Inmovilizado No Financiero

INMOVILIZADO NO FINANCIERO

1. INTRODUCCIÓN

La Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, constituida en Abril de 1.991, viene realizando trabajos al objeto de desarrollar el documento "Principios Contables Públicos"; el presente documento se encuadra dentro de estos trabajos, constituyendo el número 6 de la serie iniciada con el citado de "Principios Contables Públicos".

Este documento tiene por objeto el tratamiento contable de los bienes que integran el inmovilizado de las Administraciones Públicas y, al igual que el resto de los documentos, tiene por finalidad establecer una serie de criterios y normas contables conforme a las cuales debe efectuarse dicho tratamiento.

Un primer paso, imprescindible para centrar el objeto de análisis, es intentar delimitar, dentro de las grandes categorías económicas que se recogen en los estados financieros, el concepto de activo y las condiciones fundamentales que definen su tratamiento.

Los activos son elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera, y se definen como recursos controlados por la entidad, como consecuencia de sucesos pasados, de los cuales se espera obtener en el futuro una utilidad económica. Usualmente, una entidad pública empleará sus activos para producir bienes y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

La anterior definición identifica las características pero no especifica las condiciones a cumplir para que tales elementos se reconozcan en el balance de situación.

Reconocimiento es el proceso de incorporación a la contabilidad de un elemento que cumpla la definición de activo, siempre que:

- pueda obtenerse de él una utilidad económica

- el elemento tenga un coste o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Al evaluar una partida con estos criterios, y ver si está cualificada para ser reconocida en los estados financieros, será necesario tener en cuenta las condiciones de materialidad. La importancia relativa (materialidad), tiene por objeto concretar el punto de partida para que una información sea útil.

En este sentido, una información tiene importancia relativa, o es material, cuando su omisión o presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas de los usuarios. La materialidad depende de la cuantía de la partida omitida, o del error de evaluación, desde el punto de vista de las circunstancias particulares de la omisión o error.

Por otra parte, la medida del valor es el proceso de determinación de las cantidades monetarias por las que se reconocen y llevan contablemente los elementos del activo.

Existen diferentes bases de medida para valorar los activos, entre las que se pueden citar las siguientes:

- Coste histórico. Utilizando este sistema, los activos se registran por la cantidad de tesorería y otras partidas líquidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición.

- Coste de reposición. Indica que los activos se valoran por la cantidad de tesorería y otras partidas líquidas que deberían entregarse si el mismo activo u otro equivalente fuese adquirido hoy.

- Valor de realización. Los activos quedan valorados por la cantidad de tesorería y otras partidas líquidas que se obtendrían en la actualidad por la enajenación de dicho activo.

- Valor venal. Es el precio que estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentre dicho bien, considerando, además, la situación del sujeto y suponiendo la continuidad de la explotación del bien.

- Valor de tasación. Es la valoración dada al bien, realizada por peritos independientes.

La elección de la base de medida a utilizar, estará mediatizada por el tipo de activo que se trate de valorar, ya que en función de éste será aconsejable tomar en consideración uno u otro, si bien se propugna, con carácter general, la utilización de costes históricos.

Los activos pueden ser clasificados según distintos criterios, de forma que la información que se presenta al usuario sea la más adecuada para la toma de decisiones económicas.

Los activos gubernamentales pueden clasificarse atendiendo a criterios como:

* la naturaleza del activo, distinguiéndose entre:

- activos financieros,

- activos físicos, tangibles,

- activos inmateriales, intangibles;

* la permanencia del activo, y entonces se clasifican como:

- activos circulantes,

- activos fijos;

* la convertibilidad del activo en recursos monetarios, distinguiéndose entre:

- activos realizables, vendibles,

- activos no realizables.

* la duración esperada de la utilidad económica del activo, y entonces se clasifican como:

- activos no consumibles, que son aquellos que no se agotan, ni se ven afectados por el paso del tiempo (los terrenos, colecciones artísticas, etc.),

- activos cuasi-no consumibles, aquellos que conservan su capacidad de servicio normal durante un período de tiempo indefinido, si son permanentemente renovados ( las carreteras, etc),

- activos consumibles, que con el paso del tiempo disminuyen su capacidad de servicio, aunque se realicen en ellos operaciones de mantenimiento (construcciones, maquinaria, etc.).

Desde el punto de vista del uso y destino que se les atribuya, los activos de la Administración se clasifican en:

* activos necesarios para que la Administración produzca bienes y preste servicios, cuyas características responden a las de los activos empresariales privados, y

* activos utilizados directamente por el público y que benefician a la comunidad en general. Estos activos pueden subdividirse en:

- activos de infraestructura,

- activos históricos y culturales,

- activos de equipamiento e infraestructura militar.

Los activos de infraestructura pueden caracterizarse como si tuviesen periodos de vida indeterminados, mientras que el uso de los activos patrimoniales, es único, no reemplazable e implica

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