La Educación Pública En Chile

LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN CHILE

JUAN CARLOS NORAMBUENA PINOCHET

MAGÍSTER EN POLÍTICA Y GESTIÓN EDUCATIVA

INTRODUCCIÓN.

Cada vez que nos referimos al concepto de educación pública en Chile, de manera espontánea surge la duda respecto a lo que realmente se entiende bajo esta denominación, considerando la realidad diversa y opuesta que atraviesa nuestra educación, desde que se entrega su administración a los municipios a comienzo de los años ochenta, generándose de forma paralela un insipiente mercado, ideal para los capitalistas interesados en invertir e incrementar sus ganancias, sin interesar siquiera la calidad del servicio educativo impartido.

A lo anterior se agrega el rol facilitador y autodestructor del Estado, en el sentido que proporciona todas las herramientas económicas y jurídicas necesarias para que los privados se instalen como su propia competencia, con todas las facilidades y garantías que podamos imaginar, por parte del Estado, situación que va en desmedro de la compleja situación que se vive en la educación administrada por los municipios del país.

Así observamos como paulatinamente se mercantiliza la educación pública, y lo peor de todo es que se ha blindado a los establecimientos de dependencia particular subvencionada, quienes además de percibir aportes del Estado, pueden cobrar un arancel a los apoderados que matriculan a sus hijos es esas escuelas y/o colegios, situación que nuevamente va en desmedro de la educación municipal. De esa forma se fue relegando a la educación municipal al cuarto más cercano al precipicio, inyectándole día a día componentes de debilidad que la han posicionado en el sitial que ocupa en la actualmente.

Por estas situaciones, se ha generado un intenso debate respecto al servicio educativo, que a través de sus prestadores, provee el Estado de Chile, ante lo cual se observa en el tiempo, un creciente desprestigio y desconfianza progresiva sobre la educación municipal , y luego respecto a los profesores y muchos de los establecimientos que reciben aportes de Estado, debido a sus resultados deficientes, cuyas causas, veremos más adelante.

EDUCACIÓN PÚBLICA EN CHILE A PARTIR DE LA MUNICIPALIZACIÓN.

Si bien es cierto, la municipalización significó una importante descongestión en el nivel central durante el complejo escenario político, económico y social que afrontaba el país al momento de implementar dicha medida , además de constituirse en un sello de descentralización, lo que de cierta manera se presentaba como una buena noticia, no significó más que complicación en un principio, y posteriormente, una permanente angustia para la mayoría de los municipios, a quienes se les confiere la responsabilidad de gestión administrativa y académica, de un bien social tan determinante como la educación, aun cuando las autoridades jamás se detuvieron a analizar el perjuicio realizado a la nación bajo esta modalidad, tomando en cuenta la inexperiencia de las municipalidades en cuanto a lo que se refiere a educación, en términos administrativos, situación que se explica, por ejemplo, a partir de los constantes desajustes presupuestarios en gran parte de las comunas del país, que deben realizar el permanente ejercicio de desviar recursos que inicialmente tienen un destino dentro de las diversas áreas que están bajo su responsabilidad, y posteriormente, producto de las necesidades emergentes terminan siendo gastados en otras prioridades.

Es así como al revisar la cuenta pública de diversos municipios a lo largo y ancho de nuestro país, se puede observar el déficit presupuestario en el área educación, y en suma de su presupuesto en general, situación que supone lo inconveniente de agrupar tantas labores administrativas de relevancia social, bajo el alero de una sola institución como ocurre con los municipios, que deben encargarse, además de la educación, de administrar y ejecutar otras tantas acciones como el aseo y ornato, luminarias, estado de calles, y a ello le agregamos recintos deportivos y salud.

En otras palabras El Ministerio abandonó sus antiguas funciones relacionadas con el financiamiento, la gestión y la vigilancia pedagógica, y se quedó solamente con tareas relacionadas con el control y la evaluación de programas y proyectos.

Lo peor de esta problemática es que siendo posibilitada por la dictadura, los gobiernos concertacionistas nada hicieron por modificar dicha estructura. Es más, durante la administración del entonces presidente Ricardo Lagos, se sostiene que hacia 2012, y gracias a ese modelo, la prácticamente solucionada la problemática de la cobertura educacional en la Educación Superior, avalando de forma absoluta la lógica capitalista que denosta de manera permanente a la educación municipal.

