La discapacidad en Argentina representa hoy un importante tema dentro de la salud pública y privada

INTRODUCCIÓN

 La discapacidad en Argentina representa hoy un importante tema dentro de la salud pública y privada. Actualmente, atendemos a un cambio de paradigma en lo que respecta a esta temática. ¿Cuál es la naturaleza de este cambio en la manera de entender la discapacidad, y por ende a las personas con discapacidad? La migración de una concepción basada en un enfoque médico o vinculado a la beneficencia para pasar a la adopción de un punto de vista que enfoca la discapacidad desde la óptica de los Derechos Humanos. En el plano mundial, se ha producido este cambio de perspectiva, pues ya no es el enfoque centrado en la salud o en la caridad sino que son los Derechos Humanos desde donde se parte a la hora de analizar la discapacidad. Esto tiene como punto de anclaje el considerar sujetos, y no objetos, a las personas con discapacidad. Según la OMS (Organización Mundial de Salud), la Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para formar parte en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Entonces, la documentación médica es el medio por el cual se da testimonio de la realización de una actividad médica, siendo el Certificado Médico un documento declarativo en cuanto al contenido, y que debe ser expresado por escrito en un elemento durable. De acuerdo a su naturaleza jurídica un 4 certificado es un testimonio escrito realizado, comprobado y ejecutado por quien ha intervenido en el hecho que describe. La Ley de Ejercicios de la Medicina n° 17.132 considera en su artículo 19 la extensión de los certificados como una de las “Obligaciones de los Médicos”; por otro lado, el Certificado Médico Falso, contenido en el Código Penal, constituye una figura delictiva denominada “Falsificación de Documento”, que se contempla en el artículo 296. Finalmente, el Certificado de Discapacidad tiene la categoría de Certificado Oficial, ya que responde a la condición de extenderse para dar cumplimiento a disposiciones legales que lo exigen ya que en nuestro país la acreditación de la discapacidad para acceder a los derechos y beneficios incluidos en las normas se realiza mediante su certificación. En el presente trabajo, se intentará dar cuenta, principalmente de las cuestiones normativas de la discapacidad en la República Argentina; comenzando con un recorrido por la historia ponderando los cambios y la amplitud del concepto de discapacidad, desde la Edad Media hasta nuestros días

