La Acción Penal

1.-ENSAYO

Tema: La Acción Penal

INTRODUCCIÓN

La acción en el proceso penal, comprende el conducto o medio que permite poner en marcha la actuación del órgano jurisdiccional competente, para juzgar y resolver cuestiones relacionadas a la comisión de delitos y la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por el Derecho Sustantivo. Como tal, puede ejercerse de dos formas distintas, ya sea como acción particular o acción pública, entendiéndose a la primera como, aquella que ejercen las personas como una garantía jurídica, al verse perjudicados por un delito o falto, cometido en contra de su persona o bienes, y la segunda como una obligación propia del Estado, como parte de la órbita de su actividad estatal.

LA ACCIÓN PENAL

El término “Acción Penal” ha sido objeto de variadas polémicas respecto a su naturaleza jurídica, pues mientras que, algunos juristas sostienen que es una facultad del Ministerio Público, otros la establecen como un deber jurídico del necesario para la correcta administración de justicia, de acuerdo con las formalidades que el proceso exige, no obstante, con las reformas en materia penal realizadas en 2008, la facultad de ejercitar la acción penal, antes exclusiva del Ministerio Público, se confirió también a los particulares, pero únicamente en los casos y condiciones que la propia ley determina. Por otro lado, la primera parte del artículo dieciséis constitucional, establece la prohibición de la “Venganza privada”, otorgando el derecho a las personas, para acudir ante los tribunales y solicitar la justa e imparcial administración de justicia.

La acción penal nace a partir de la comisión de un delito, por ende, supone un castigo o pena para cualquier persona que comete dicho acto delictivo, en tal sentido, el Estado asigna al Ministerio Público como una institución encargada de conducir la investigación, coordinar a las fuerzas policiales y a los servicios periciales para ordenar las diligencias pertinentes y útiles que determinen o no, la existencia del delito y la responsabilidad del imputado en su comisión, por su parte, la aplicación de las penas, corresponde solo a las autoridades judiciales. Respecto a lo anterior, dentro del conjunto de obligaciones que posee dicha institución, se encuentra la obligación de realizar las acciones necesarias, para proveer el auxilio a las víctimas u ofendidos, testigos, jueces, magistrados, policías, peritos y en general, todos los sujetos que intervienen en el proceso, cuya vida e integridad corporal se encuentren en riesgo inminente. Ahora bien, debido al citado monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público, éste puede adoptar varias posiciones: en primer lugar, está facultado para negarse a ejercitar la acción penal, cuando los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito; o pudiendo serlo, resulte imposible la prueba de su existencia, o bien cuando la propia acción sea extinguida legalmente.

La acción penal particular se confiere a las personas en su calidad de víctima u ofendido, únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de libertad o cuya punibilidad máxima no exceda los tres años de prisión. Conforme a lo anterior, la víctima puede acudir directamente ante el juez de control, siempre y cuando aporte los datos probatorios que sustenten su acción, sin la necesidad de que el Ministerio Público intervenga, sin embargo, cuando en razón de la investigación del delito, no sea necesaria la realización de actos de molestia que requieran el control judicial, ésta deberá acudir con el Ministerio Público, para que el mismo continúe con la investigación o en su caso, decida sobre el ejercicio de la acción penal.

El ejercicio de la acción penal, y más precisamente, la evolución de la función represiva, transcurre en diferentes períodos, que integran la evolución de las ideas penales, comenzando con la “Venganza privada”, característica de la época

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