A pesar de la evidente crisis, se impulsan transformaciones que no hacen más que radicalizar y profundizar la privatización del sistema, por medio de medidas ‘nuevas’, que más bien son ajustes al interior del sistema privatizado o bien, la radicalización de éste, resguardando de este modo los imperativos liberales de la elección individual y la competencia. Quien entrega calidad, prestigio etc., ‘gana’ la ‘competencia’ y capta el recurso económico.

Posteriormente, la educación pública se articula en torno al concepto de ‘calidad’, empleando para ello diversas estrategias. La primera es “mejorar” las condiciones de trabajo de los y las docentes orientadas a una flexibilidad laboral, para lo cual se presenta la Ley 20.501, que modifica el Estatuto Docente. Junto a ella, está la Ley 20.529, que crea la Agencia de Calidad y la Superintendencia, entidades encargadas de velar por la calidad de la educación.

Por otro lado, está la ley 20.550 que aumenta en 21% la subvención escolar preferencial (Ley SEP). Pero sin lugar a dudas, el proyecto que concita mayores expectativas y debates es el de la desmunicipalización, que se vierte en un proyecto ampliamente debatido y cuestionado que tiene como objetivo central cambiar la institucionalidad de la educación pública.

Es dicha materia, el asunto central del presente análisis que pasamos a detallar en el siguiente apartado, de manera de comprender cabalmente sus motivaciones, objetivos y fundamentos.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE DESMUNICIPALIZACIÓN.

Los problemas que enfrenta la educación pública chilena son numerosos, y no pasan exclusivamente por la falta de voluntad de los alcaldes, la incompetencia de algunos municipios, o a la sola carencia de recursos. De manera simple, la crisis de la educación pública tiene sus raíces muy bien definidas, entre ellas el tipo de regulaciones de parte del Estado, que otorgan condiciones muy ventajosas a los establecimientos particulares subvencionados, haciendo que la educación pública enfrente una virtual “competencia desleal” El Chile que se viene, R. Lagos y O. Landerretche, ed., F. Democracia y Desarrollo y Ed. Catalonia, 2011, 99-112.

Otra razón del problema obedece, al diseño institucional que posee la educación administrada por los municipios, que se considera bastante limitado, primero, para responsabilizarse por la educación, y luego la falta de incentivos para los alcaldes, que implicaran ubicar a la educación en un sitial prioritario de su actividad.

Cabe agregar que los recursos financieros no son los adecuados, para una eficiente mantención del sistema local, que carece de regulaciones en aspectos como lo laboral. Si bien existen en lo teórico, en lo concreto, a modo de ejemplo, tenemos un alto porcentaje de municipios que sobrepasan con creces el 20 % permitido de su personal docente a contrata, y la justificación lógica es: “no tenemos recursos para llamar a Concurso Público”, situación que provoca una incertidumbre permanente en quienes deben realizar sus máximos esfuerzos en el aula por sacar adelante el gran desafío de la superación de sus alumnos. ¿Será posible desempeñar un rol destacado como docente, si ni siquiera le proporcionan una mínima garantía de estabilidad laboral que le permita proyectarse como persona?.Dicho escenario es altamente complejo, pero muy recurrente.

Un elemento que conviene incorporar en el presente análisis es que la municipalización de la educación, en ningún momento ha sido respaldada por la ciudadanía (Encuesta del Centro de Estudios Públicos de 2006, sólo el 8% de los chilenos se manifestó de acuerdo con que los municipios administren la educación pública) y la educación municipal enfrenta un severo desprestigio social, elementos ambos que en un sistema de libre elección de establecimientos son potencialmente destructivos para la educación pública.

Ante el escenario crítico que se ha descrito, una vez más el Estado asume una postura visionaria, en la que plantea un sistema mixto en donde el sostenedor deja de ser el municipio y su función pasa a las Agencias Públicas de Educación Local, que administrarán el servicio educativo del Estado en todas las comunas cuyos alumnos no hayan alcanzado los estándares mínimos de calidad.

Las agencias serán personas jurídicas de derecho público, autónomas y con patrimonio propio. El paso de la administración de las municipalidades a las agencias no implica un cambio brusco, sino más bien gradual y será iniciado desde regiones. De acuerdo a lo planificado, el proceso en su totalidad debiese estar implementado en 5 años, desde la fecha de aprobación del proyecto.

En todo caso, esta preocupación del Estado por fortalecer la educación pública, y su proyecto de desmunicipalización continúa en la línea de des-responsabilidad,

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