Plan Gobierno Santos

Gobierno Juan Manuel Santos. Locomotoras semi-descarriladas

Tras cuatro años de gobierno, y más allá de la propaganda y buenos deseos, la administración Santos deja resultados mínimos o mediocres en materia económica y todos los factores relacionados. La campaña electoral debería permitir un balance juicioso de estos aspectos, puntualizando lo positivo y lo negativo de lo ejecutado hasta ahora, indicándole con precisión al próximo gobierno qué y cómo proceder ante temas sustanciales para el país como la superación de la desigualdad social y el desastre ambiental potenciado por la minería.

La administración Santos no logró sincronizar las locomotoras. Desde su concepción, el Plan de Desarrollo –Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad– no propuso una secuencia causal que permitiera articular los objetivos de cada una de las locomotoras: i) innovación, ii) agricultura y desarrollo rural, iii) infraestructura de transporte, iv) desarrollo minero y expansión energética, v) vivienda y ciudades amables. Los resultados han sido muy asimétricos y, sobre todo, el gobierno nunca encontró el camino para unir las fuerzas de las locomotoras. Cada una avanzó por su lado. Un balance general muestra los siguientes resultados.

Innovación: resultado negativo. Colciencias no tuvo la capacidad para ejercer un liderazgo en la ciencia y la tecnología. Se pensó que destinando el 10% de las regalías para la ciencia y la tecnologías sería suficiente para dar un paso significativo hacia adelante. Las regalías anuales son 10 billones de pesos, así que para ciencia y tecnología habría 1 billón de pesos al año.

El Fondo de Ciencia y Tecnología, que administra las regalías correspondientes, tiene un error de diseño estructural, ya que obliga a las universidades y al mundo académico a definir proyectos que sean compatibles con las visiones estrechas y de corto plazo de los gobernantes locales. No tiene ningún sentido que las prioridades en el campo de la ciencia y la tecnología se deciden al interior de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), donde el peso de los mandatarios locales es determinante. Las complejidades administrativas relacionadas con los Ocad han tenido dos consecuencias. La primera es el poco nivel de ejecución de las regalías. Y la segunda es la dispersión de los recursos. Como los Ocad tratan de responder al mayor número de solicitudes, el resultado ha sido la dispersión de las regalías, sin que los proyectos le apunten a objetivos estratégicos.

Agricultura y desarrollo rural: resultado muy regular. El Plan de Desarrollo tiene la virtud de reconocer la importancia de las regiones y del territorio, pero el gobierno no está comprometido con la solución de los problemas del sector rural. La preocupación por recuperar la institucionalidad del sector es loable, pero las acciones tomado todavía son muy débiles frente al poder terrateniente y la concentración inaceptable de la propiedad. Los coeficientes de Gini –que miden la concentración– de la propiedad del suelo son escandalosos. El promedio para el país es 0.87, y esta situación no ha cambiado.

El gobierno, pese a todos sus anuncios, privilegia un desarrollo agrícola basado en los cultivos extensivos y la gran propiedad. Como se sabe, la pequeña y la mediana propiedad agropecuaria son rentables siempre y cuando tengan apoyo del Estado (asesoría técnica, vías, crédito, etc.).

Es urgente modernizar el Igac. El ordenamiento del territorio exige contar con información adecuada. En el sector rural los avalúos están desactualizados, y el valor catastral está muy lejos del comercial. El desorden de los avalúos no permite obtener recursos fiscales, obstaculiza el ordenamiento del territorio y, además, no permite incidir en los factores de producción. A los ricos no les conviene que el catastro esté actualizado, y el gobierno no toma decisiones radicales en este asunto que es crucial para agilizar el mercado de tierras y consolidar el desarrollo rural.

De manera adecuada, el Plan diferencia entre tres formas de equidad: intergeneracional, social y regional. Frente a la formulación no hay objeciones. El problema radica en la manera de su implementación. En el Plan de Desarrollo la equidad intergeneracional esta refiere a la protección del medio ambiente, de tal forma que la generación actual conserve los recursos naturales en favor de las generaciones futuras. En la realidad no hay avance en esta dirección, ya que la equidad intergeneracional se interpreta, de manera reducida, como incremento del ahorro financiero. El ministro Cárdenas optó por guardar todos los excedentes en bancos. Siguiendo esta lógica el país multiplicó sus divisas, mientras que las escuelas tienen pésima infraestructura, las vías no avanzan, los ríos prosiguen su contaminación, las cuencas se deterioran, etc.

En la actualidad Colombia tiene 41 mil millones de dólares de reservas, lo que representa el mayor volumen de la historia del país. El Banco de la República está colocando el 83% de las reservas en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esta decisión, que busca minimizar el riesgo, es muy poco rentable. El rendimiento de los bonos del Tesoro en el corto plazo es de 0.25% anual, y en el largo plazo (10 años) crece al 2.3% anual.

Los modelos econométricos que estiman el nivel óptimo de reservas pueden dar resultados que varían entre 20 y 35 mil millones de dólares, dependiendo de los supuestos proyectados sobre los factores de riesgo. De acuerdo con estos cálculos y suponiendo un riesgo alto, es razonable afirmar que el nivel óptimo de reservas equivale a 30 mil millones de dólares. En tal caso todavía quedarían 11 mil millones que se podrían invertir en mejorar la infraestructura y el medio ambiente. Con estos recursos podrían hacerse 15 aeropuertos como El Dorado, 18 túneles de La Línea... Y este tipo de gasto tiene dos ventajas. Primero, es conveniente para la generación actual que puede disfrutar de estos bienes y, segundo, le deja un legado valioso a las generaciones futuras.

En Colombia estamos en mora de abrir un gran debate sobre cuál debería ser el manejo óptimo de las reservas. Es evidente que el país debe tener un nivel razonable de éstas, pero no tiene sentido que cuando abundan las reservas, todos los excedentes se coloquen en bonos de baja rentabilidad, en lugar de utilizar una parte de estos recursos en el desarrollo de la infraestructura, la protección ambiental, y el mejoramiento de la calidad de vida.

En el Plan de Desarrollo la equidad social, se relaciona con la disminución de la pobreza

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