Oscar Taffetani (APE)

Oscar Taffetani (APE)

En estos tiempos de láser y fibra óptica, cuando podemos enterarnos al instante, casi en tiempo real, de lo que está pasando en algún remoto confín del planeta globalizado (o del globo planetizado), se vuelve sospechosa la lentitud con que le llegan a la población ciertas noticias.

La denuncia del copamiento del pueblo chubutense de Corcovado, por ejemplo, realizado por efectivos enmascarados del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), ocurrido entre el 8 y el 16 de marzo de este año, cuando cerca de 3.000 pobladores de esa localidad fronteriza debieron vivir bajo un virtual estado de sitio, sufriendo agresiones, torturas, vejaciones, secuestros, fusilamientos y desapariciones, tardó dos meses en llegar a los medios masivos de Buenos Aires, motivando la intervención de las autoridades nacionales. ¡Dos meses!

Debió encadenarse a las rejas de un ministerio la dirigente mapuche Moira Millán, el pasado 10 de mayo, para que un funcionario del Gobierno la recibiera y decidiera tomar cartas en el asunto.

Luciano González, miembro de la comunidad de Cerro Centinela, vecina a Corcovado, que desoyó el toque de queda del GEOP, fue detenido y está desaparecido. También permanece desaparecido el prófugo de la justicia Cristian Omar Bustos, cuya búsqueda, aparentemente, fue la excusa para desatar la cacería.

Tres de los hermanos de Cristian Omar también sufrieron la embestida del GEOP: Wilson Ruperto, de 19 años y a punto de ser papá, fue fusilado a mansalva. Marcos Abrahán quedó cuadripléjico de un balazo. Daniel Ernesto fue herido en una pierna después de entregarse desarmado, y sigue detenido en una comisaría sin que pesen cargos en su contra.

No sólo la familia Bustos sufrió el atropello. Una niña de 8 años que se estaba duchando en una de las casas de Corcovado allanadas con violencia, fue abusada delante de su propia madre. A algunos de los detenidos clandestinamente, y luego liberados, se los torturó de brutales maneras que no merecen ser descriptas.

Las denuncias al Fiscal interviniente se acumularon, pero la agresión no se detuvo (ocurre que había sido el mismo Fiscal quien había solicitado la intervención del GEOP). El comisario general de la Policía de Chubut, Juan Luis Ale, desestimó las denuncias: “Fueron allanamientos hechos con orden judicial -dijo- y no consta que haya habido hechos de violencia”.

Moira Millán, cuando tuvo la oportunidad, se lo gritó en la cara al poder: “Torturas, violaciones y robos cometidos por policías en allanamientos violentos y sin órdenes. Detenciones sin razón y desapariciones. ¿Qué es eso sino terrorismo de Estado?”

Recuerdos del pre-Proceso

A principios de la década del ’70, como continuación de las luchas obreras manifestadas en el Cordobazo y el Viborazo, se renovaron las conducciones locales de grandes sindicatos como la UOM, el SMATA y Luz y Fuerza, dando espacio a las corrientes denominadas clasistas en el movimiento obrero argentino.

Un epicentro de aquellas luchas que estaban jaqueando a las patronales y que arrancaban al poder una mejor “distribución de la riqueza”, era la ciudad de Villa Constitución, cercana a San Nicolás, en un punto limítrofe entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

A fines de 1974, la tristemente célebre Triple A y grupos de tareas integrados por ex policías y ex miembros de fuerzas de seguridad, contratados

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