IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL SETOR PUBLICO
Enviado por nelson_vanegas • 29 de Abril de 2018 • Apuntes • 1.771 Palabras (8 Páginas) • 82 Visitas
IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL SETOR PUBLICO
PRESENTADO POR:
PAULA ANDREA LOZANO MIRANDA
NELSON JAVIER VANEGAS GARCIA
PRESENTADO A LA DOCENTE:
AMPARO TRIANA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
CONTADURIA PUBLICA
IBAGUE-TOLIMA
AÑO: 2018
REGULACIÓN DE LA CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO
La convergencia a las Normas internacionales de Contabilidad de Sector Público denominadas NICSP, es una realidad hoy a nivel global, el gobierno lo ha establecido por una necesidad de globalización de las economías que exigen a las diferentes entidades, y no solamente a las colombianas, para fortalecer sus prácticas contables y financieras bajo marcos de referencia internacionales y en la búsqueda de mejores ejecuciones.
Según el fondo monetario de finanzas publicas las entidades que conforman el sector público se clasifican en dos, que son el gobierno general y las cooperaciones que son las empresas; La regulación contable del sector público se diferencia de un país a otro ya que dichos países cuentan con legislaciones tributarias, jurídicas, económicas y sociales propias debido a que cada gobierno es independiente para establecer el cuerpo normativo que rige a las entidades que hacen parte del sector público. En el caso de las empresas se dividen en las compañías listadas y no listadas, donde las listadas son aquellas cuyos instrumentos de deuda o patrimonio se cotizan en mercados públicos de valores, estas pueden ser entidades independientemente si son o no del estado y ya con las empresas no listadas ocurre un debate a nivel internacional por que no se sabe qué modelo internacional se debe seguir.
La IASB es un organismo que ha propuesto dos cuerpos normativos el primero que va dirigido a las empresas denominadas de interés público, estas son aquellas que tienen la obligación de rendir cuentas, es decir, que sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocien en un mercado público, ya sea una bolsa de valores internacional o extranjera y estas corresponden a las normas internacionales de información financiera NIIF y el segundo para las pequeñas y medianas empresas correspondiente a las normas internacionales de información financiera para pymes. La IASB en el 2009 emitió el estándar conocido como NIIF-PYMES a modo de propuesta contable para las organizaciones no listadas, aunque en el año 2012 dicho organismo afirmo que cerca de 70 países habían adoptado o manifestado su intención de acoger este modelo, los países más desarrollados no han decidido aún el modelo que van a exigir para estas entidades como es el caso de la Comisión Europea quien en el 2011 hizo público un documento en el cual afirma no adoptar este modelo contable.
El hecho de que no exista un acuerdo común con respecto al modelo de contabilidad que deben aplicar las administraciones públicas permite que cada país tome un camino diferente, esto debido a la falta de un único referente en materia gubernamental que establezca una política de regulación contable acorde con los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública y las necesidades de información de los diferentes usuarios.
En Colombia existe un ente regulador para el sector público que es la Contaduría General de la Nación quien busca producir una regulación que contribuya a generar información que satisfaga al usuario, pues se puede decir que dicho organismo es una herramienta integral que aporta al desarrollo y ejecución de las diferentes actividades de las entidades del sector público, ya que la estandarización de las normas conllevan al mejoramiento de la eficacia y calidad de los procesos, es importante resaltar, que el marco normativo de la gestión pública de información financiera debe alinearse con el principio de transparencia ya que estas normas son elementos esenciales con la consolidación de informes, asignación de recursos y una toma de decisiones objetiva que permite direccionar a las entidades del estado a mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo económico de la función pública.
Se debe tener en cuenta que la racionalidad económica de las entidades públicas difiere sustancialmente de la racionalidad del individuo esto debido a que la evolución de la contabilidad a nivel nacional se ha dado gracias a los cambios presentados por el sistema económico colombiano debido a las necesidades de la nueva información financiera para los consumidores, ya que son lo político y social los factores que condicionan constantemente el desarrollo de la disciplina contable ya que se pueden relacionar por medio de la internacionalización de los estándares contables de la información económica de las empresas.
La Contaduría General de la Nación ha materializado su interés en proyectos de investigación que profundizan en las diferentes normas, permitiendo realizar las modificaciones pertinentes logrando así la armonización del sistema contable colombiano, buscando así el bienestar general de las sociedades y no el beneficio propio.
La constitución política en Colombia asigna al estado además de las funciones propias que debe desarrollar, algunas tareas de regulación economía con el propósito de impulsar el crecimiento económico y garantizar la estabilidad macroeconómica, buscar la equidad social mediante la redistribución del ingreso, y proveer bienes y servicios a la sociedad. En dicha constitución existen diversos artículos y normas que reglamentan la parte del sector público que deben aplicarse durante el ejercicio de la función administrativa, el propósito es fundamentar la necesidad de consideración de la entidad pública bajo el concepto de empresa cuya gestión debe desarrollarse con la incorporación de las funciones del ciclo del proceso administrativo, establecidas en la teoría neoclásica de la administración con la combinación del marco jurídico aplicable a las entidades públicas, considerando la integralidad y coherencia que se debe tener como unidad de gestión, ya que el estado también está facultado para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y la preservación de un ambiente sano.
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