades de dejar que participe la ciudadanía y, a su vez, de la obligación que tiene la ciudadanía en la cosa pública. El gobierno tiene la obligación de vigilar que no se cometan delitos, pero esto también obliga a la población, ya que hay muchos delitos que, como lo señalamos, no pueden imputarse al gobierno sino a la estructura social. La prevención es obligación de las entidades públicas y de las privadas, en consecuencia, no puede haber ausencia del sector privado en las tareas preventivas que al efecto realiza el gobierno.

LA POLÍTICA

Las prácticas y modalidades en el ejercicio del poder contribuyen decisivamente a construir y consolidar una cultura. La existencia de redes de poder verticales, de patronazgos, la proliferación de intermediarios políticos y la utilización de estructuras propias del ámbito privado en la vida pública contribuyen a desalentar la participación de los ciudadanos en la vida política y al mismo tiempo propician el crecimiento de actitudes y prácticas que tienden a una separación y, en ocasiones, a una plena contradicción entre esas prácticas y las normas jurídicas; Las reglas no escritas establecidas por la costumbre son parte sustancial del sistema y de la cultura política de esa sociedad.

El Presidencialismo desvirtuó la actuación del orden jurídico mexicano, ya que algunos ámbitos, el derecho y la legalidad estuvieron sujetos a restricciones impuestas por intereses de grupos en el poder. Las instituciones jurídicas no asumieron con plenitud su autonomía y no pudo desarrollarse como debiera una cultura de la legalidad.

LA POBLACIÓN.

La percepción de la ley como un universal abstracto es muy positiva y el valor que tiene su cumplimiento en la sociedad mexicana es muy alto. Con frecuencia, de la aplicación de la correcta de la ley se hace depender la solución de variados problemas políticos y sociales que abarcan desde la economía hasta la política y la cultura.

La obediencia y el respeto a las leyes se relaciona con un principio unitario de ganancia para toda la sociedad, reconoce que los límites mutuos de la legalidad permiten la convivencia y la integración de la sociedad; 45.1% afirmó que cumple y obedece las leyes pues "nos beneficia a todos"; 25% considera que el respeto y obediencia a las leyes se deben al seguimiento de un principio moral, lo cual también es una forma de orientación a la comunidad, sus valores y ordenamientos, y expresaría un cierto nivel de compromiso cívico.

La tendencia de un

...