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La Extracción Ilegal En Colombia Y En El Departamento Del Cesar


Enviado por   •  20 de Agosto de 2014  •  2.176 Palabras (9 Páginas)  •  243 Visitas

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La extracción ilegal en Colombia y en el departamento del cesar

La minería es “la obtención selectiva de varios minerales y otros materiales de la corteza terrestre”. Es una actividad que provee y abastece de materia prima a todas las industrias, por lo que resulta ser muy necesaria para el desarrollo de nuestra población y directamente sobre todos los países donde hoy en día se ejerce. De hecho, se podría decir que es la base de la cadena productiva.

Muchas veces escuchamos o vemos distintas campañas que reflejan todo lo negativo de esta actividad. Sin embargo, hay que ser muy precavidos, ya que la minería bien trabajada genera más aspectos positivos que negativos en una región como opciones de trabajo para la población del lugar, nuevas tecnologías, desarrollo en vías e infraestructura.

la minería es una actividad que modifica o altera el ambiente, Esto es una verdad que no merece objeciones. El tema central es que este ejercicio lícito o ilícito tiende a “modificar o alterar” el ambiente, no les habilita para la realización de un daño a los ecosistemas y a la diversidad.

Esta actividad se debe realizar teniendo en cuenta las siguientes pautas ambientales llamadas EIA, se debe encuadrar dentro de un concepto sustentable y de la mano con el planeta.

• Establecer las condiciones ambientales existentes.

• Identificar anticipadamente los tipos de impactos, utilizando las metodologías más

apropiados al tipo de proyecto y a su naturaleza.

• Estimar la extensión y magnitud de los impactos previstos.

• Interpretar el significado de los impactos.

• Comunicar los resultados a la autoridad pertinente.

Estos son los aspectos mínimos que una empresa debe tener en cuenta para tratar de aspirar a que le otorguen una autorización para iniciar una explotación legal minera. No obstante esta guía consigna los elementos fundamentales requeridos para cumplir con un

EIA, el responsable de su preparación debe revisar los Decretos Supremos anteriormente

mencionados para absolver cualquier duda en cuanto al contenido requerido en estos estudios.

En este sentido, cada país tiene unos “presupuestos mínimos” que la actividad minera debe obedecer. Son límites que se imponen para proteger al ambiente. Además, por este efecto modificador que impone la minería sobre el medio ambiente, esta actividad (y todas) debe realizar un informe de impacto medioambiental y, según los resultados de este informe, la actividad podrá proseguir o no. en nuestro país este informe es realizado por un inspector una vez por año en cada mina registrada, este inspector tiene que estar avaluado por entidades gubernamentales.

El IDEAM, Se encarga del levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país, así como de establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el territorio de la nación.

El diseño de la política minera del país, su aplicación y desarrollo normativo en medio de la tolerancia de las autoridades territoriales, la desnaturalización y baja capacidad de la institucionalidad minera y ambiental, son factores que junto a las condiciones y características regionales, han propiciado en gran medida la actividad minera ilegal, dejando tras de sí un panorama poco alentador hacia el futuro si no se corrige el rumbo".

La minería ilegal en Colombia, consiste en el incumplimiento de las normas o leyes establecidas por el estado colombiano, para la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables del subsuelo, lo que genera directamente el impacto ambiental, social, económico; sin tener en cuenta los factores de seguridad en el desarrollo de una explotación minera, basándose en los artículos 277 y 278 de la constitución política de Colombia, el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las funciones de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, de igual manera el proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo que tiene que defender los intereses de la sociedad, Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente y velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.

De esta forma nos muestra como el delegado tiene que ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.

Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.

Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.

Una de las acciones es desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas:

Infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo y emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial.

La problemática de la ilegalidad minera en los últimos tiempos representa una preocupación sectorial de primer orden, debido a que la minería pasó a convertirse en una actividad de gran importancia en la economía nacional, en la medida en que los mercados internacionales han estado llegando al país para generar empresas en el ámbito minero, en particular de oro y carbón, se a tornado muy atractivo por la demanda y el precio. La importancia dada a la minería es tan significativa, que el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 - “Prosperidad para todos”, la identifica como una de las Locomotoras de crecimiento por lo que este representa en la región donde llega, proyectando para 2014 una producción 72 toneladas por año de oro y 124 Millones de toneladas al año de carbón. por las cuales las empresas tienen que pagar unas regalías que hoy en día son distribuidas a nivel nacional para el desarrollo del país.

la minería en Colombia, según la contraloría en un famoso articulo, dice que el país ha desconocido durante años el grado de ilegalidad minera existente. Es así como el censo realizado por Minercol en el año 2000 indicó la existencia de una ilegalidad de 36%, frente a un 70% estimado por la OIT en 1999. En el reciente Censo Minero Departamental Colombiano 2010 – 2011, realizado por el Ministerio de Minas y Energía y recientemente publicado, surgieron nuevas cifras que indican que la ilegalidad minera del

país sería del orden de 63%. La ilegalidad minera se encuentra reflejada fundamentalmente en unidades de explotación más pequeñas. El censo muestra que de las 10.384 minas más pequeñas reseñadas (menos de

6 trabajadores) el 65,6% es ilegal (6.812 unidades).Con lo cual se trata de presentar un análisis minero en dos casos en la minería ilegal, que a sido muy importantes en los últimos tiempos para nuestra nación.

Desde un principio la minería nunca se formalizó ni se organizó en Colombia, lo que condujo a una manifiesta ilegal, que es el gran drama de esta industria extractiva fundamental para el desarrollo de la nación.

