IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA TRABAJADORA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

El documento que a continuación presenta la Comisión Especializada en Niñez y Adolescencia Callejizada del Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (COMPINA), fue elaborado dentro del marco de un proceso participativo a partir de diferentes entes de acción como la Red de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, Foro de la Niñez, Técnicos Nacionales y Extranjeros entre otros varios.

La utilización del lenguaje es un punto fundamental en la elaboración del presente documento ya que esta pensado como una herramienta de trabajo para instituciones que se ocupan de la niñez y adolescencia en situación de riesgo además de ser un producto informativo para la ciudadanía en general, para lo cual se hace indispensable la implementación de un lenguaje sencillo, sin parámetros técnicos ya que uno de los objetivos principales del mismo es generar y promover el debate institucional y ciudadano para la implementación y toma de acciones sobre el tema.

Asegurar la implementación de medidas de protección social y atención integral que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en situación de callejización, deberá ser el propósito final, empeño y esfuerzo de toda sociedad…

Antecedentes

Los distintos procesos de construcción de sociedades, fundamentalmente, urbanizadas, acarrean consigo una serie de interacciones entre los distintos grupos que participan de este proceso en el cual, los del lado hegemónico o de poder al precautelar sus propios intereses personales y grupales, excluyen y condicionan la participación y estilos de vida de los que son considerados “no aptos” de pertenecer a esta élite. Es así que, se van edificando los espacios y escenarios propios de desarrollo de cada uno de estos grupos: los que mantienen el poder por niveles o estados con más recursos y; aquellos donde los niveles, el acceso, uso y pertenencia de los recursos son cada vez más restringidos y escasos. En este marco de competencias, para unos y para otros se generan y en algunos casos se perpetúan, formas de interacción que se basan en estos procesos de exclusión social. Mientras unos tienen la posibilidad de generar, usar y hasta desaprovechar los recursos, para otros es impensable generar y acceder a estos recursos para su desarrollo.

Desde el llamado “enfoque de derechos” que no es otra cosa sino, la reflexión social, mandataria de la sociedad en su conjunto, que busca eliminar estas interacciones y espacios de inequidad y exclusión; los responsables de los niveles políticos de decisión y las organizaciones que se han especializado en la atención de las poblaciones inmersas en estas realidades a partir de, la construcción de políticas públicas y su implementación, suman esfuerzos por atender las problemáticas que a su juicio, inciden en el mantenimiento y empeoramiento de estas desigualdades sociales. En este contexto muy general, una de las muestras visibles en el terreno urbano de las sociedades es la presencia de grupos familiares y grupos afines de niños, niñas y adolescentes en las calles. La vida o mejor dicho, su vida en las calles, transcurre dentro del anonimato, del peligro, de la pobreza y particularmente de la paulatina anulación de oportunidades. Este fenómeno social que en la ciudad de Quito ha estado presente desde su constitución misma como ciudad, ha visto como gradualmente las “condiciones sociales” se han tornado cada vez más difíciles como parte misma de su crecimiento y de los problemas sociales que eso conlleva. Es así que el “espacio público” a partir de la década de los setenta empieza a transformarse de un espacio de encuentro y socialización a un espacio de trabajo, sobrevivencia y riesgo.

El momento en que el Estado cambia, de un modelo económico agrícola a uno petrolero, existe una acelerada migración del campo a la ciudad; Quito no estuvo preparado ni se pensó a sí misma como una ciudad que debía planificar y orientar este crecimiento. Las autoridades municipales de turno excluyeron de sus propuestas programáticas la atención social de las nuevas poblaciones. Más aún se implementaron mecanismos de salvaguarda para los habitantes “originarios” en contra de los “recién llegados”. Los cordones o cinturones urbanos marginales de la ciudad tienen sus inicios en esta lógica perversa y discriminatoria; se permitía la estadía de los nuevos llegados pero a costos muy altos ya que esos asentamientos carecían de los servicios básicos e indispensables para una convivencia en armonía. Sumado a esto, no se implementaron oportunidades laborales acorde a las capacidades de la nueva población; es decir, su permanencia y sobrevivencia en la nueva ciudad estuvo regida por su suerte.

No se plantearon políticas públicas integrales. La pobreza era entendida como una condición de vida de las personas pero jamás pensada desde la estructura de inequidad que la misma ciudad generaba. En este ámbito, se otorgan estas responsabilidades a las ONGs y a las Iglesias como una forma camuflada de decir “si nos preocupamos por la pobreza”.

En otras palabras, desde su origen la solución a estos problemas no fue pensada para incidir en sus causas, mas bien, esta entrega de responsabilidades a terceros por parte del Estado, ocasionó el efecto contrario es decir, perpetuó la problemática para dar sentido a su supuesta solución de crear o facilitar la creación de instituciones y organizaciones que se hagan cargo de los “pobres”. A estas alturas ya tenemos dos grandes dilemas que entender: el primero pasa por asimilar que la ciudad se estructuró como tal sobre la base de ser un “organismo excluyente”; y la segunda: tiene que ver con que crea para sí y para limpiar su conciencia, las condiciones para que otros den solución a este dilema. Desde ahí, las intervenciones y acciones que las instituciones hemos podido realizar,

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