Ley Penal Del Ambiente

INFORME SOBRE LA LEY PENAL DEL AMBIENTE:

Nos encontramos ante un proceso de profundos cambios en lo social, político, económico, cultural y ambiental, para alcanzar un nuevo modelo de construcción de una estructura social incluyente, productiva, humanista, participativa y endógena, con base en los principios de justicia social, equidad y solidaridad siendo el fin último la suprema felicidad para cada ciudadano.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, establece las bases fundamentales de las políticas para la construcción de esa nueva estructura fundamental para el Estado, bajo una visión de democracia popular, participativa y protagónica, dirigidas al máximo bienestar de la población en un Estado social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos.

Uno de los aspectos sustantivos de la Carta Magna se sustenta en la protección de nuestros recursos naturales para las presentes y futuras generaciones y el ejercicio soberano de los mismos, estableciéndose a todo lo largo de su articulado la inclusión de la dimensión ambiental en todas las acciones de desarrollo, especialmente contiene un capítulo relativo a los derechos ambientales, de esta manera el constituyente privilegió el ambiente como un derecho humano fundamental, otorgándole una doble cualidad: un derecho-deber generacional individual y colectivo tanto del Estado como de la sociedad.

A raíz de la Constitución del año 1999, se hizo imperativo la actualización del ordenamiento jurídico ambiental, para adecuarlo a las nuevas realidades de país y, en este contexto, se han venido dictando instrumentos legales que desarrollan los principios constitucionales, en aras de consolidar una verdadera revolución socialista ambiental en un Estado democrático, tomando en cuenta los lineamientos del Plan Nacional Simón Bolívar.

Así, en adecuación al texto constitucional y las normas de rango legal que se han dictado, especialmente con fundamento en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Ambiente, fue promulgada la Ley Penal del Ambiente, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.913, de fecha 2 de mayo de 2012, que deroga la del año 1992, cuyo objeto es tipificar como delitos, los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente, imponer las sanciones penales y demás medidas precautelativas, y las disposiciones de carácter procesal derivadas de la especificidad de los asuntos ambientales. La misma entró en vigencia el 01 de agosto de 2012.

Entre sus innovaciones se encuentran: la responsabilidad penal objetiva, la disolución de la persona jurídica y el desmantelamiento de la instalación, establecimiento o construcción como nuevas sanciones penales principales, la responsabilidad solidaria de las personas jurídicas, la ejecución de servicios ambientales a favor de la comunidad afectada, así como la asistencia obligatoria a cursos, talleres o clases de educación y gestión ambiental como una de las sanciones accesorias, la prescripción de experticias por el lapso de 10 años

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