La discapacidad en la Argentina 

En América Latina, los derechos de los discapacitados han merecido poca atención, excepto en la literatura específica donde continúan creciendo el derecho a la educación del niño discapacitado y estudios sobre el derecho al voto para la persona con discapacidad. La mayoría de las políticas nacionales sobre discapacidad están basadas en el Plan de Acción Mundial y en las Normas uniformes adaptadas por Naciones Unidas. Sin embargo, también la mayoría de los países en vías de desarrollo cuentan sólo con artículos en sus 17 constituciones contrarias a toda práctica discriminatoria, pero hay pocas legislaciones efectivas al respecto o medios para subsanarlos de manera útil. Las personas con discapacidad han llamado la atención de los legisladores desde comienzo del siglo XX, en la Argentina. En la América del Siglo XVI, las órdenes reales de Carlos V disponía la creación de una casa destinada a la atención de los enfermos indigentes. En 1605 se creó la primera organización de asistencia en la ciudad de Buenos Aires con el nombre de “Hospital de San Martín”. En 1784, éste comenzó a ser conocido bajo la denominación de Hospital de “Santa Catalina” destinado a la atención de personas con discapacidad mental, los cuales eran denominados con los nombres de “furiosos”, “deprimidos” y “tranquilos”, a los primeros si eran de alta clase social se los recluía en un convento y a los de clase baja se los alojaba en los calabozos del cabildo, a los “deprimidos”, se los atendía en su domicilio y a los “tranquilos”, los que eran clasificados como los “maniáticos” (autistas y maniáticos), los “sonsos” (deficientes mentales) que permanecían en sus hogares y los “graciosos” que alegraban la vía pública. Dentro del hospital “Santa Catalina” los “dementes y retrasados mentales” eran utilizados como sirvientes. En 1882, nuestro país participó en el primer Congreso Pedagógico Internacional, con un trabajo sobre la educación especial: “El sordomudo argentino, su instrucción y educación”. El 19 de abril de 1885, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 1666, se fundó así el Instituto Nacional del Sordomudo. Desde 1887 profesores de ciegos se dedicaron a la enseñanza en asilos de huérfanos, de lectura, escritura, aritmética, manualidades, piano y tornería a los varones. En esa época se inicia la formación ocupacional y laboral en la educación especial. En las escuelas de ciegos y sordos se montaron talleres de sastrería, carpintería, zapatería, etc. En 1892 nace el Patronato de la Infancia (PADELAI) que funciona hasta el día de hoy. En 1901 se inauguró en Buenos Aires una escuela para ciegos, mixta e 18 independiente donde se impartía educación elemental y conocimientos musicales. En 1902, se propuso a las autoridades la creación de “clases especiales” dentro de las escuelas comunes, para la atención de niños con dificultad de aprendizaje. En 1909, la escuela para ciegos inaugurada en 1901 en Buenos Aires se transformó en el Instituto Nacional de Ciegos, seguían con las mismas actividades pero en potencia y en 1912 se creó la primera imprenta de Sistema Braile anexa al Instituto Nacional de Ciegos. En 1942, el consejo Nacional de educación crea la primera escuela diferencial de Capital Federal en Buenos Aires. En 1956, una epidemia de poliomielitis azotó el país provocando altos índices de mortalidad y de movilidad en la población infantil, este hecho fue altamente significativo, dejó avances importantes que perduran hasta hoy. Se implementaron las primeras políticas sanitarias y primeros programas de rehabilitación y también se crearon las primeras instituciones oficiales como ser: El Servicio Nacional de Rehabilitación al Lisiado y se desarrollan mas plenamente otras que ya existían como por ejemplo ALPI (Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil). Durante el transcurso del verano del año 1956 el país se vio conmocionado por la expansión y la virulencia de la Poliomielitis, enfermedad infecciosa altamente contagiosa también conocida como Parálisis Infantil. La misma se extendía a lo largo de todo el país a excepción de algunas provincias como Santa Cruz y el por entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, afectando alrededor de 6.000 niños con severo compromiso motriz y respiratorio. La polio había tenido un brote bastante importante en nuestro país en el año 1943, pero nunca había alcanzado el nivel de mortalidad y afección discapacitante alcanzado en el ‘56. la enfermedad fue que afectó principalmente a la población comprendida ente 1 y 15 años. Una de sus características era que en los niños más pequeños cursaba con menos 19 consecuencias, como es en el caso de los bebés, donde prácticamente no registraba síntomas a la vez que los inmunizaba contra la misma. No obstante las graves secuelas se presentaron en los niños de edad más avanzada. Afectó a todas las capas sociales pero principalmente a las clases media y alta. Al intentar investigar las causas sobre esta forma particular de distribución de la enfermedad, se llegó a la conclusión que las clases bajas efectivamente se contagiaban de poliomielitis pero a edades muy prematuras, dándose consecuentemente su inmunización. Las clases media y alta por el contrario no tenía en general situaciones de contacto con la enfermedad sino hasta