LA INEFICACIA DEL DERECHO PENAL

LA INEFICACIA DEL DERECHO PENA.

Rodolfo Guillermo Araniva Gómez^[1]

El presente artículo intenta de forma superficial abordar la contradicción que existe entre el Código Penal Salvadoreño y el carácter de ultima ratio que la doctrina dominante le otorga al Derecho Penal dentro de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Así mismo plantea que el auge de la criminalidad no puede ser abordado únicamente desde esta rama del Derecho  y finaliza estableciendo la idea de lo que puede constituir una propuesta que la supere de forma integral.

En las aulas universitarias, se enseña hasta el cansancio que El Salvador es un Estado Democrático de Derecho, inclusive, hay algunos que lo llaman Estado Constitucional de Derecho, en ambos casos, lo que se quiere decir, es que nuestro país es una Estado en la cual lo funcionarios y las personas están sometidas de forma especial a la Constitución, la cual es un cuerpo normativo de obligatorio cumplimiento.

También se nos enseña, que el Derecho Penal es el brazo violento del Estado, por lo cual, a efecto de no ser arbitrario y violentar los Derechos Fundamentales de las personas debe estar sometido a limitaciones, especialmente, debe respetar Derechos o Garantías, entre las que se menciona los principios de Mínima Intervención, de Lesividad del Bien jurídico y el de Legalidad.

En consecuencia con lo anterior, se tiene por establecido que el Derecho Penal solo debe utilizarse cuando otros mecanismos formales o informales han fallado y cuando existe la posibilidad que las acciones realizadas pueden lesionar o poner en peligro cierto bienes jurídicos necesarios e indispensables para la vida en sociedad; del tal suerte, que si aquellos son suficiente para mantener la convivencia social, el Derecho Penal debe mantenerse al margen,  por ellos se dice que es de ultima ratio.

Sin embargo; todo ese fundamento teórico que establece el carácter Democrático y Constitucional que caracteriza a los Estados modernos, resulta incomprensible cuando se revisa el Código Penal actual, en virtud que existen delitos que van en contra de todo lo señalado anteriormente, cuando se preguntan las razones, la respuesta suele ser que se debe al alto índice de criminalidad que existe en el país. Nadie puede negar que la delincuencia en el país es elevada, diariamente se cometen homicidios, robos, secuestro, extorsiones, etc., que afectan bienes jurídicos importantes para la convivencia social, tampoco nadie puede negar que la criminalidad no es un tema de los últimos años, sino que la misma es una constante en la historia de la vida republicana del país, lo que cambia como obviamente tiene que ser es el tipo de criminalidad. Entonces pregunto: si la criminalidad es una constante que cambia de acuerdo con el tiempo, agravar los delitos es la mejor respuesta a ella?

La realidad nos dice que no, que a pesar de haber existido leyes transitoria  de emergencia  para combatir la criminalidad, leyes mano dura y súper manos dura, la criminalidad en lugar de disminuir, se acrecienta, evoluciona hacia estadios superiores que hacen casi imposible su combate, a tal punto que muchos hablan de un Estado fallido. Entonces, válidamente se puede concluir que la respuesta penal que hasta ahora se le ha dado a la criminalidad no es la adecuada, por lo tanto, es imperante volver a la revisión de los conceptos arriba señalados, a efecto que nuestro legislador, las instituciones del Estado y los ciudadanos establezcamos acuerdos consensuados que permitan combatirla, porque como bien se ha dicho, la criminalidad es multicausal, por lo tanto su combate debe ser asumido de forma integral.

Si se hace lo anterior, fácilmente se podrá establecer que el combate a la criminalidad no pasa necesariamente por el endurecimiento  de las penas o la elevación a la calidad de delitos de conductas que tiene  más una connotación moral o religiosa, solo con el afán de callar los clamores de la ciudadanía, sino que la misma requiere de una nueva visión sobre el mismo, que haga énfasis en la prevención y en el fortalecimiento de otras instituciones de carácter extrapenal tales como la familia y la escuela.

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