La protección jurídica del patrimonio documental

La preocupación por la protección jurídica del patrimonio documental se ha visto acrecentada en los últimos años al comprobar la multiplicación y potencialidad de los procedimientos susceptibles de vulnerarlo, como son los medios técnicos de captación y transmisión de la imagen y del sonido, así como los de acumulación y procesamiento de la información.

El desarrollo jurídico de los archivos, se cualifica a partir de la Ley 47 del 30 de octubre de 1920, por medio de la cual se dictan normas sobre el patrimonio documental y artístico y sobre bibliotecas, museos y archivos.

Cabe destacar que de esta Ley los artículos 1° y 2° que establecen la prohibición de sacar del territorio de la nación papeles, documentos y objetos pertenecientes a los archivos, museos o bibliotecas, tanto públicos como privados, estableciendo para los archivos de propiedad privada que dichos documentos tengan interés histórico o sean de alguna importancia para el Estado.

Igualmente, se preceptúa la posibilidad de adquirir para la nación los documentos de reconocida importancia para la historia, el arte o la ciencia nacional, previo avalúo y dictamen favorable de la academia (Artículo 4°).

En el caso de los archivos públicos, se establece que el cuerpo consultivo del gobierno, en la organización y reglamentación de los mismos, será la Academia de Historia (Artículo 11).

Otros tópicos que regula la norma mencionada, tienen que ver con aspectos como:

a. La formación en archivos públicos de una sección especial de documentos que por su escasez, rareza o valor extraordinario, histórico, político, científico o artístico, puedan llamarse únicos, calificación otorgada por la respectiva academia y con aprobación del gobierno (Artículo 6).

Es importante resaltar que el enunciado anterior, es una aproximación a lo que debe considerarse como patrimonio documental histórico, pues en ella se establece unas connotaciones específicas que deben reunir dichos documentos para formar parte del patrimonio cultural de la Nación.

b.. Establece una reserva legal para los documentos que, a juicio de la Comisión de Relaciones Exteriores, el gobierno debe custodiar como reservados y restringir el uso de los mismos en términos generales (Art. 5°).

c.. Un procedimiento para la entrega formal por parte de todo agente diplomático del Archivo de la Nación.

En el año de 1959, mediante la expedición de la Ley 163 del 30 de diciembre, por medio de la cual se establece la defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y de los monumentos nacionales, nuevamente se legisla con relación al patrimonio documental de los archivos.

Material compilado por: Mary Luz López Hernández, Instructora de Archivística. SENA, Regional Antioquia. 2003

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Esta Ley contempla la penalización para quienes exporten clandestinamente archivos y documentos de los comprendidos en la Ley, decomisándolos

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