edades avanzadas por lo cual su efecto fue mucho más virulento. Se contó con ayuda internacional, especialmente por parte de especialistas estadounidenses y europeos. La necesidad de contar con elementos terapéuticos y de rehabilitación implicó el desarrollo de áreas específicas para dicha tarea como el Servicio Nacional de Rehabilitación. En tal sentido el avance de la epidemia implicó una reestructuración de los sistemas de salud. Era lógico entonces, que los primeros médicos preocupados por la rehabilitación fueran ortopedistas, debido a la necesidad de tratar las secuelas musculoesqueléticas que casi siempre terminaban en deformaciones de resolución quirúrgica. Ellos fueron los iniciadores de la rehabilitación en casi todos los países. La rehabilitación, tal y como se practicó durante la segunda Guerra Mundial, recibió su mayor impulso de la medicina física. La fisioterapia, ejercicios, kinesiología, electroterapia, deportes y recreación fueron sus pilares. Más tarde la terapia ocupacional, del lenguaje, el consejo vocacional y la ayuda social se tornaron imprescindibles. Por último se agregó la psicología para atender los problemas emocionales. En mayo de 1984, se registró el último caso de poliomielitis por lo cual a partir de ese año se consideró erradicada del territorio nacional. En 1981, se sancionó la Ley Nº 22.431 que tiene un amplio aspecto en materia de discapacidad, en ella legisla en sus diferentes capítulos sobre conceptos y calificación de discapacidad, servicio de asistencia, prevención en salud y 20 servicio de asistencia social, trabajo y educación, seguridad social, transporte y arquitectura diferenciada, esta legislación establece derechos para las personas con discapacidad. En el Marco Jurídico se creó un organismo de coordinación y asesoramiento a nivel del Poder Ejecutivo. Por el Decreto 110/87 se llevó a construir la actual Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS). En 1997 se sancionó la Ley 24.901: Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Esta ley viene a producir un cambio importante dentro del sistema prestacional, al asegurar la universalidad de la atención de las personas con discapacidad, mediante la integración de políticas y de recursos institucionales y económicos afectados a la temática encuentran múltiples iniciativas para la integración de los minusválidos, entre las que se ha mejorado notablemente su movilidad dentro del casco urbano, pero sin embargo no ha habido grandes avances en lo referente a su desarrollo social. En ese contexto, las políticas implementadas parecieran no ser efectivas. Es importante destacar las condiciones laborales, dado que aunque se otorgan subsidios económicos beneficiando a aquellas empresas que contratasen a un minusválido, tan sólo el 25% de los discapacitados en edad de trabajar se encuentra ocupado. Paradójicamente, esto se produce aún cuando la minusvalía fomente una capacidad distinta en los discapacitados, como ser el caso de los sordos, quienes son contratados en los bancos debido a su concentración. Este hecho se contrapone con el bajo índice de percepción de subsidios por parte de los individuos, el cual es menor al 10% indicando que al menos un 65% de la población activa discapacitada no cuenta con los medios para autoabastecerse. Cabe aclarar a este respecto que en las condiciones teóricas de mayor desarrollo laboral (30 años) menos del 40% alcanza estudios primarios. En base a lo anteriormente expuesto puede concluirse que en el transcurso de la historia las personas con algún tipo de discapacidad han sido usualmente maltratadas y en los casos en los que no se los maltrató es porque fueron 21 temidos. Sin embargo, puede inferirse entonces que, en líneas generales, fueron siempre discriminados por la sociedad en una manera mucho más extrema que en la actualidad, llegándose incluso al asesinato como medio de purificación racial. Puede deducirse asimismo que, a medida que las sociedades maduraron encontraron nuevos valores morales que les permitieron ir modificando su percepción de la discapacidad, primero segregada por miedo, luego por una supuesta inutilidad y, por último, sólo por el carácter de ser distinto. Se concluye, además, que en la actualidad estamos en un momento particular de la historia donde ya se alcanzaron la mayoría de las condiciones sociales básicas para la integración, pero se infiere también que en una sociedad moderna y ya afianzada debería encontrarse el camino para dar un siguiente paso en pos de su desarrollo como individuos. Una característica pareciera mantenerse en casi todos los casos y es que las minusvalías han encontrado su papel en la sociedad en cierta manera de acuerdo a la utilidad que podían tener para la misma. Es decir, al variar los ideales esperados, una misma persona considerada como para una sociedad dada puede dejar de ser vista como tal, siendo entonces que la discapacidad es un rótulo dependiente de la sociedad en la que se intente interactuar. Por último, es importante recalcar que en Argentina, donde el rol estatal no alcanza la eficiencia requerida, debe fomentarse en particular el desarrollo económico de los discapacitados, principalmente en aquellos asentados en las áreas metropolitanas, para posibilitar su inserción social.

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