Es por esta razón que la ilegalidad minera en Colombia tiene un alto porcentaje representando un 63% el cual ha venido causando un enorme impacto negativo al medio ambiente, como es el caso en el departamento del Cesar. En su lucha por combatir la minería ilegal en el municipio, la administración departamental encontró en predios del Rio Cesar, un frente de trabajo de donde se estaba extrayendo material de arrastre sin licencia ni título.

Funcionarios de la Secretaría Departamental de Minas, mediante el programa Vigilancia y Veeduría a las Explotaciones Mineras, realizaron inspección a las labores de explotación llevadas a cabo en el río Cesar, encontrando que, de forma ilegal, se está llevando a cabo la explotación de material de construcción en llanura aluvial, actividad que es desarrollada con maquinaria pesada, la cual no cuenta con título minero ni licencia ambiental.

Las Explotaciones Mineras en el departamento que adelanta Secretaría de Minas y el gobierno Monsalvo Gnecco encontró que en un frente de explotación de arenas y gravas, se han extraído de forma ilegal, aproximadamente 40.000 metros cúbicos de material de construcción en el último mes, los cuales, según lo manifestó el explotador, son suministrados y comercializados al Consorcio CONSOL. En un recorrido por los municipios de San Alberto, San Martin, Rio de Oro, Aguachica, Gamarra, La Gloria y Pelaya, se detectó que de la quebrada Besotes del municipio de Aguachica se está extrayendo el material de arrastre con maquinaria pesada que transporta la carga por el cauce de la quebrada.

Según el Secretario de Minas, Orlando Saavedra Zuleta, esta extracción afecta las condiciones geomorfológicas de la fuente hídrica, máxime cuando se está haciendo sin título minero y sin licencia ambiental.

Una vez detectadas la irregularidad, la sectorial departamental cursó copia del informe a las autoridades competentes. La Procuraduría Ambiental y Agraria, las alcaldías municipales y a la Agencia Nacional de Minería, quienes tomarán los correctivos del caso. La Secretaria de Minas del Departamento cuya misión es velar por el aprovechamiento racional y responsable de los recursos naturales renovable de la jurisdicción, implementó el programa “Vigilancia y Veeduría a las Explotaciones Mineras del Departamento”, mediante el cual se viene haciendo inspección en los diferentes municipios del Cesar.

Otro caso similar se había encontrado en el río Besotes, municipio de Aguachica, de donde era extraído material de arrastre por particulares y comercializado a una firma constructora de la zona.

La finalidad de la administración Monsalvo Gnecco es garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y el gasto de oferta ambiental o desarrollo sostenible, para lo cual estima necesario empoderar el control del aprovechamiento y la explotación de recursos, y responsabilizar a los particulares por los abusos que cometen en esta materia.

Lo anterior en concordancia con las políticas impartidas por el Gobierno Nacional para combatir la minería ilegal. De ahí que la administración departamental ha considerado necesario implementar el programa de vigilancia y veeduría a las actividades mineras en el Cesar, a fin de garantizar el aprovechamiento racional, técnico, legal, seguro, rentable y ambientalmente sostenible de los recursos naturales no renovables

Un ejemplo claro de las consecuencias ambientales seria, el río Acacias, en el Meta, quien se está viendo afectado por manos inescrupulosas, quienes para sacar material de arrastre a su paso por San Carlos de Guaroa, los propietarios de esta catástrofe, sin permiso ambiental, ahora, enfrentan un proceso penal que los puede llevar a una pena de entre 4 y 9 años de cárcel por el delito de daño ambiental y entre 2 y 5 años por minería ilegal.

Este tipo de minería que se está realizando en el centro del país, está afectando directamente el paisaje del sector, la diversidad de fauna y los animales que por naturalidad del ecosistema viven en el, estas personas sin ninguna autorización están realizando procesos directos de extracción y transportación de minerales para bienes comunes, sin pagar ninguna clase de regalías y sin permisos legales que los defiendan.

La operación hizo parte de un plan de la Policía del Meta denominado Estrategia de Intervención Integral contra la Minería Ilegal, con el fin de proteger los recursos naturales y evitar que la extracción irregular se convierta en el departamento en fuente de financiación de las Farc y de las bandas criminales.

En medio de esta misión, la Policía ha detectado que hay cuatro ríos en el Meta afectados por la minería ilegal. La afectación recae sobre los ríos Güejar, a su paso por Vista Hermosa; el Ariari, entre Cubarral y El Dorado; el Guayuriba, en Puerto López, y el Guamal, en Guamal.

De esta manera podemos ver claramente como la minería ilegal que afecta directamente la economía de país y el medio ambiente, de esta forma a la población donde se desarrolla.

Nuestros dirigentes se han enfocado en terminar desde la raíz este tipo de minería al ponerle las leyes y exigir de manera oportuna un planteamiento de reconstrucción del ecosistema y planeación de explotación, para de esta manera garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos que la minería legal genera al país, para organizar planes a nivel regional aprovechando los recursos generados por las minas y los impuestos requeridos por la nación a estas, impuestos llamados regalías que hoy se distribuyen a toda la nación, estas regalías las compañías entregan al Estado entre el 8% y el 25% del valor de la producción, dineros que le entran a la economía del país sin esta realizar ningún esfuerzo, por ende es el más interesado en legalizar todas las extracciones de mineral para destinar estos dineros al desarrollo social y cultural, para generar un mejor estilo de vida a toda la nación.

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