Multas Fiscales

CAPITULO TERCERO

LAS MULTAS FISCALES

1. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

El Poder Ejecutivo realiza un sinnúmero de actos administrativos que pueden ser

impugnables porque deben cumplir con ciertos requisitos que la Constitución establece,

la imposición de sanciones son actos administrativos de tipo coercitivo.

Acosta Romero define al acto administrativo como:

La manifestación unilateral de voluntad que expresa una resolución

o decisión de una autoridad administrativa competente en ejercicio

de la potestad pública. Esta decisión crea, reconoce, modifica,

trasmite y declara o extingue derechos u obligaciones, es

generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general.

Es el acto administrativo la existencia de una decisión unilateral

previa por parte del titular del órgano de la administración, o de la

ejecución de esa decisión con independencia del contenido y de la

forma que posteriormente adopte el acto, y de que, el mismo afecte

al sujeto pasivo y sea bilateral o multilateral; su origen es una

decisión unilateral, por ejemplo, el nombramiento de un Secretario

de Estado. La decisión de nombrar es del Jefe de Estado, y es

unilateral, aunque después el acto se convierta en bilateral, al

aceptar el nombramiento la persona designada.

Una vez adoptada la decisión unilateral, el paso siguiente es la

expresión externa de la voluntad que también se realiza

unilateralmente.

La decisión y la voluntad son del órgano administrativo competente

que actúa por medio de su titular y precisamente en uno de la

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potestad pública, lo que implica que el acto está fundado en

Derecho.

Como acto jurídico, implica que puede crear, modificar, transmitir,

reconocer o extinguir derechos u obligaciones; por tanto, puede

tener una, varias o todas la anteriores consecuencias.

Generalmente, la situación de derecho creada por el acto

administrativo es particular o concreta; sin embargo, ello no excluye

la posibilidad de que, en ciertas ocasiones, se cree situación

jurídica general o, en ciertos casos, una combinación de ambas.

Es generalmente ejecutivo, la doctrina administrativa expone que el acto administrativo tiene dos características: ejecutorio y ejecutivo.1

En relación con lo anterior se puede vincular la potestad sancionadora del

Ejecutivo con el concepto del acto administrativo, toda vez que tienen una esencia

similar. Es decir, el Ejecutivo es una autoridad administrativa ineludiblemente los actos

que realiza en uso de sus facultades son administrativas, a excepción de algunas

facultades sui generis de índole legislativas con que cuenta. El acto administrativo es

unilateral, exterior, fundado en derecho, particular o general y ejecutivo.

Todo acto de autoridad está supeditado a lo dispuesto por nuestra Constitución

Federal dentro de las garantías individuales para no mermar los derechos de los

contribuyentes.

El artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

1 Acosta Romero, Miguel. Compendio de Derecho Administrativo, 2 edición., Porrúa, México, 1998, pp. 394 y 397.

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Esta garantía constitucional exige una serie de requisitos que debe satisfacer el

acto administrativo cuando se dirija a los particulares, y tendrán que cumplirse por las

autoridades que lo emitan. El acto administrativo al destinarse a los particulares

ciertamente invade su esfera jurídica. Por ello, debe reunir los siguientes requisitos:

I. Ser emanado de una autoridad competente, es decir, con facultad legal para

ello;

II. Adoptar la forma escrita. Generalmente es mediante oficio en el que se

consignan las características del acto y sus límites, así como la

fundamentación y

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