Politica Comunicacional Del Estado

La Democracia es en sí misma y por definición un concepto incluyente. La democracia es para todos a través de la adecuada gestión del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia y de la profundización de su aplicación. En una concepción menos abstracta que el Socialismo del siglo XXI para el cual, sin embargo podría constituir un excelente e indispensable puente de conexión. El Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia es un concepto surgido dentro de la socialdemocracia alemana en la década de los años veinte del siglo pasado que se opone diametralmente al concepto clásico de la Democracia Liberal Burguesa decimonónica y, a lo que, en fechas más recientes, se ha dado en denominar neoliberalismo. Constituye un concepto complejo que integra legalidad, justicia, política, sociedad y economía que parte de la intervención del Estado en todos los ámbitos para la construcción de la equidad, la inclusión, la justicia, la igualdad, la representación genuina, la participación y el protagonismo. El desarrollo cabal y profundo del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia representa la concreción de la democracia plena, con contenido, con pueblo y cargada de acciones, reales y efectivas, políticas, sociales y económicas. El Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia como concepto posee mayor complejidad y permanencia que los Estados Democráticos de Bienestar surgidos en algunas democracias occidentales como respuesta frente coyuntural a la gran depresión iniciada en 1929 como el Welfare State británico y francés y el New Deal norteamericano que pudiera parecer que se reedita frente a la crisis del capitalismo mundial en el momento actual. (Brewer, 1994)

El Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia se concreta, por ejemplo, en la Constitución española post franquista y en la práctica en la acción de muchos Estados europeos como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Austria, entre otros. En Venezuela la praxis del estado venezolano derivado de la constitución nacional de 1961, sin declararlo explícitamente, correspondió con un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia en una versión ineficiente, ineficaz, inacabada e incompleta; demostrado en las importantes realizaciones de la llamada cuarta república, pero también en las carencias y aspiraciones insatisfechas que se encontraban aún cuando termina la vigencia de la constitución de 1961 y en la acción errática de algunos de sus gobiernos que por momentos hicieron retroceder las importantes conquistas logradas en diferentes ámbitos. En la Constitución Nacional de 1999 se consagra ampliamente el concepto de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia lo cual compromete toda la acción estatal en relación con esa definición.

El Estado venezolano con su acción, garantiza la seguridad en sentido amplio, la legalidad, la equidad y la justicia; el respeto al ejercicio democrático permanente, la participación política, el equilibrio y complementariedad de los poderes públicos, la representatividad efectiva y la participación en general y el protagonismo popular, entendiendo que pueblo somos todos. Garantiza Educación no sólo porque tiene gran cantidad de planteles oficiales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, sino porque la educación que se imparte en todos los centros es de calidad, regulada y supervisada por el Estado como Estado Docente conforme a un conjunto de principios generales dictados por él que promueven la formación de verdaderos demócratas, ciudadanos y republicanos; con énfasis especial en la democratización de la cultura. Garantiza el acceso a la salud, la recreación no sólo prestando él directamente los servicios que deben ser eficientes y de calidad sino comprometiendo la participación de los sectores privados además de los planes asistenciales especiales que se ejecutan en la actualidad. Fomenta la economía pública y privada para la generación de riqueza permanente, con niveles de ganancias razonables, que generan empleo más allá de las medidas de inamovilidad laboral, que promueven salarios justos, seguridad social y respeto absoluto para los ciudadanos como empleados, trabajadores, usuarios y consumidores. Un Estado que reconoce y garantiza al sector privado de la economía, que participa en la dinámica económica a través de empresas mixtas y que se reserva con exclusividad áreas estratégicas económicas. Que es garante de la prestación de servicios públicos óptimos para toda la población (electricidad, teléfono, agua potable, aguas tratadas, vialidad, vivienda, transporte público, etc) estrictamente regulado, supervisado y controlado por el Estado. Una acción estatal que promueve un sistema de seguridad social integral, solidario, cooperativo y participativo donde trabajadores, empleados, Estado, patronos públicos y privados participan,

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